El gobierno de Río Negro autoriza a un empresario qatarí y al ex tenista Gastón Gaudio a explotar recursos hídricos en la Cordillera, en un proyecto que despierta alarmas por su impacto ambiental y la entrega de soberanía.
Mientras el gobierno de Javier Milei recorta derechos y ajusta el presupuesto en áreas estratégicas, se facilita la explotación de recursos naturales a capitales extranjeros. El Complejo Baguales, un emprendimiento hidroeléctrico en manos de intereses árabes y empresarios vinculados al poder, es el nuevo símbolo de la Patagonia en venta.
En un país sumido en una crisis económica y política provocada por políticas de ajuste despiadado, el gobierno de Río Negro ha autorizado la construcción de tres represas hidroeléctricas en la región cordillerana, entre Bariloche y El Bolsón. Este proyecto, bautizado irónicamente como Complejo Baguales, no solo amenaza el ecosistema patagónico, sino que también pone en evidencia la entrega de la soberanía nacional a intereses privados internacionales, bajo la indiferente mirada del gobierno de Javier Milei.
El Complejo Baguales estará en manos de la empresa Río Villegas S.A.U., cuyo único accionista es Baguales Acquisitions S.A., propiedad del ex tenista Gastón Gaudio y del empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri. Este último no es un simple inversor: es cuñado del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el mismo que se convirtió en protagonista del Mundial de Qatar 2022 al colocarle una capa a Lionel Messi. Al-Hajri, además, es propietario del lujoso hotel Ritz de Londres, adquirido por más de 1.000 millones de dólares, evidencia del poder económico que respalda este tipo de «inversiones».
El proyecto incluye la construcción de las centrales hidroeléctricas ChiBa I, II y III, que utilizarán el arroyo Baguales para generar energía. Aunque el gobierno rionegrino asegura que el caudal del arroyo no se verá afectado, la historia de este tipo de proyectos demuestra lo contrario. La explotación hidroeléctrica de ríos y arroyos de montaña suele tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, afectando la biodiversidad y alterando el equilibrio hídrico de la región.
Las autoridades provinciales, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), afirman que el estudio de impacto ambiental fue aprobado en 2022 y que se realizarán controles para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Sin embargo, estas promesas suenan vacías en un contexto donde el Estado se muestra cada vez más ausente en el control de las actividades de grandes corporaciones, priorizando el interés privado sobre el bien común.
El permiso de explotación, que se extenderá por 30 años, incluye una regalía del 16% de la generación bruta de energía. Aunque desde el gobierno provincial destacan que este porcentaje es superior al de otras regiones, la pregunta es: ¿cuánto vale realmente entregar recursos naturales estratégicos a capitales extranjeros por tres décadas? ¿Qué queda para las comunidades locales, más allá del impacto ambiental y la pérdida de acceso a recursos vitales?
No es menor el hecho de que los protagonistas de esta operación tengan vínculos estrechos con figuras del poder político y económico argentino. Gaudio, más allá de su carrera deportiva, ha tejido relaciones con Qatar y el ex presidente Mauricio Macri, participando en la firma de un polémico memorando en 2016 para la creación de un fondo de infraestructura de 1.000 millones de dólares, que involucraba recursos de la ANSES y terminó judicializado. Estas conexiones refuerzan la percepción de que el proyecto Baguales no es solo una iniciativa empresarial, sino una muestra de cómo se gestiona la política de recursos en la Argentina del ajuste y la entrega.
El avance de capitales extranjeros sobre tierras y recursos patagónicos no es un fenómeno nuevo, pero adquiere una dimensión alarmante en el actual contexto político. Mientras el gobierno de Milei promueve la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación, la Patagonia se convierte en un terreno fértil para la especulación y el saqueo. La presencia de magnates árabes como Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, que controla unas 20.000 hectáreas en la región, refuerza esta tendencia.
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