Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, se deshace de los responsables inmediatos mientras oculta la raíz del descalabro. En medio de mentiras, datos falsos y agresiones a los jubilados, el gobierno de Javier Milei muestra su verdadera cara: un aparato estatal desorganizado, violento y en manos de quienes no tienen la capacidad de gestionar la seguridad de los ciudadanos.
La represión brutal a los jubilados el 12 de marzo de 2025 no fue un accidente ni un error aislado. Fue la culminación de una serie de decisiones desacertadas, de una gestión incompetente y de una falta total de control sobre las fuerzas de seguridad por parte del gobierno de Javier Milei. La reciente salida del Director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Ricardo José Ferrer, ha encendido aún más las alarmas sobre la crisis de seguridad que atraviesa Argentina. Un escándalo de proporciones en el que la violencia estatal se disfraza de «orden» y donde la verdad parece ser lo último en la lista de prioridades del oficialismo.
El episodio del 12 de marzo fue desgarrador: jubilados, trabajadores y ciudadanos pacíficos fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad, bajo la supervisión directa de la ministra Patricia Bullrich. En la confusión de esa jornada, Bullrich no dudó en culpar a su Director de Inteligencia Criminal, Ferrer, por los errores cometidos durante la represión. Sin embargo, lejos de ser una solución, este movimiento parece una táctica para desviar la atención de lo que realmente ocurrió esa tarde: la gestión fallida, los informes falsos y la responsabilidad directa de quienes deben garantizar la seguridad de los argentinos.
Ferrer, según los informes internos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, era responsable de coordinar las operaciones de inteligencia en las marchas. Pero en lugar de proporcionar datos confiables, Ferrer generó una serie de informes falsos que rápidamente se desmintieron. Desde la identificación errónea del fotógrafo Pablo Grillo, quien según Ferrer era un empleado de la Municipalidad de Lanús (mentira desmentida casi de inmediato), hasta la falacia de que los 114 detenidos de esa jornada tenían antecedentes penales (cuando solo 13 tenían algún tipo de historial), todo fue un caos de desinformación que no solo puso en evidencia la incompetencia del Ministerio, sino también la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad bajo su mando.
Es importante señalar que el despido de Ferrer no fue una sorpresa para quienes están dentro del sistema de seguridad. Según fuentes cercanas, su gestión estaba marcada por la impuntualidad, la ausencia constante y el abuso de sus vínculos personales con Bullrich, lo que le permitió viajar al extranjero con el pretexto de «asuntos laborales». La razón de su despido, sin embargo, no fue su falta de presencia o su ineficiencia en las reuniones, sino que se convirtió en un chivo expiatorio de la debacle de información que ocurrió durante los operativos. Y aunque se lo acuse de ser responsable de la «desastrosa» represión, la realidad es que el operativo estuvo bajo el control total de la ministra Bullrich, quien, desde la sede del Ministerio, supervisó las acciones de las fuerzas de seguridad.
La represión fue, en su núcleo, una muestra de violencia innecesaria. Las imágenes de los efectivos disparando gases lacrimógenos de manera horizontal y el golpe a Beatriz Blanco, una jubilada de 81 años que fue golpeada brutalmente en la cabeza, dejaron claro que la violencia no fue una respuesta proporcional ni justificada. En lugar de abordar la situación con sensatez y un manejo adecuado de la protesta, el gobierno optó por usar la fuerza de manera excesiva y desproporcionada. Esto no solo provocó heridos y caos, sino que además expuso la falacia de los informes oficiales: los detenidos no eran barrabravas, como se había dicho, y Beatriz Blanco no era una «patotera», como se intentó pintar en los informes de la policía.
Lo peor de todo es que la información oficial fue manipulada y tergiversada. El parte policial sobre el incidente de Blanco, confeccionado por el comisario Romualdo Coronel, era un claro ejemplo de cómo se trató de ocultar la responsabilidad de los efectivos. El informe omitió detalles cruciales sobre la agresión y no mencionó a los agresores, lo que demuestra la complicidad de las autoridades para encubrir los actos de violencia estatal. La jueza Karina Andrade, al revisar el caso, no dudó en señalar que el informe policial estaba incompleto, lo que dejaba claro que la policía no solo falló en el manejo del operativo, sino que también intentó cubrir los rastros de la brutalidad.
La gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad ha sido desastrosa desde el principio. No solo ha demostrado una incapacidad absoluta para manejar las crisis sociales, sino que también ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con impunidad, sin ningún tipo de control o supervisión. La ministra ha sido incapaz de ofrecer pruebas consistentes de que los operativos fueron adecuados y, en su lugar, se ha limitado a culpar a otros, como Ricardo Ferrer, en un intento desesperado de desviar la atención de su propia responsabilidad. La falta de transparencia, la desinformación y la violencia institucional son la verdadera marca del gobierno de Javier Milei.
Lo que está en juego es mucho más que un simple error de cálculo en la represión a los jubilados. Lo que se está poniendo en evidencia es una estructura de poder que se maneja a base de mentiras, falsificaciones y la omisión de responsabilidades. En lugar de garantizar la seguridad de la ciudadanía, el gobierno de Milei se ha dedicado a ocultar la verdad, manipular los hechos y desviar la atención hacia chivos expiatorios. El despido de Ferrer no resuelve el problema fundamental de la falta de capacidad y coordinación dentro del Ministerio de Seguridad, ni la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
En el fondo, lo que se busca con este tipo de maniobras es culpar a los demás, desentenderse de la responsabilidad directa y mantener una imagen de orden y control. Pero las imágenes de los jubilados golpeados, los reportes falsos y la falta de acción judicial ante los abusos son la verdadera cara del gobierno de Javier Milei: un gobierno que no sabe manejar las protestas sociales y que recurre a la violencia y la desinformación para mantenerse en el poder.
El gobierno de Javier Milei, encabezado por Patricia Bullrich, ha demostrado que la represión no es una solución. La violencia institucional, la falta de transparencia y la manipulación de la información son los pilares de una gestión que se aleja cada vez más de los valores democráticos. Mientras la sociedad exige respuestas, el gobierno sigue mintiendo, ocultando y culpando a otros. Pero la verdad siempre sale a la luz, y lo que se esconde tras el despido de Ferrer y las falsas acusaciones contra los manifestantes es la incapacidad de un gobierno para gestionar la seguridad de manera justa y efectiva.
Fuentes:
Deja una respuesta