El caso de un agente policial detenido por robar en un supermercado expone la cruda realidad de los bajos salarios y la desesperación económica en tiempos de ajuste. En un hecho que refleja la profundidad de la crisis económica, el policía fue detenido por robar productos básicos en un supermercado. Fiambres, un shampoo y jabones fueron los objetos de su desesperación.
La imagen de un policía siendo detenido por robar fiambres, un shampoo y varios jabones en un supermercado de Río Grande no es solo un hecho aislado. Es el reflejo de una crisis económica que está llevando a sectores clave de la sociedad, como las fuerzas de seguridad, al límite de la desesperación. Este caso, ocurrido el pasado viernes en la Margen Sur de la ciudad de Río Grande, no solo expone la vulnerabilidad de quienes deberían velar por el orden, sino que también cuestiona las políticas económicas de la actual gestión, que insiste en recortes y ajustes mientras la pobreza y la inflación golpean sin piedad.
El agente, perteneciente a la 53° promoción de la Policía Provincial de Tierra del Fuego, intentó sustraer productos básicos de un supermercado. Fiambres, un shampoo y jabones: artículos que para muchos son de primera necesidad, pero que para este policía representaban un lujo inalcanzable. Su detención no solo lo dejó fuera de servicio, sino que también lo enfrenta a una causa penal y un sumario administrativo. Sin embargo, más allá de la sanción individual, este caso debería ser una alerta roja para el gobierno nacional. ¿Cómo se espera que quienes deben proteger a la sociedad cumplan su función si ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas?
La crisis económica no es nueva, pero se ha agudizado bajo la gestión de Milei. Los salarios de los policías, como los de muchos otros trabajadores, han quedado rezagados frente a una inflación que devora el poder adquisitivo. Según datos oficiales, los sueldos de las fuerzas de seguridad no han tenido aumentos significativos en los últimos años, mientras que los precios de los alimentos y productos de higiene personal han escalado a niveles récord. Este desfase ha llevado a muchos agentes a situaciones límite, donde el delito parece ser la única salida para subsistir.
El gobierno de Milei, que llegó al poder con promesas de «reconstruir la economía» y «combatir la corrupción», ha optado por medidas de ajuste que han golpeado duramente a los sectores más vulnerables. Recortes en subsidios, congelamiento de salarios y una política fiscal restrictiva han generado un clima de incertidumbre y desesperación. Mientras tanto, los casos como el de este policía se multiplican en silencio, evidenciando que las políticas actuales no solo no resuelven los problemas, sino que los agravan.
Pero este caso no es solo un problema económico, es también un problema ético y social. Un policía que roba no es solo un delincuente, es una víctima de un sistema que lo ha dejado en la indigencia. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si quienes deben protegerla no pueden ni siquiera alimentarse dignamente? La respuesta no está en criminalizar a los individuos, sino en cuestionar las estructuras que los llevan a cometer estos actos.
El gobierno de Milei tiene una responsabilidad ineludible en esta situación. Sus políticas de ajuste, lejos de solucionar la crisis, han exacerbado las desigualdades y empujado a miles de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Este caso debería ser un llamado de atención para revisar las prioridades y entender que no se puede construir seguridad ni estabilidad social sobre la base del hambre y la desesperación.
Mientras el policía enfrenta las consecuencias de su acto, la sociedad debe preguntarse cuántos más llegarán al límite. ¿Cuántos más tendrán que robar para comer o para higienizarse? La respuesta no está en más represión, sino en más justicia social. Y eso es algo que el gobierno de Milei parece no entender.
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