Mientras el discurso oficial habla de «ajustes necesarios», los datos revelan una transferencia obscena de riqueza desde los bolsillos de los trabajadores hacia las élites económicas.
Un informe contundente basado en datos oficiales expone cómo, en el primer año del gobierno de Javier Milei, los trabajadores y jubilados perdieron miles de millones de dólares en salarios y derechos, mientras las grandes fortunas se enriquecieron. ¿Es este el «cambio» que prometieron?
El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una retórica incendiaria: prometió acabar con la casta, reducir el Estado y liberar a la economía de las ataduras que, según él, ahogaban el progreso. Sin embargo, un año después, los números no mienten: lo que se ha liberado no es el potencial económico de los argentinos, sino una transferencia masiva de riqueza desde los trabajadores hacia los más ricos. Según un editorial de Roberto Navarro en El Destape, basado en datos oficiales, los trabajadores perdieron 21 mil millones de dólares en el primer año de gestión, mientras que el Estado perdió otros 8 mil millones en aportes y contribuciones. En total, 30 mil millones de dólares fueron transferidos desde los bolsillos de los asalariados y jubilados hacia las élites económicas.
Este saqueo silencioso no es un error de cálculo ni un efecto colateral de políticas mal diseñadas. Es el resultado de un plan sistemático que prioriza los intereses de los más ricos sobre las necesidades de la mayoría. Los trabajadores estatales, por ejemplo, sufrieron una pérdida del 22% en su poder adquisitivo, mientras que los privados vieron caer sus ingresos en un 7%. Los jubilados, a quienes el gobierno insiste en decir que están «mejor que nunca», perdieron en promedio 2 millones de pesos cada uno en un solo año.
¿Cómo se explica esta transferencia obscena de riqueza? La respuesta está en las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Milei, que han licuado salarios, recortado derechos laborales y desfinanciado servicios esenciales como la salud y la educación. Mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes, las grandes empresas y los dueños del capital han visto aumentar sus ganancias de manera exponencial.
El discurso oficial, sin embargo, intenta distraer con farsas y entretenimiento. Desde la retórica incendiaria de Milei hasta las operaciones de marketing diseñadas por su equipo, todo parece estar pensado para ocultar la verdadera agenda: transferir riqueza desde abajo hacia arriba. Como bien señala Navarro, «todo lo demás es distracción».
Pero los números no mienten. El salario privado se encuentra en su nivel más bajo en 20 años, comparable solo con la devastación económica que dejó la crisis de 2001. El salario estatal, por su parte, ha perdido un 22% de su poder adquisitivo, situándose en mínimos históricos. Y mientras los trabajadores y jubilados pierden, los más ricos ganan.
Este no es un gobierno que busque mejorar la vida de los argentinos. Es un gobierno que actúa como un brazo ejecutor de los intereses de las élites económicas, utilizando el aparato estatal para garantizar que la riqueza fluya en una sola dirección: hacia arriba. La policía no está para proteger a los ciudadanos, sino para reprimir a quienes protestan por sus derechos. El sistema judicial no está para impartir justicia, sino para legitimar este saqueo.
La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo? Si en un solo año se han transferido 30 mil millones de dólares desde los trabajadores y el Estado hacia los más ricos, ¿qué nos espera en los próximos años? ¿Cuánto más podrán resistir los argentinos antes de que este modelo insostenible colapse bajo el peso de su propia injusticia?
Lo que está claro es que este no es el «cambio» que prometieron. Es, en cambio, la consolidación de un sistema que beneficia a unos pocos a costa de muchos. Y mientras el gobierno sigue hablando de «ajustes necesarios» y «sacrificios temporales», los trabajadores y jubilados pagan el precio de una transferencia de riqueza que no tiene precedentes en la historia reciente de Argentina.
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