La caída de la demanda y el ajuste de costos obligan a Acindar a suspender a un tercio de su plantel. Con salarios reducidos y un futuro incierto, los trabajadores denuncian el abandono del gobierno de Milei, que prioriza el ajuste fiscal sobre la industria nacional.
En Villa Constitución, el corazón industrial de Santa Fe, el ajuste no es una palabra vacía. Es una realidad que golpea con fuerza a los trabajadores de Acindar, la acería propiedad del gigante global ArcelorMittal. Este jueves, 970 empleados fueron suspendidos, un tercio del plantel total, en medio de una crisis que parece no tener fin. La medida, anunciada como temporal, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo: la desindustrialización acelerada que vive el país bajo el gobierno de Javier Milei.
Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, no oculta su preocupación. «Un tercio del plantel sale suspendido, y en el resto de los sectores se va a ir viendo de acuerdo a las necesidades de producción», explicó. Pero las suspensiones no son el único problema. A partir del 1º de marzo, el tren laminador número 2 cerrará sus puertas, dejando a decenas de trabajadores en una situación de incertidumbre total. «Eso de alguna manera va a tener de rehén a la gente para recibir pensiones rotativas», advirtió González.
El dirigente sindical aclaró que la situación actual no está directamente relacionada con los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio. Sin embargo, no descartó que, en el mediano plazo, la medida de Donald Trump afecte aún más a la industria local. «Ahora la medida de Trump no nos pega tanto, pero va a afectar sin lugar a dudas en el mediano y largo plazo a Acindar», subrayó.
El presidente estadounidense fue claro en su postura: no habrá excepciones para Argentina. «Tenemos un pequeño déficit con Argentina, como con todos los países», afirmó Trump, justificando la imposición de aranceles del 25%. La única excepción será Australia, debido a un superávit comercial relacionado con la compra de aviones. Para el resto del mundo, el mensaje es contundente: «No me importan las represalias de los países».
Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Milei parece más preocupado por cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional que por proteger la industria nacional. El ajuste fiscal, la caída del consumo y la falta de políticas activas para reactivar la producción han llevado a empresas como Acindar a tomar medidas drásticas. El acuerdo alcanzado entre la empresa y el gremio permite evitar despidos masivos, pero a un costo altísimo para los trabajadores.
Los empleados suspendidos cobrarán el 80% del salario de febrero, el 78% en marzo y el 75% desde abril a diciembre de 2025. Una reducción salarial que, en un contexto de inflación galopante, equivale a una condena a la pobreza. «Es menos nocivo que ser bajado de turno y luego dispensado», explicó González, intentando encontrar un lado positivo en un panorama desolador. Pero la realidad es que, para muchos trabajadores, esta medida no es más que un parche temporal en una herida que no deja de sangrar.
El ajuste en Acindar no es un caso aislado. Es parte de una tendencia que se repite en todo el país: despidos masivos, suspensiones y cierres de plantas. La industria nacional, otrora motor de la economía argentina, está en terapia intensiva. Y el gobierno de Milei, lejos de implementar políticas para revertir esta situación, parece empeñado en profundizar el modelo de ajuste y desregulación que beneficia a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.
En definitiva, la suspensión de 970 trabajadores en Acindar no es solo una tragedia local. Es un símbolo de lo que está ocurriendo en todo el país: un gobierno que prioriza los intereses de las corporaciones y el capital financiero por encima de las necesidades de la gente. Mientras los trabajadores de Villa Constitución luchan por mantener sus empleos, Milei sigue adelante con su plan de ajuste, ignorando el drama social que él mismo ayudó a crear.
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