Granja Tres Arroyos: Violencia, Concesiones y la Sombra de un Gobierno Ausente
En una asamblea marcada por agresiones, los trabajadores aceptan recortes salariales para reincorporar a 80 despedidos, mientras la administración de Javier Milei permanece indiferente ante la crisis laboral.
La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay fue escenario de una asamblea tensa donde, entre insultos y agresiones físicas, se aprobó una reducción salarial a cambio de la reincorporación de empleados despedidos. Este conflicto laboral expone la inacción del gobierno de Javier Milei frente a las maniobras empresariales que precarizan las condiciones de trabajo.
La reciente asamblea en la planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, se convirtió en un campo de batalla donde la violencia verbal y física se entrelazó con decisiones laborales que afectan profundamente a la comunidad trabajadora. En medio de un clima de alta tensión, los empleados se vieron obligados a aceptar una reducción en sus salarios como condición para la reincorporación de 80 compañeros previamente despedidos y la reanudación de la producción, suspendida indefinidamente por la empresa.
Masiva movilización en Concepción del Uruguay tras los despidos en Granja Tres Arroyos
La asamblea, lejos de ser un espacio de diálogo constructivo, se transformó en un escenario de confrontación. Insultos, reproches y hasta golpes fueron parte de una jornada donde la desesperación y la impotencia se hicieron palpables. Los principales blancos de las agresiones fueron el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Miguel Ángel Klenner, y el abogado del gremio, Darío Garín, quienes, tras una hora de enfrentamientos, debieron retirarse escoltados por la policía provincial.
La propuesta empresarial, que finalmente fue aprobada por una diferencia de 28 votos, implica la eliminación de un plus salarial del 9% y la reducción del pago por presentismo del 12% al 10%. Esta decisión, tomada bajo coacción y en un ambiente de intimidación, refleja la vulnerabilidad de los trabajadores frente a las presiones empresariales y la falta de respaldo efectivo por parte de sus representantes sindicales.
La situación de Granja Tres Arroyos no es un caso aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda que afecta al sector avícola argentino. La empresa, considerada la más grande del país en su rubro, con ocho plantas de producción y una faena diaria de aproximadamente 700.000 animales, ha manifestado problemas financieros desde diciembre de 2023. Estos problemas se han visto exacerbados por decisiones gubernamentales, como la limitación de exportaciones a China impuesta por la administración de Javier Milei el año pasado, que han restringido mercados clave para la compañía.
La respuesta del gobierno de Milei ante esta crisis ha sido, en el mejor de los casos, negligente. El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, ha sido objeto de críticas por parte de los trabajadores, quienes lo acusan de no sancionar a la empresa a pesar de las violaciones a la conciliación obligatoria, los retrasos en los pagos de quincenas y la imposición de condiciones laborales inconstitucionales. Esta inacción gubernamental no solo deja desprotegidos a los trabajadores, sino que también envía un mensaje de impunidad a las empresas que optan por prácticas coercitivas y explotadoras.
La comunidad de Concepción del Uruguay no ha permanecido indiferente. El pasado domingo, cerca de 6.000 personas se congregaron en la plaza principal para manifestar su repudio a los despidos y expresar su solidaridad con los trabajadores afectados. Esta movilización masiva evidencia el impacto social y económico que el conflicto de Granja Tres Arroyos tiene en la región y la creciente indignación frente a la pasividad gubernamental.
La administración de Javier Milei, que se ha caracterizado por una retórica agresiva y despectiva, parece más enfocada en disciplinar a sus colaboradores que en abordar las problemáticas reales que afectan a la clase trabajadora. La humillación pública de funcionarios y la adopción de políticas autoritarias han generado un clima de miedo y sumisión, tanto en el ámbito gubernamental como en el laboral. Esta dinámica no solo socava la calidad del gobierno, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
El conflicto en Granja Tres Arroyos aún está lejos de resolverse. La aceptación de recortes salariales bajo coerción y en un ambiente de violencia no puede considerarse una solución justa ni sostenible. Es imperativo que el gobierno tome cartas en el asunto, sancione a las empresas que violan los derechos laborales y garantice condiciones de trabajo dignas para todos los argentinos. La inacción y la indiferencia solo profundizarán la crisis, debilitando aún más el tejido social y económico del país.
En definitiva, la situación en Granja Tres Arroyos es un reflejo de las políticas libertarias que, lejos de proteger a los trabajadores, parecen favorecer a las empresas a costa de los derechos laborales. La comunidad exige respuestas y acciones concretas por parte de sus líderes, quienes hasta ahora han optado por mirar hacia otro lado mientras la precarización laboral y la injusticia se apoderan del escenario nacional.
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