De la cúspide política a la prisión domiciliaria: cómo un accidente fatal destapó una trama de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Córdoba
Oscar González, histórico dirigente del PJ cordobés, enfrenta prisión domiciliaria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Un accidente que dejó una mujer muerta y dos adolescentes gravemente heridas fue solo la punta del iceberg de una carrera política marcada por el poder y la opacidad.
La política cordobesa vuelve a ser noticia, pero no por avances democráticos o logros sociales, sino por el escándalo que envuelve a uno de sus históricos dirigentes: Oscar González. El exdiputado menemista, figura clave en el peronismo local durante décadas, fue enviado a prisión domiciliaria con tobillera electrónica por orden del juez federal Hugo Vaca Narvaja. La medida, solicitada por el fiscal Maximiliano Hairabedian, lo acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que salieron a la luz tras un accidente automovilístico fatal en 2022.
El caso de González es emblemático de una clase política que, lejos de servir al pueblo, ha construido imperios personales a costa del erario público. Su caída no es solo un acto de justicia, sino un recordatorio de la impunidad que ha caracterizado a ciertos sectores del poder en Argentina. Y aunque el gobierno de Javier Milei se jacta de su lucha contra la corrupción, casos como este exponen la necesidad de una reforma profunda y no solo de discursos grandilocuentes.
El accidente que desencadenó todo ocurrió el 29 de octubre de 2022. González, al volante de una camioneta BMW X1, chocó de frente contra un Renault Sandero en el Camino de las Altas Cumbres. El resultado fue trágico: la conductora del Renault, Alejandra Bengoa, perdió la vida, mientras que su hija Marina y su amiga Alexa, ambas de 14 años, quedaron con graves secuelas. Alexa, parapléjica, relató en una entrevista: “Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”.
Pero lo que parecía un trágico accidente pronto reveló un entramado mucho más oscuro. La camioneta que manejaba González no era cualquier vehículo: estaba judicializada, con la patente clonada, y había sido cedida a la Legislatura provincial por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Es decir, el Estado provincial permitió que un auto vinculado a actividades ilícitas fuera utilizado por uno de sus funcionarios más prominentes. ¿Dónde estaba el control? ¿Quién rinde cuentas por esta negligencia?
La investigación no se detuvo en el accidente. El fiscal Hairabedian descubrió que, tras el choque, familiares de González intentaron recuperar pertenencias del vehículo, entre las cuales se sospecha había grandes sumas de dinero. Esto llevó a indagar en el patrimonio del exdiputado, encontrando una red de propiedades y transferencias sospechosas. González, hábil en el arte de tejer vínculos y acumular poder, no pudo justificar el origen de varios inmuebles que luego traspasó a sus hijos.
La carrera política de González es un reflejo de la maquinaria peronista en Córdoba. Desde sus inicios en la Renovación de José Manuel de la Sota en los años 80, hasta su paso por la Secretaría de Comunicaciones durante la presidencia de Carlos Menem, González supo moverse en los círculos de poder. Fue diputado nacional, ministro de Gobierno y de Salud, y jefe de Gabinete en la última gestión de De la Sota. Sin embargo, su legado no es de servicio público, sino de acumulación de riqueza y poder.
El gobierno de Javier Milei, que prometió acabar con la corrupción, no puede limitarse a discursos y medidas superficiales. Casos como el de González demuestran que el problema no es solo de un partido o una época, sino de un sistema que permite y perpetúa estas prácticas. La falta de transparencia, la impunidad y la complicidad de instituciones que deberían garantizar el control son males que requieren una reforma estructural.
Mientras González cumple su prisión domiciliaria, las víctimas del accidente y sus familias siguen esperando justicia. Pero más allá de este caso, la sociedad argentina merece respuestas claras sobre cómo se financian y operan los poderes políticos. La caída de González no es el final, sino el inicio de una lucha que debe continuar para evitar que otros sigan su ejemplo.
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