El gobierno de Javier Milei enfrenta su mayor crisis tras una violenta represión a jubilados y manifestantes, muchos heridos y un fotógrafo al borde de la muerte. Con un ajuste económico que golpea a los más vulnerables y una represión desmedida, el gobierno de Milei parece empeñado en repetir los errores más oscuros de la historia argentina. La violencia desatada frente al Congreso no solo dejó heridos y balas de goma, sino también un profundo cuestionamiento a la democracia.
El miércoles pasado, Argentina vivió la represión más grande desde el estallido social de 2001. Frente al Congreso, el gobierno de Javier Milei desplegó un operativo de seguridad que terminó en un baño de sangre, muchos heridos, un fotógrafo con un disparo en la cabeza y una sociedad que, una vez más, se pregunta si la democracia es solo una palabra vacía.
El periodista Roberto Navarro explicó en su editorial que el detonante fue una protesta de jubilados que reclamaban por sus magros ingresos, golpeados aún más por el ajuste económico del gobierno. Sin embargo, lo que pudo haber sido una marcha pacífica se convirtió en un campo de batalla. La policía, en lugar de garantizar el orden, actuó como fuerza de choque, reprimiendo con gases lacrimógenos, balas de goma y una violencia que dejó a decenas de ancianos heridos. Entre ellos, Pablo Grillo, un fotógrafo que se debate entre la vida y la muerte tras recibir un disparo en la cabeza.
El gobierno intentó justificar lo injustificable. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, aseguró que no hubo excesos policiales y que las fuerzas actuaron «de acuerdo a la necesidad». Sin embargo, los videos y testimonios desmienten su versión. Los cartuchos de gas lacrimógeno utilizados están prohibidos en Argentina por su letalidad, y el disparo que impactó a Grillo fue directo, no un rebote como intentaron hacer creer.
Pero más allá de la violencia, lo que queda al descubierto es la insostenibilidad del ajuste económico de Milei. Los mercados reaccionaron con desconfianza: el dólar subió, el riesgo país se disparó y los bonos cayeron. El gobierno, que prometió estabilidad, demostró que su receta solo genera caos.
El ajuste, basado en recortes a jubilaciones y obra pública, no solo es socialmente injusto, sino también económicamente inviable. Los jubilados, que ya vivían al borde de la pobreza, son ahora el sector más golpeado. Y la represión del miércoles no hizo más que encender la mecha de un conflicto que podría escalar en los próximos días.
La CGT ya anunció que acompañará a los jubilados en sus reclamos, y organizaciones sociales planean nuevas movilizaciones. El gobierno, en lugar de buscar diálogo, optó por la represión y la criminalización de la protesta. Bullrich incluso amenazó con denuncias penales por «sedición» y «atentado al orden constitucional», un guion que recuerda a los peores años de la dictadura.
Pero la sociedad no se deja engañar. Los medios internacionales, como la BBC, destacaron que los manifestantes eran jubilados, no «barras bravas» como intentó instalar el gobierno. Y en las redes sociales, las imágenes de la represión circularon sin filtros, mostrando la crudeza de un Estado que parece haber olvidado su rol de protector.
El caso de Pablo Grillo es emblemático. No solo por la gravedad de sus heridas, sino por la indiferencia con la que fue tratado, por ejemplo, por Florencia Arieto, quien lo calificó como un «daño colateral». Esa frialdad, propia de un manual de guerra, no tiene lugar en una democracia.
Milei, por su parte, parece empeñado en seguir adelante con su ajuste, sin importar el costo social. Pero la represión del miércoles dejó en claro que su gobierno no tiene margen para seguir adelante. Los mercados desconfían, la sociedad se moviliza y la violencia solo profundiza la crisis.
El fantasma de 2001 vuelve a rondar Argentina. Y mientras Milei insiste en su receta de ajuste y represión, la pregunta que queda en el aire es cuánta sangre más está dispuesto a derramar para mantener un proyecto que, desde el principio, estaba condenado al fracaso.
La represión del miércoles no fue solo un acto de violencia, sino también un síntoma de un gobierno que ha perdido el rumbo. Con un ajuste insostenible y una respuesta desmedida a la protesta social, Milei y su gabinete están cavando su propia tumba política. Y mientras tanto, la sociedad argentina, una vez más, paga el precio.
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