(Por Walter Onorato) El relato oficialista, respaldado por supuestos datos del Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), celebra con bombos y platillos la supuesta hazaña de haber alcanzado “superávits gemelos” en 2024, es decir, un resultado financiero positivo acompañado de un superávit comercial. Sin embargo, detrás de esta narrativa de éxito económico se esconde una realidad mucho más cruda: lo que algunos llaman «orden fiscal» no es más que el producto de un brutal ajuste que empobrece a la sociedad, paraliza la economía y desmantela el Estado.
Este artículo se propone desmontar el mito del milagro económico de Javier Milei, demostrando que estos “logros” son en realidad los síntomas de un país en crisis, sostenido a costa del hambre, el desempleo y la destrucción de su tejido productivo.
1. El superávit fiscal: cuando el ajuste se disfraza de virtud
El gobierno celebra un superávit fiscal primario de más de $13.700 millones y un superávit financiero superior a $2.700 millones, cifras que, a primera vista, podrían parecer alentadoras. Sin embargo, la pregunta que debería guiar cualquier análisis serio es: ¿a qué costo se alcanzaron estos resultados?
La respuesta es simple: ajuste brutal. El informe señala sin tapujos que el gasto primario se contrajo un 27% en términos reales, mientras que los ingresos cayeron un 5,6%. En otras palabras, el “orden” de las cuentas públicas no se debe a una mayor eficiencia ni a un crecimiento económico, sino a un recorte despiadado del gasto público que golpea directamente a la población.
La reducción del gasto de capital en un 77% respecto al año anterior evidencia el virtual desmantelamiento de la obra pública. Esto significa menos hospitales, menos escuelas, menos infraestructura para el desarrollo productivo y menos empleo para miles de trabajadores que dependían de estos proyectos. ¿Es esto un logro? No. Es una bomba de tiempo.
Además, el gasto corriente, que incluye salarios de empleados públicos, jubilaciones y programas sociales, se redujo en un 23%. Esto implica jubilados más pobres, salarios estatales pulverizados por la inflación y un Estado incapaz de garantizar derechos básicos. Además esos ingresos van a parar directamente al mercado interno y no a paraísos fiscales. El ajuste, en definitiva, no lo paga el Estado: lo paga la gente.
2. Superávit comercial: el espejismo de la recesión
El gobierno también festeja un superávit comercial de más de 11.300 millones de dólares, el más alto desde 2019. ¿El motivo? Un desplome del 20% en las importaciones, que se presenta como un logro pero que, en realidad, es un indicador inequívoco de una economía en recesión.
Cuando un país deja de importar insumos, maquinaria y bienes de capital, no es porque haya encontrado una fórmula mágica para la autosuficiencia, sino porque la industria se está apagando. Las fábricas cierran, las pymes no pueden sostener su producción y el consumo interno se derrumba.
El informe intenta maquillar este dato destacando un aumento del 16% en las exportaciones, atribuido a la recuperación agroindustrial tras la sequía. Pero este crecimiento puntual responde a factores climáticos y estacionales, no a una política económica virtuosa. Además, las exportaciones de manufacturas de origen industrial crecieron apenas un 4%, lo que refleja el estancamiento del sector más dinámico de la economía.
3. La trampa de los “números positivos”
Detrás de estos números “positivos” se oculta una economía que se achica para cuadrar las cuentas. Es el clásico “modelo del ajuste”: si el Estado gasta menos, importa menos y deja de invertir, el déficit desaparece, pero también desaparecen el crecimiento, el empleo y la calidad de vida de la población.
Este enfoque de “austeridad” extrema es insostenible en el tiempo. La recesión provoca una caída en la recaudación impositiva (como lo reconoce el propio informe), lo que obliga a recortar aún más el gasto para mantener el superávit, generando un círculo vicioso de ajuste y estancamiento.
Además, el superávit financiero se logra a costa del default interno: el Estado deja de pagar o licúa sus deudas en pesos mediante la inflación, afectando a jubilados, proveedores del Estado y tenedores de bonos. Esto genera una paz fiscal ficticia que tarde o temprano estallará.
4. El impacto social: el costo humano del ajuste
Más allá de las cifras macroeconómicas, el verdadero saldo de esta política es el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos. La caída del gasto social implica menos recursos para salud, educación, ciencia y tecnología. La reducción de subsidios provoca tarifazos en servicios básicos, mientras que la falta de inversión pública incrementa el desempleo.
El gobierno de Javier Milei pretende vender este modelo como un éxito, pero la realidad se impone: no hay superávit que valga si el precio es el hambre y la desesperación de la gente.
5. Conclusión: el ajuste no es un plan económico
El supuesto “milagro” de los superávits gemelos no es más que un espejismo. No estamos ante una economía saneada, sino ante un país en terapia intensiva, sostenido por un ajuste brutal que condena a millones de argentinos a la pobreza.
El gobierno puede seguir manipulando estadísticas y construyendo relatos, pero la realidad golpea más fuerte que cualquier informe oficial. Los números pueden cerrar, pero la gente no llega a fin de mes. Y eso, tarde o temprano, tendrá consecuencias. El ajuste no es un plan económico derivado de una master class, más bien parece las vagas ideas de jocker avido de conseguir venganza.
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