En 2025, el panorama de la lucha por los derechos de las mujeres en Argentina parece haberse transformado en un campo de batalla donde los avances alcanzados durante décadas están siendo desmantelados. Clara Santamarina, abogada de ‘La Casa del Encuentro’, en diálogo con Andrea Recúpero en AM530, Somos Radio, ha trazado un análisis desolador sobre el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei en este ámbito.
“Antes, los femicidios se consideraban crímenes pasionales. Trabajamos mucho para erradicar esto”, recordó Santamarina, subrayando el arduo camino recorrido para instalar una perspectiva que reconociera la violencia de género como un problema estructural. Sin embargo, lo que parecía una política de Estado consolidada ha sido desmantelado en pocos meses.
(AUDIO) Clara Santamarina (Casa del Encuentro): «Tenemos un femicidio cada 27 horas»
Eliminar el agravante por femicidio de las figuras legales no solo es un retroceso simbólico, sino una herramienta que condena a las víctimas a la desprotección jurídica. El argumento oficial del gobierno de Milei, que asegura que la medida no implica impunidad, ha sido ampliamente cuestionado por especialistas en derecho y género. “Que desaparezca el agravante no quiere decir que los casos queden impunes, pero sí diluye el carácter específico de la violencia de género, borrando su dimensión sistémica”, afirmó Santamarina.
En este nuevo escenario, no sorprende que figuras como el economista y asesor oficial Carlos Adorni afirmen sin datos concretos que “los femicidios han bajado”. Santamarina fue categórica: “No tengo idea qué estadísticas utiliza Adorni como para decir que bajan los femicidios”. Las declaraciones del asesor, lejos de ofrecer claridad, revelan una estrategia gubernamental para minimizar el problema, negando su gravedad mientras se desmantelan las estructuras destinadas a enfrentarlo.
Desde 2015, la Corte Suprema de Justicia publica un informe anual sobre femicidios. Estos datos han sido cruciales para visibilizar la violencia extrema que sufren las mujeres en el país. Sin embargo, bajo la actual administración, los informes no solo han sido desfinanciados sino también cuestionados públicamente. Este movimiento responde a un plan más amplio que, según Santamarina, busca desarticular la lucha feminista y desacreditar a sus protagonistas.
“Es muy desesperante volver a discutir esto en 2025. Pensábamos que era una política de Estado”, lamentó la abogada, resaltando la angustia de enfrentar un retroceso que hace apenas unos años parecía imposible.
La eliminación de herramientas legales no es la única medida preocupante. La narrativa impulsada desde el oficialismo ha reinstalado discursos que décadas atrás eran comunes, como la idea de que los femicidios son incidentes aislados o “crímenes pasionales”. Este retroceso discursivo, acompañado de medidas concretas, pone en evidencia lo que Santamarina denomina “un plan sistemático para desacreditar la lucha de las mujeres”.
Las acciones del gobierno de Milei también han tenido un impacto devastador en los refugios y programas de asistencia a víctimas. Organizaciones como ‘La Casa del Encuentro’ han denunciado recortes presupuestarios que dificultan la atención a mujeres en situación de violencia. “Ya no es una cuestión discursiva, son medidas puntuales”, advirtió Santamarina, señalando que la falta de fondos no solo limita la capacidad de respuesta, sino que expone a las víctimas a una mayor vulnerabilidad.
En un contexto donde el oficialismo acusa a las organizaciones feministas de “ideologización” y manipulación de datos, las denuncias por violencia de género enfrentan un clima de deslegitimación. “El falso testimonio está penado, si alguien miente puede ser denunciado”, explicó Santamarina, desmontando uno de los argumentos recurrentes del gobierno para desacreditar a las víctimas y sus defensores.
Sin embargo, esta deslegitimación no se limita a lo judicial. Desde los medios alineados con el oficialismo, la violencia de género es presentada como un problema sobredimensionado, cuando no directamente como una invención. Este discurso no solo invisibiliza a las víctimas, sino que refuerza un entorno de permisividad hacia los agresores.
El gobierno de Javier Milei ha logrado en pocos meses lo que parecía imposible: reinstalar el paradigma de los “crímenes pasionales” y borrar del debate público la perspectiva de género como eje central para abordar la violencia contra las mujeres. Las declaraciones de Clara Santamarina no solo denuncian este retroceso, sino que también llaman a la acción: “Es muy angustiante que después de tantos años tengamos que volver a hablar de esto”.
Argentina enfrenta un momento crucial. La lucha feminista, que parecía haber alcanzado conquistas irrenunciables, hoy se encuentra en peligro de ser relegada al olvido. La pregunta que queda es si como sociedad estamos dispuestos a aceptar este retroceso o si seremos capaces de resistirlo.
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