Las facturas de electricidad y gas subirán hasta un 1,8% en abril, sumándose a una escalada de incrementos sistemáticos que duplicaron el costo de los servicios en un año. El gobierno de Javier Milei pospone la Revisión Quinquenal de Tarifas para mayo, pero ya prepara ajustes mensuales automáticos.
El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su política de tarifazos progresivos. A partir de abril, las boletas de luz y gas aumentarán un 1,7% y un 1,8%, respectivamente, en un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a una estrategia de ajuste sostenido que, según los especialistas, busca trasladar el costo de los servicios públicos íntegramente a los usuarios sin contemplaciones.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei implementó un esquema de aumentos constantes que, en poco más de un año, duplicó el costo de la canasta básica energética de una familia tipo. «El gobierno no quiere asumir el costo político de un tarifazo masivo, pero lo hace por goteo», explica Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales y del Foro Multisectorial contra los Tarifazos. Mientras tanto, las empresas transportadoras y distribuidoras energéticas continúan presionando por subas aún mayores, algunas de hasta el 10%.
El incremento en las tarifas de abril es solo un adelanto de lo que viene. El gobierno postergó para mayo la aplicación de la Revisión Quinquenal de Tarifas, que fijará aumentos mensuales automáticos por los próximos cinco años. En este esquema, las empresas también deberán cumplir con estándares de inversión, aunque la historia demuestra que muchas de ellas reciben los incrementos sin que se traduzcan en mejoras en el servicio. A esto se suma la posibilidad de ajustes adicionales por variaciones en el tipo de cambio, lo que podría derivar en facturas aún más elevadas en los próximos meses.
Mientras Milei y su equipo justifican estos aumentos con el argumento de reducir el déficit fiscal, la realidad es que el impacto se siente con fuerza en los sectores más vulnerables. “Hoy una familia promedio destina 150.000 pesos al pago de servicios públicos, una cifra comparable a la de cualquier servicio privado”, advierte Manzi. De este modo, el acceso a la energía deja de ser un derecho y pasa a convertirse en un lujo para muchos hogares argentinos.
La situación se agrava con la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, decretada por el Ejecutivo el 1° de abril. Este fondo, que hasta diciembre contaba con un saldo positivo de 61.300 millones de pesos, se destinaba a financiar obras en el sistema de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país. Sin embargo, el gobierno decidió desmantelarlo, redirigiendo los fondos al Ministerio de Economía. «Es un acto desesperado por la situación financiera nacional», sostiene Manzi, advirtiendo que la medida podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico a futuro.
El ajuste también alcanza a las zonas frías del país, donde el gobierno incrementó el recargo en las tarifas de gas para financiar subsidios a los consumos residenciales. A partir del 1° de abril, el recargo será del 6% sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Sin embargo, lejos de ser un alivio para los usuarios, esta medida implica un aumento en los costos generales de distribución del gas, lo que se traducirá en nuevas subas en las boletas.
El patrón es claro: mientras Milei avanza con su plan de ajuste, los hogares argentinos ven cómo sus ingresos se diluyen entre facturas cada vez más caras. Los tarifazos son una constante y el impacto en el poder adquisitivo es innegable. A pesar de la retórica libertaria, la realidad demuestra que el gobierno no solo mantiene la lógica del ajuste, sino que la profundiza con mecanismos cada vez más sofisticados para trasladar los costos a la población. La pregunta no es si las tarifas seguirán subiendo, sino hasta dónde llegará el límite del bolsillo de los argentinos antes de que el malestar se transforme en resistencia.
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