Ante la masiva movilización de jubilados y el apoyo creciente de sindicatos y movimientos sociales, el Gobierno de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich insisten en la represión como única respuesta. Con un discurso maniqueo y sin pruebas, buscan justificar la violencia policial y criminalizar la protesta. ¿Es esta la democracia que prometieron?
El próximo miércoles, las calles de Buenos Aires volverán a ser testigo de un enfrentamiento desigual: por un lado, miles de jubilados, acompañados por gremios, organizaciones sociales y movimientos políticos, marcharán hacia el Congreso para reclamar por sus derechos; por el otro, el Gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prometen «más de lo mismo»: palos, gases lacrimógenos y balas de goma.
La semana pasada, la represión desmedida de las fuerzas de seguridad dejó más de 100 detenidos, decenas de heridos y un fotoperiodista, Pablo Grillo, en estado crítico tras recibir un impacto de gas lacrimógeno en el rostro. Sin embargo, lejos de reflexionar sobre el uso excesivo de la fuerza, el Gobierno ha decidido redoblar la apuesta. «Estamos preparados para lo que venga», desafían desde la Casa Rosada, mientras Bullrich anuncia «sorpresas» para el próximo operativo.
Pero, ¿qué hay detrás de esta escalada represiva? ¿Es realmente una respuesta a la «violencia» de los manifestantes, como alega el Gobierno, o se trata de una estrategia para silenciar el descontento social que crece día a día?
En un intento por justificar la represión, Bullrich presentará este lunes un proyecto de ley «antibarras», que busca sancionar a las barrabravas como «asociaciones ilícitas» y responsabilizar a los dirigentes de los clubes de fútbol por sus acciones. Sin embargo, este proyecto llega en un momento en que no hay pruebas de la presencia de barras bravas en las últimas movilizaciones. De los 114 detenidos durante la represión del miércoles pasado, ninguno tenía antecedentes como barrabrava.
Esta medida, más que una solución a un problema real, parece ser una cortina de humo para desviar la atención de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Además, refleja la tendencia del Gobierno a criminalizar la protesta social, equiparando a los manifestantes con delincuentes y utilizando un discurso maniqueo que divide a la sociedad entre «buenos» y «malos».
El Gobierno no solo ha fallado en presentar pruebas concretas para justificar su accionar, sino que también ha recurrido a la desinformación y la manipulación. Bullrich ha acusado a «Juan Grabois, los peronistas y la izquierda» de querer «convertir los miércoles en un día del horror», y ha mencionado a supuestos «barras de Newell’s y Central» como parte de una «narcopolítica».
Estas declaraciones, carentes de fundamentos, buscan estigmatizar a los movimientos sociales y a la oposición política, presentándolos como enemigos internos que amenazan la estabilidad del país. Sin embargo, lo que realmente amenaza la democracia no son los jubilados que reclaman por sus pensiones, ni los sindicatos que defienden los derechos laborales, sino un Gobierno que responde con violencia a las demandas legítimas de su pueblo.
Frente a esta escalada represiva, la resistencia no ha hecho más que crecer. Este miércoles, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), movimientos piqueteros y partidos de izquierda acompañarán a los jubilados en su marcha al Congreso. Además, gremios como La Bancaria y la Federación Gráfica Bonaerense, junto con la Juventud Sindical de la CGT, han confirmado su participación.
La movilización no solo busca denunciar el desmedido uso de la fuerza por parte del Estado, sino también exigir justicia por Pablo Grillo y rechazar el proyecto de ley «antibarras», que muchos ven como un intento más de criminalizar la protesta.
El clima social se ha vuelto cada vez más tenso para el oficialismo. Mientras la popularidad de Milei continúa en caída libre, el Gobierno insiste en que la represión es la única forma de mantener el orden. «A nosotros un 2017, no», espetan desde el entorno presidencial, en referencia al declive de Mauricio Macri tras la represión de las protestas contra la reforma previsional.
Sin embargo, esta estrategia de mano dura no solo no ha logrado amedrentar a los manifestantes, sino que ha fortalecido la unidad de los sectores populares. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más podrá sostenerse un Gobierno que responde con violencia a las demandas de su pueblo?
Este miércoles, mientras los jubilados y sus aliados marchan hacia el Congreso, el mundo estará observando. Y la respuesta del Gobierno, ya sea con más represión o con un gesto de diálogo, definirá el rumbo de una democracia que parece estar al borde del abismo.
En un contexto de creciente descontento social, el Gobierno de Milei y Bullrich ha optado por la represión y la criminalización de la protesta como única respuesta. Sin embargo, la resistencia no ha hecho más que crecer, y este miércoles será una nueva prueba de fuego para un oficialismo que parece haber olvidado que, en una democracia, la violencia nunca puede ser la respuesta.
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