El Consejo de la Magistratura de Corrientes inició el proceso para remover al juez Carlos Hugo Chiama, acusado de acoso sexual por su secretaria. Mientras la víctima espera justicia, el caso expone las fallas del sistema judicial y la cultura de impunidad que lo rodea.
El Poder Judicial, supuesto garante de la justicia y la equidad, vuelve a ser noticia por las razones equivocadas. Esta vez, el foco está en Carlos Hugo Chiama, juez de Paz Barrial en Corrientes, quien enfrenta un proceso de remoción tras ser acusado de acoso laboral y sexual por su secretaria. El caso, que ha generado indignación y debate, no solo pone en evidencia la conducta reprochable de un magistrado, sino también las fallas estructurales de un sistema que parece proteger más a los poderosos que a las víctimas.
La denuncia de la secretaria, presentada en octubre de 2023, detalla una serie de situaciones que van desde comentarios inapropiados hasta tocamientos no consentidos. En una ocasión, según relató la víctima, Chiama se tocó sus partes íntimas y le dijo: “No querés darle un besito”. En otro episodio, el juez le puso la mano en el pecho mientras le “acomodaba” la camisa, acto que ella rechazó de inmediato. Estas acciones, lejos de ser aisladas, forman parte de un patrón de comportamiento que la secretaria soportó en silencio hasta que decidió alzar la voz.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ya había sancionado a Chiama con una multa equivalente al 30% de su salario mensual, una medida que muchos consideran insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Ahora, el Consejo de la Magistratura ha iniciado un proceso de remoción que podría costarle su cargo. Sin embargo, el camino hacia la justicia es largo y tedioso. Las votaciones para decidir su destino se extenderán hasta abril de 2025, lo que deja en evidencia la lentitud y burocracia que caracterizan al sistema judicial argentino.
Este caso no es solo un escándalo aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la cultura de impunidad que permea el Poder Judicial. Chiama no es el primer juez acusado de conductas inapropiadas, y lamentablemente, no será el último. Lo preocupante es que, en muchos casos, las denuncias no prosperan o las sanciones son meramente simbólicas. Esto no solo desalienta a las víctimas, sino que también envía un mensaje peligroso: quienes están en el poder pueden actuar con impunidad.
La secretaria que denunció a Chiama no solo enfrentó el acoso de su superior, sino también el miedo a represalias y la desconfianza en un sistema que históricamente ha fallado a las víctimas de abuso. Su valentía al denunciar estos hechos es un llamado de atención para todos: la justicia no puede ser selectiva. Si el Poder Judicial no es capaz de garantizar la integridad de quienes trabajan dentro de él, ¿cómo puede pretender impartir justicia para el resto de la sociedad?
El caso de Carlos Hugo Chiama es una oportunidad para reflexionar sobre las reformas necesarias en el sistema judicial. No basta con remover a un juez corrupto o acosador; se necesita un cambio estructural que garantice transparencia, celeridad y, sobre todo, justicia para las víctimas. Mientras tanto, la sociedad debe mantenerse alerta y exigir que casos como este no queden en la impunidad.
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