La CGT endurece su postura y desafía a Milei: paro nacional y movilizaciones en abril, el Gobierno busca desactivar la protesta sin éxito.
La Confederación General del Trabajo ratificó un plan de lucha con movilizaciones el 9 de abril y una huelga general el día 10. Con una larga lista de reclamos, los sindicatos denuncian la paralización de la obra pública, la licuación salarial y la represión estatal. Mientras la Casa Rosada intenta presionar para frenar la protesta, el sindicalismo advierte que no hay margen para la negociación.
La CGT lanzó un ultimátum al Gobierno y encendió todas las alarmas en la Casa Rosada. En una reunión clave de su Consejo Directivo, la central obrera confirmó que el 9 de abril se realizará una masiva movilización y que el 10 se llevará a cabo un paro general de 24 horas en rechazo a las políticas económicas del presidente Javier Milei. «Este paro no se levanta», sentenció el cosecretario general, Héctor Daer, marcando el tono desafiante de la organización sindical frente a la embestida del Gobierno contra los derechos laborales.
La decisión llega en un contexto de creciente conflictividad social, con despidos masivos en el sector público y privado, la licuación de los salarios y una inflación descontrolada que pulveriza el poder adquisitivo de los trabajadores. «No hay plan de empleo, no hay obra pública, no hay política de salud ni de educación, y encima quieren quebrar la negociación paritaria», denunció Daer, quien advirtió que el ajuste libertario está destruyendo la economía real mientras beneficia a los especuladores financieros.
Entre los reclamos centrales de la medida de fuerza está la reactivación de la obra pública, paralizada por el Ejecutivo en su afán de «ajustar el gasto». Según la CGT, muchas construcciones, incluidas viviendas y hospitales, están en un 80% de avance y dejarlas inconclusas será más costoso que finalizarlas. Además, exigen la inmediata reapertura de paritarias sin techo, la restitución del bono para jubilados y la actualización de las asignaciones familiares.
El sindicalismo también pondrá sobre la mesa la creciente criminalización de la protesta y la brutal represión estatal. La CGT expresó su respaldo a Pablo Grillo, el fotoperiodista salvajemente golpeado por la Policía en una movilización reciente. «No vamos a tolerar que se persiga a los trabajadores ni a la prensa», sentenciaron desde Azopardo.
Mientras la organización obrera avanza con su plan de lucha, el Gobierno intenta apagar el incendio. Según trascendió, la Casa Rosada encomendó al ministro del Interior, Guillermo Francos, la tarea de convencer a los gremios de levantar la protesta. Sin embargo, las chances de una negociación son nulas. «No hay diálogo con este Gobierno porque no hay voluntad de escuchar», subrayaron fuentes sindicales.
La protesta del 9 y 10 de abril no será un hecho aislado. La CGT también confirmó su participación en la movilización del 24 de marzo y anunció una gran marcha para el 1º de mayo en defensa de los derechos laborales. Con esta agenda de lucha, los sindicatos buscan construir un dique de contención ante el intento del oficialismo de desmantelar la estructura del trabajo organizado.
En este escenario, el interrogante es si el Gobierno entenderá la dimensión del conflicto o si seguirá apostando a la confrontación. La indiferencia de Milei frente a los reclamos sociales y su desprecio hacia los gremios auguran un enfrentamiento prolongado. El 10 de abril, el país se detendrá y las calles se convertirán en el epicentro de una disputa política que definirá el rumbo del modelo económico libertario.
El mensaje de la CGT es claro: no habrá tregua mientras continúe el ajuste. La pregunta es cuánto tiempo más podrá el Gobierno sostener su ofensiva antes de que el estallido social se haga inevitable.
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