Las alarmas están encendidas en el Ministerio de Salud de la Nación. Los despidos masivos de trabajadores en áreas estratégicas han provocado un deterioro inmediato en programas fundamentales para la salud pública. Entre los afectados, se encuentran especialistas en vacunación, epidemiología y control de enfermedades inmunoprevenibles. El relato de los trabajadores cesanteados expone con crudeza la descomposición de un sistema que sostenía la prevención y el control de enfermedades en Argentina.
Marcela Natiello, una de las despedidas del Ministerio, describió la magnitud del golpe: «Éramos 46 personas para manejar un Programa Nacional de Vacunas. Echaron a 14, entre ellas yo. Podés mantener una cáscara, que parezca que todo sigue igual, pero si empezás a sacar piezas clave, con el tiempo eso deja de funcionar». Y ese «tiempo» no es a largo plazo: la afectación ya es palpable.
Uno de los ejemplos más críticos es el sistema NomiVac, el registro nominal de vacunación, una herramienta clave para monitorear la cobertura de vacunas en el país. «Las tres personas que hacían el soporte de ese registro fueron despedidas el 31 de enero. Desde el 1 de febrero, esos mails ya no se responden», alertó Natiello. Sin este soporte, las provincias pierden asistencia técnica y la información se vuelve inexacta, lo que puede derivar en desabastecimiento, fallas logísticas y la pérdida de control sobre la cobertura de vacunación.
La crisis se agrava con la desarticulación de la cadena de frío, esencial para la conservación de las vacunas. «Teníamos una sola persona encargada de controlar la calidad de la cadena de frío y evaluar si una vacuna seguía siendo utilizable o no. La echaron», denunció otra de las trabajadoras afectadas. Sin este control, el riesgo de que vacunas pierdan eficacia por fallas en la refrigeración aumenta considerablemente.
Los despidos no se limitaron a áreas técnicas, sino que también alcanzaron a la vigilancia epidemiológica. «Soy epidemióloga y era la única que estaba en la Dirección haciendo la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles», explicó otra de las afectadas. La mención del reciente brote de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires expone la urgencia de contar con equipos de monitoreo y respuesta rápida. «Hemos viajado a provincias como Salta para atender brotes de hepatitis A. Sin equipos de respuesta, estos brotes pueden expandirse sin control».
El desmantelamiento del Ministerio no solo impacta en la vacunación. La Dirección de Respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis también sufrió bajas críticas. «El 45% de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina son tardíos. Necesitamos fortalecer la prevención, lo que implica no solo testeos, sino campañas activas. En lugar de eso, están vaciando el área», señalaron los trabajadores. Como si no fuera suficiente, el 31 de diciembre eliminaron la coordinación de hepatitis y, un mes después, despidieron a la única médica patóloga especializada en hepatología que quedaba.
La estrategia de recorte del gobierno de Javier Milei está desmantelando uno de los pilares de la salud pública: la prevención. Mientras los trabajadores denuncian las consecuencias inmediatas de los despidos, el Ejecutivo sigue adelante con una lógica de ajuste sin medir el impacto real sobre la población. La historia demuestra que desinvertir en prevención sanitaria siempre sale más caro, pero la salud de millones de argentinos parece ser un daño colateral aceptable para la Casa Rosada.
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