El campo cordobés estalla de bronca por el incremento del inmobiliario rural, que supera el 200% en algunos casos. Productores denuncian un ajuste brutal mientras el gobierno de Llaryora se esconde detrás de justificaciones vacías.
El malestar se hizo escuchar con fuerza en Córdoba. Productores agropecuarios, hartos del ahogo fiscal, protagonizaron una asamblea cargada de indignación y críticas directas al gobierno de Martín Llaryora. El aumento del impuesto inmobiliario rural, que en algunos casos supera el 200%, fue el detonante de un reclamo que expone el deterioro de la relación entre el campo y el poder político. La escena dejó en evidencia una verdad incómoda: el ajuste no es exclusivo del gobierno nacional, también se aplica con mano de hierro en las provincias.
La Sociedad Rural de Río Cuarto fue el escenario de esta protesta, donde unos 50 productores tomaron el micrófono para denunciar lo que consideran un «impuestazo salvaje». Las cifras hablan por sí solas: mientras la inflación anual ronda el 118%, el aumento del inmobiliario rural alcanza un promedio del 172,5%, con picos que rozan el 400%. Un despropósito que, según los presentes, roza lo confiscatorio.
El legislador nacional Rodrigo De Loredo no escatimó en críticas al calificar el incremento como una «brutalidad fiscal», señalando la incoherencia de un ajuste impositivo que duplica la inflación. «Esto es confiscatorio. Es un atropello que no se justifica bajo ningún parámetro económico razonable», sentenció, reflejando el sentir de una audiencia que no necesita más pruebas para confirmar el abuso.
El enojo no se dirigió solo a Llaryora. Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria, fue tildado de «mentiroso» y de utilizar a los productores para fines proselitistas. Ambos funcionarios fueron invitados a la asamblea, pero prefirieron ausentarse, quizás temerosos de enfrentar el rostro de quienes sostienen con su trabajo buena parte de la economía provincial.
Lejos de plantear una rebelión fiscal, los productores dejaron claro que su objetivo es otro: pagar lo justo y saber adónde va el dinero que entregan al Estado. «No queremos financiar el turismo ni el proselitismo en los barrios de la Capital. Queremos que nuestro esfuerzo se traduzca en caminos rurales transitables, escuelas abiertas y servicios básicos para el campo», reclamó Sergio Barretto, productor de Pozo del Molle, quien propuso un tope de aumento del 118%, en línea con la inflación.
El descontento en Córdoba es un eco de lo que ya ocurre en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. El hartazgo es generalizado. «El campo siempre pagó, incluso montos ilógicos. Pero este año se les fue la mano. Los aumentos no solo son desproporcionados, sino que la comunicación ha sido nefasta», denunció Araceli Perelló, productora agropecuaria, sintetizando el sentimiento colectivo.
Las críticas alcanzaron incluso a eventos masivos financiados con fondos públicos. «Dejen de gastar nuestra plata en festivales como el Cosquín Rock. Si realmente no hay plata, que empiecen por ahí», propuso una productora, cuestionando el doble discurso del «ajuste» que recae siempre sobre los mismos mientras se sostienen gastos superfluos.
El clima de la asamblea fue tenso, con momentos de fuerte confrontación entre productores y legisladores que, paradójicamente, votaron a favor del incremento impositivo. «Nos están dejando solos. Nos van a pasar por arriba si no nos unimos», advirtió un tambero de La Playosa, apelando a la unidad del sector para resistir el embate fiscal.
Este «impuestazo salvaje» no solo amenaza la rentabilidad del agro, sino que también pone en riesgo la continuidad de pequeños y medianos productores. «Estamos viendo desaparecer explotaciones familiares, como en los ’90. El ajuste no es solo un número, es gente que pierde su sustento», advirtió un chacarero, recordando una época que dejó cicatrices profundas en el interior productivo.
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