El cabo primero Guerrero, de la Sección de Empleo Inmediato de la Gendarmería, fue identificado como el responsable del disparo de gas lacrimógeno que dejó en estado crítico al fotógrafo. Imágenes y testimonios confirman el uso letal de la fuerza, avalado por el Ministerio de Seguridad. Un operativo represivo sin control, efectivos disparando a discreción y un gobierno que alienta la brutalidad policial. La identificación del gendarme Guerrero solo confirma lo que era evidente: el ataque contra manifestantes no fue un error, sino una política de Estado.
La represión del gobierno de Javier Milei sigue dejando marcas imborrables. Esta vez, la identificación del cabo primero Guerrero, legajo 103.208 de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), como el efectivo que disparó el proyectil de gas lacrimógeno que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, desnuda el nivel de violencia institucional avalada por el Ministerio de Seguridad. No se trató de un exceso aislado, sino de un accionar sistemático donde las fuerzas de seguridad se sienten impunes para disparar a discreción contra la población civil.
La identificación de Guerrero fue posible gracias a un trabajo minucioso del colectivo Mapa de la Policía, que cruzó registros audiovisuales, testimonios y pericias técnicas para determinar la responsabilidad del efectivo. La evidencia es contundente: el disparo ocurrió a las 17:18:05, dirigido en línea recta y sin rebotes intermedios. Se trata de una acción letal, prohibida por los manuales de las propias fuerzas de seguridad.
La brutalidad de la represión no puede desligarse de la política de Patricia Bullrich, quien comandó el operativo desde el Comando Unificado instalado en el propio Ministerio de Seguridad. Con el cinismo que la caracteriza, Bullrich intentó relativizar los hechos y sembrar dudas sobre la trayectoria del disparo, pero los videos la desmienten: el proyectil salió en línea recta, con el único objetivo de causar daño.
La identificación del gendarme Guerrero no es un dato menor. Pertenece a la Sección de Empleo Inmediato (SEI), una unidad de elite encargada de actuar en manifestaciones, cuyos integrantes reciben entrenamiento especial para el uso de armamento antidisturbios. Por protocolo, las pistolas lanzagases están en manos de efectivos con experiencia, lo que confirma que Guerrero sabía exactamente lo que hacía al disparar en línea recta.
El informe también revela un dato escalofriante: no solo Guerrero disparó de manera letal, sino que otros gendarmes y policías federales hicieron lo mismo. Imágenes desde diferentes ángulos muestran a efectivos lanzando gases lacrimógenos de manera horizontal, violando todos los protocolos de seguridad.
En gobiernos anteriores, un accionar de este tipo hubiera significado la expulsión inmediata del responsable. Hoy, bajo el paraguas de Bullrich, los represores se sienten impunes, envalentonados por una ministra que los alienta a «cazar zurdos» y «restablecer el orden» a fuerza de golpes y balas de goma.
No es casualidad que la represión del gobierno de Milei tenga estas características. Desde su asunción, el discurso oficial se ha centrado en la estigmatización de la protesta social y la glorificación de la mano dura. La identificación de Guerrero solo confirma que la violencia es una política de Estado.
Detrás de cada operativo hay nombres y responsables. El director de la Gendarmería, Claudio Brilloni, estuvo en el lugar de los hechos mientras sus subordinados disparaban contra manifestantes. También lo estaba el comisario inspector Gerardo Perillo, habitual ejecutor de la represión contra movilizaciones sociales. Ambos deberían estar imputados por tentativa de homicidio.
Las consecuencias del descontrol policial quedaron expuestas cuando un efectivo de la Policía de la Ciudad terminó internado por un disparo de otro policía. En la confusión del operativo, los propios uniformados resultaron víctimas de la violencia que ellos mismos desataron.
La situación de Pablo Grillo es crítica. Su estado de salud es consecuencia directa de una estrategia represiva que prioriza el uso indiscriminado de la fuerza sobre cualquier consideración legal o humanitaria. La pregunta que sigue en el aire es si la justicia actuará con la misma dureza que Bullrich exige contra los manifestantes o si, como tantas otras veces, la impunidad será la regla.
En un país donde la protesta social se criminaliza y la violencia estatal se celebra, el caso de Grillo es una advertencia de lo que vendrá. La represión tiene nombre y apellido, y la responsabilidad política también. Si nadie frena este avance autoritario, el próximo disparo podría alcanzar a cualquiera.
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