En un nuevo capítulo de su gestión a puro shock, el presidente Javier Milei enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa, impulsada por el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky, cuestiona la legalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el mandatario busca cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Javier Milei sigue avanzando con su estrategia de gobernar a base de decretos y medidas unilaterales. Esta vez, el eje del conflicto es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el presidente pretende sellar sin debate parlamentario mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La movida generó un inmediato rechazo en la oposición y una denuncia penal presentada por el diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, quien acusa a Milei de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Eludir el Congreso para profundizar la crisis
La denuncia se sustenta en la violación del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que toda decisión sobre endeudamiento público debe pasar por el Congreso. Además, Yasky advierte que la medida también contradice la Ley 27.612, conocida como «Ley de Sostenibilidad de la Deuda», sancionada en 2021 para evitar acuerdos secretos como los que llevaron al desastre económico heredado del macrismo. «Pretenden cerrar la discusión con un decreto sin siquiera aportar datos concretos sobre lo que se está negociando», señaló el legislador.
El decreto firmado por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, no detalla condiciones, tasas ni garantías, sino que solo presenta vagos fundamentos sobre la supuesta urgencia de la medida. «Es una caja negra cerrada con cinco candados», denunció Yasky. En un país ya asfixiado por la deuda, el gobierno libertario parece decidido a hipotecar el futuro de los argentinos sin siquiera explicar en qué consiste el nuevo compromiso con el FMI.
Una estrategia basada en la impunidad parlamentaria
El Ejecutivo admite que el uso del DNU responde a una estrategia calculada: evitar que el Senado lo bloquee. El propio Luis Caputo lo blanqueó: el gobierno confía en que en Diputados tiene los votos suficientes para frenar un rechazo, mientras que en la Cámara Alta la ecuación es más compleja.
Según el reglamento, un DNU solo cae si ambas cámaras lo rechazan. La apuesta del oficialismo es clara: asegurar que Diputados lo convalide o, al menos, que no junte la cantidad de votos necesarios para voltear la medida. «Van a presionar a los gobernadores para que sus diputados se conviertan en oficialistas, como ya vimos en otros temas», advirtió Yasky, recordando cómo sectores de la oposición votaron a favor de Milei en leyes previas tras presiones económicas.
El silencio cómplice de la oposición dialoguista
Si bien la denuncia penal está impulsada por el kirchnerismo, la reacción del resto de la oposición es una incógnita. Algunos bloques, como la UCR, han mostrado posturas ambiguas en temas clave. «Lo vimos en el criptoescándalo: primero impulsaron una comisión investigadora y después votaron en contra de su propia iniciativa», ejemplificó el diputado.
En el interbloque de Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, también hay posturas divididas. Mientras algunos legisladores rechazan la maniobra del oficialismo, otros prefieren no confrontar con el gobierno para mantener la «gobernabilidad».
La Justicia, última trinchera contra el avasallamiento institucional
La denuncia ya está en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, y la Fiscalía de Carlos Alberto Ríguaro. El desenlace dependerá de si la Justicia considera que Milei está incumpliendo la Constitución o si, como ha sucedido con otras denuncias contra el macrismo, queda en el olvido judicial.
Mientras tanto, el país observa con incertidumbre. Un nuevo acuerdo con el FMI en términos desconocidos puede significar más ajustes, más tarifazos y más sufrimiento para los sectores populares. Pero para Milei, la urgencia no es social ni económica: la urgencia es gobernar sin control, sin debate y sin democracia.
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