Mientras la causa avanza lentamente en la Justicia, nuevos detalles del fraude revelan la red de complicidad política, judicial y mediática que protegió a los responsables del vaciamiento de la agroexportadora.
El director del documental Cuellos Blancos: el caso Vicentin, Andrés Cedrón, expone las maniobras fraudulentas que llevaron al desfalco millonario de la empresa, su impacto en la economía nacional y la impunidad que sigue beneficiando a sus responsables. El entramado de poder que sostiene el saqueo de Vicentin se extiende desde los grandes medios hasta la Justicia, mientras el gobierno de Javier Milei, fiel a su ideología neoliberal, elige mirar hacia otro lado.
El fraude de Vicentin es una de las mayores estafas económicas de la historia argentina, pero su investigación sigue sepultada por el blindaje mediático y la connivencia judicial. La empresa, que llegó a ser la mayor agroexportadora del país, defraudó a sus acreedores y al Estado, generando un perjuicio de al menos 700 millones de dólares. Sin embargo, la atención pública y política sobre el caso se diluyó con el tiempo, dejando un reguero de impunidad a su paso.
En una reciente entrevista con Bonavitta en 530, Andrés Cedrón, director del documental Cuellos Blancos: el caso Vicentin, expuso el mecanismo de saqueo y la red de complicidad que protegió a los responsables. «La justicia sólo avanza cuando la presión es insostenible. Los grandes medios, que recibieron sobornos de la empresa, han hecho todo lo posible por desviar la atención de este fraude», afirmó el realizador.
La trama de Vicentin se sostiene sobre tres pilares: el vaciamiento económico, la protección judicial y la cobertura mediática cómplice. La empresa estafó a sus acreedores mientras sus directivos desviaban fondos al extranjero y compraban voluntades en la justicia santafesina. «Los mismos que hoy defienden el ajuste de Milei son los que callan sobre esta estafa», denunció Cedrón.
El desfalco y la protección judicial
El caso Vicentin se complica aún más cuando se analiza la maniobra judicial que permitió la impunidad de sus responsables. De los 19 imputados, cuatro exdirectivos fueron detenidos recientemente, aunque la investigación ha sido frenada una y otra vez por jueces y fiscales cercanos a la empresa. «La propuesta de pago de la empresa era una burla: querían abonar las deudas con un dólar congelado a febrero de 2020, a 60 pesos, y a plazos ridículos», explicó Cedrón.
El magistrado a cargo del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, tiene vínculos directos con la familia fundadora de Vicentin. No solo su apellido aparece entre los documentos históricos de la empresa, sino que también fue empleado del Banco Nación en Reconquista, la misma sucursal que facilitó los créditos impagos de la agroexportadora. «Es una justicia hecha a medida de los poderosos, donde los mismos jueces que debían investigar el fraude lo encubrieron», aseguró Cedrón.
La intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, que finalmente trasladó la causa a Rafaela, fue una bocanada de aire fresco para los acreedores. Sin embargo, la lentitud del proceso y las constantes maniobras dilatorias reflejan que la impunidad sigue siendo la regla. «El gobierno de Milei no mueve un dedo para recuperar ese dinero. Al contrario, protege a los mismos empresarios que estafaron al Estado», agregó el director del documental.
El blindaje mediático: cómplices en la desinformación
El rol de los medios de comunicación en el caso Vicentin es clave. Cedrón reveló que dos periodistas recibieron sobres con dinero para minimizar la cobertura del fraude. «No es casualidad que el tema haya desaparecido de la agenda. Los grandes medios fueron financiados para instalar la versión de que el intento de estatización de la empresa por parte del gobierno de Alberto Fernández era una amenaza al sector privado», explicó.
El blindaje mediático de Vicentin fue un factor determinante para frenar cualquier intento de intervención estatal. Cuando en 2020 se planteó la expropiación de la empresa, los grandes medios y los lobbistas del sector agroexportador construyeron un relato apocalíptico, manipulando la opinión pública en contra de la medida. «Se generó un discurso donde la intervención estatal era vista como un atropello, cuando en realidad era la única forma de evitar el vaciamiento», afirmó Cedrón.
Milei y la protección del saqueo
Mientras la investigación judicial sigue su curso con marchas y contramarchas, el gobierno de Javier Milei ha decidido ignorar deliberadamente el caso. En su afán de desmantelar al Estado, el libertario cierra los ojos ante una de las mayores estafas financieras del país. «El discurso de la ‘casta’ se desmorona cuando se trata de proteger a empresarios corruptos», señaló Cedrón.
El vaciamiento de Vicentin no solo perjudicó a los acreedores, sino que tuvo un impacto directo en la economía nacional. La empresa era clave en la generación de divisas, y su fraude no hizo más que profundizar la crisis financiera del país. Sin embargo, el gobierno de Milei, en lugar de exigir justicia, prefiere mantener la impunidad de los grandes empresarios. «No hay reforma del Estado, solo protección a los mismos de siempre», concluyó el director del documental.
Conclusión: una causa que no debe caer en el olvido
El caso Vicentin es el reflejo de un sistema donde el poder económico, judicial y mediático se entrelazan para garantizar la impunidad de los saqueadores del país. Mientras los trabajadores y jubilados sufren los embates del ajuste de Milei, los responsables de una de las mayores estafas financieras de la historia argentina siguen libres, protegidos por el blindaje político y mediático.
El documental Cuellos Blancos pone en evidencia las conexiones que hicieron posible este fraude y la necesidad de una investigación real e independiente. No se trata solo de Vicentin, sino del modelo de impunidad que sigue vigente en Argentina. El saqueo continúa, y la indiferencia del gobierno libertario solo confirma que la justicia sigue siendo un privilegio para los poderosos.
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