El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por Javier Milei para formalizar un nuevo programa con el FMI plantea más preguntas que respuestas. Con un endeudamiento que podría superar los US$ 20.000 millones, el Gobierno elude detalles cruciales y desoye la ley que exige aprobación parlamentaria. ¿Es este el camino hacia la estabilidad económica o una nueva carga para los argentinos?
El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su estrategia económica con la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoaprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, lo que en principio podría leerse como una medida urgente para estabilizar la economía argentina, se convierte en un laberinto de opacidades, contradicciones y decisiones que evaden el control democrático. El DNU, publicado en el Boletín Oficial, no solo omite detalles clave sobre montos, plazos y tasas de interés, sino que también ignora la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que exige la aprobación del Congreso para este tipo de operaciones.
Según el decreto, el acuerdo con el FMI se enmarcaría en un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con un plazo de hasta diez años y un período de gracia de cuatro años y medio. Sin embargo, el texto no especifica cuánto dinero recibirá Argentina, en qué plazos se desembolsará ni a qué tasas de interés estará sujeto el préstamo. Esta falta de transparencia es preocupante, especialmente cuando informes externos, como el del banco suizo UBS, sugieren que el paquete podría ascender a US$ 20.000 millones, de los cuales solo US$ 8.000 millones serían fondos nuevos. El resto se destinaría a cubrir pagos de capital e intereses de deudas preexistentes.
Pero la opacidad no es el único problema. El DNU justifica la urgencia de este endeudamiento argumentando que es necesario para «evitar el impacto negativo en el escenario económico presente». Sin embargo, esta justificación choca frontalmente con el discurso triunfalista que el propio Gobierno ha mantenido sobre la «estabilización» de la economía bajo su gestión. Si las medidas de Milei han sido tan exitosas, ¿por qué la necesidad imperiosa de un nuevo préstamo millonario? ¿No es acaso esta una admisión tácita de que el ajuste no ha sido suficiente?
Más allá de las cifras, el decreto revela una contradicción fundamental en el relato del Gobierno. Por un lado, Milei ha prometido «dinamitar» el Banco Central (BCRA) como parte de su agenda ultraliberal. Por otro, el DNU afirma que parte de los fondos del FMI se usarán para cancelar la deuda del Estado Nacional con el BCRA, con el objetivo de «mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas internacionales». Es decir, el mismo Gobierno que prometió reducir el rol del BCRA ahora lo refuerza con fondos externos. ¿Es esto coherencia o simplemente pragmatismo disfrazado de ideología?
Otro aspecto polémico es la forma en que el Gobierno ha decidido eludir el control del Congreso. La Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública establece claramente que todo acuerdo con el FMI debe ser aprobado por una ley del Parlamento. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que buscar el respaldo legislativo llevaría demasiado tiempo y que Argentina necesita el apoyo del FMI de manera «urgente». Esta justificación no solo desoye la ley, sino que también desprecia el rol del Congreso como órgano de control democrático.
El decreto intenta justificar esta omisión afirmando que la ley no obliga al Congreso a «hacerse cargo de los fundamentos y términos concretos de los acuerdos», sino solo a aprobar la operación de crédito. Esta interpretación es, cuanto menos, discutible. La ley fue creada precisamente para evitar que el Poder Ejecutivo tome decisiones unilaterales sobre el endeudamiento del país, un tema que afecta directamente a las generaciones presentes y futuras. Al evadir este mecanismo, el Gobierno no solo debilita las instituciones democráticas, sino que también sienta un precedente peligroso para futuras negociaciones.
El DNU deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero estará vigente hasta que ambas Cámaras lo rechacen. Esto significa que, en la práctica, el acuerdo con el FMI ya está en marcha, independientemente de lo que decida el Congreso. Esta estrategia, aunque legal, es cuestionable desde el punto de vista democrático. ¿Es este el camino que quiere transitar un Gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y austeridad?
En definitiva, el DNU de Milei sobre el acuerdo con el FMI plantea más dudas que certezas. Por un lado, la falta de transparencia en los montos, plazos y tasas de interés genera desconfianza sobre el verdadero costo de este endeudamiento. Por otro, la decisión de eludir el control del Congreso y la contradicción entre el discurso y la práctica gubernamental revelan una estrategia que prioriza la urgencia sobre la institucionalidad.
Mientras el Gobierno celebra este acuerdo como un paso hacia la estabilidad económica, los argentinos tienen derecho a preguntarse: ¿a qué precio? Y, sobre todo, ¿quién pagará la factura? En un contexto de ajuste y recesión, el nuevo endeudamiento con el FMI no solo representa una carga financiera adicional, sino también un desafío a la democracia y la transparencia. El tiempo dirá si esta medida fue un acierto o un nuevo capítulo en la larga historia de dependencia financiera de Argentina.
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