La represión tiene responsables: el cabo 1° Guerrero de la Unidad 6 del SEI. Una investigación colectiva desarmó el encubrimiento y señaló al tirador que hirió gravemente al fotógrafo durante la brutal represión frente al Congreso. La responsabilidad llega hasta la cúpula de Gendarmería y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La represión ordenada por el Gobierno de Javier Milei el miércoles pasado contra la marcha de jubilados no solo dejó decenas de detenidos injustamente, sino también un brutal episodio de violencia institucional que el oficialismo intentó ocultar. Sin embargo, la verdad se impuso: tras una investigación colectiva realizada por el equipo de Mapa de la Policía, con el apoyo de Crisis Revista, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización ARGra, fue identificado el gendarme que le disparó a Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido en la cabeza.
¿Quién le disparó a Pablo Grillo?
— Mapa de la Policía (@mapadelapolicia) March 17, 2025
Desde el Mapa de la Policía, realizamos una segunda reconstrucción en donde identificamos al tirador que hirió gravemente a Pablo.
Esto fue posible gracias a la participación colectiva de quienes aportaron nuevas evidencias sobre el hecho.
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El efectivo en cuestión es el cabo 1 Guerrero, perteneciente a la Unidad 6 del Servicio de Especialidades de Intervención (SEI). Su accionar quedó registrado en diversas grabaciones y fotografías aportadas por ciudadanos comprometidos con la verdad, que lograron reconstruir el momento en que abrió fuego contra Grillo en un acto de represión indiscriminada. Este hallazgo derrumba la versión oficial de Patricia Bullrich, quien negó sistemáticamente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y buscó instalar la narrativa de un operativo «legítimo» frente a supuestos «violentos».
Pero la identificación del tirador es solo la punta del iceberg. La investigación también reveló la cadena de mando involucrada en la represión, evidenciando que la actuación de Guerrero no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de control y disciplinamiento social dirigida desde la cúpula de Gendarmería. En la línea de responsabilidad aparecen jefes operativos que ordenaron el accionar represivo, avalados por la ministra Bullrich, quien, lejos de condenar la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos y periodistas, la justificó con el habitual discurso de «mano dura».
La represión contra las protestas no es una excepción en el gobierno de Milei, sino una política sistemática orientada a criminalizar la disidencia y el derecho a la protesta. La identificación de Guerrero y la exposición de la cadena de mando representan un golpe al relato oficialista y ponen en evidencia el verdadero rostro autoritario de esta administración.
A pesar del silencio cómplice de sectores del poder y de los intentos de encubrimiento, la sociedad civil demostró que la verdad no se puede ocultar. La reconstrucción de los hechos es el primer paso hacia la justicia y una advertencia para quienes, desde el poder, creen que pueden reprimir impunemente. La historia está en nuestras manos, y la exigencia es clara: justicia para Pablo Grillo y para todas las víctimas de la violencia estatal.
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