El gobierno de Javier Milei minimiza la brutal agresión al fotógrafo durante una protesta de jubilados, calificándola como un «accidente no previsto».
En medio de una manifestación pacífica de jubilados, la policía, bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, reprimió violentamente a los manifestantes. El fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido al recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.
El pasado miércoles, una manifestación de jubilados que exigían mejoras en sus pensiones frente al Congreso Nacional se convirtió en escenario de una violenta represión policial. La protesta, que inicialmente transcurría de manera pacífica, terminó con más de 120 detenidos y al menos 45 heridos. Entre ellos, el fotógrafo independiente Pablo Grillo, de 35 años, sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la policía.
El momento del ataque quedó registrado en un video donde se observa a Grillo arrodillado, capturando imágenes de la protesta, cuando es alcanzado por el proyectil en la cabeza. Actualmente, se encuentra en estado crítico, internado en el Hospital Ramos Mejía, luchando por su vida.
Lejos de asumir responsabilidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el incidente calificándolo como un «accidente no previsto». En declaraciones radiales, Francos afirmó: «Son las lamentables consecuencias de un episodio violento como el que generó esta gente ayer». Además, sugirió que la manifestación buscaba desestabilizar al gobierno, señalando que «lo que se pretende es una especie de golpe de Estado».
Estas declaraciones resultan alarmantes, ya que reflejan una postura oficial que justifica la violencia estatal y criminaliza la protesta social. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en lugar de condenar el accionar policial, intentó deslegitimar a la víctima al afirmar que Grillo es «un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez».
Esta no es la primera vez que la gestión de Bullrich se ve envuelta en episodios de represión. Durante su anterior mandato como ministra de Seguridad en 2017, se registraron fuertes represiones contra manifestantes que protestaban contra la reforma previsional, resultando en numerosos heridos y detenidos.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) emitió un comunicado exigiendo la «renuncia indeclinable» de Bullrich, señalando que «la violencia contra los trabajadores de prensa es una constante en este gobierno».
La respuesta oficial ante estos hechos es preocupante. La minimización de la violencia estatal y la estigmatización de las víctimas reflejan una política de gobierno que prioriza la represión por sobre el diálogo. Calificar una agresión directa como un «accidente no previsto» es una afrenta a la verdad y a los derechos humanos.
Es imperativo que se realice una investigación independiente y transparente sobre lo ocurrido, y que los responsables, tanto materiales como intelectuales, rindan cuentas por sus acciones. La democracia se fortalece con la participación ciudadana y el respeto a las libertades, no con la represión y la violencia institucional.
El caso de Pablo Grillo es un triste recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes buscan documentar la realidad y ejercer su derecho a la protesta. La sociedad no puede permanecer indiferente ante estos atropellos. Es momento de exigir justicia y garantías para que hechos como este no se repitan.
La comunidad internacional también debe prestar atención a la situación en Argentina. La violación de los derechos humanos y la libertad de prensa son indicadores de un deterioro democrático que no puede ser ignorado. La solidaridad y el apoyo global son fundamentales para presionar al gobierno a rectificar su accionar y respetar las garantías constitucionales.
Mientras tanto, Pablo Grillo continúa luchando por su vida, convertido en símbolo de la resistencia y el compromiso con la verdad. Su caso nos interpela a todos y nos obliga a reflexionar sobre el país que queremos construir: uno donde la disidencia no sea reprimida y donde la justicia prevalezca sobre la impunidad.
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