La polémica por la destrucción de documentos históricos de la Armada Argentina revela complicidades y negligencias en las causas de lesa humanidad bajo el gobierno de Javier Milei.
(Por Walter Onorato) En un contexto marcado por el ajuste y el desmantelamiento institucional, la autorización para triturar archivos de la Armada genera alarma en organismos de derechos humanos, legisladores y la sociedad civil. La jugada encierra riesgos irreversibles para la memoria, la verdad y la justicia, mientras la justicia federal sigue sin tomar decisiones contundentes.
La Armada Argentina se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, no por maniobras militares, sino por una decisión que amenaza con borrar trazos indelebles de su historia oscura: el traslado y destrucción de documentos del Archivo General de la Armada (AGA). Esta medida, comunicada en un mensaje reservado firmado por el capitán de navío Jorge Javier Raimondo, habilita la «depuración/selección» de archivos, es decir, su digitalización o, más preocupante, su trituración. Ante la gravedad del asunto, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que cubre el receso judicial, habilitó la feria para tratar el tema, pero evitó emitir una medida cautelar inmediata, dejando en suspenso la decisión clave hasta la reincorporación de Ariel Lijo, juez titular del caso.
Esta inacción judicial, en un país que construyó su democracia enfrentándose a la impunidad del terrorismo de Estado, es más que preocupante. La desaparición de estos documentos podría significar un golpe mortal para las causas de lesa humanidad que todavía están en trámite, además de cerrar la puerta a investigaciones futuras. No se trata solo de archivos, sino de piezas fundamentales de la historia que podrían exponer el accionar criminal de una fuerza militar durante la dictadura cívico-militar.
El AGA, ubicado en la calle Bolívar 1622, alberga 8 kilómetros lineales de documentos, entre los que se incluyen registros personales, boletines navales, memorias anuales y expedientes de la justicia militar. Este material ha sido vital para juicios históricos, como el que en 2017 condenó a los pilotos de los vuelos de la muerte. Sin embargo, bajo el gobierno de Javier Milei, donde los discursos de «modernización» y «eficiencia» se entremezclan con recortes y ataques a instituciones fundamentales, la decisión de depurar estos archivos parece encajar con una agenda más amplia de desmantelamiento estatal y desprotección de derechos.
La orden de traslado al llamado Garage Central, en la zona de Retiro, se justificó como parte de una reorganización logística, pero el trasfondo político es innegable. Para organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y figuras como la legisladora Victoria Montenegro, este traslado no es inocente. Montenegro, incluso, elevó la denuncia a las relatorías de Naciones Unidas, advirtiendo que esta acción podría obstaculizar gravemente las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
Desde distintos sectores, se ha señalado que la destrucción de los archivos no cuenta con la participación de expertos, ni se ha garantizado un control judicial efectivo del proceso de selección documental. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su preocupación, destacando que dejar esta tarea en manos de quienes podrían tener interés en borrar evidencias constituye una afrenta a la verdad y la justicia. «No podemos menos que cuestionar no solo los criterios de selección documental, sino también quiénes están detrás de esta maniobra», afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
AHORA!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 30, 2025
ALERTA MÁXIMA POR LA DESTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DE LA ARMADA!
Desde ATE presentamos un pedido de informes al Gobierno. A 40 años de la Dictadura, proponen seguir destruyendo pruebas y procurandole impunidad a los genocidas. El ministro @LuisPetri pretende “depurar” los… pic.twitter.com/X0SdQ5b4g6
En este sentido, la fiscalía general de Bahía Blanca, liderada por Miguel Palazzani, fue contundente: permitir la destrucción de estos documentos viola derechos y garantías constitucionales, así como tratados internacionales. Palazzani subrayó la importancia de estos archivos en causas clave, como las que investigan delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en otras jurisdicciones, como Mar del Plata y La Plata. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y los pronunciamientos de la Cámara Federal de Casación Penal refuerzan la obligación del Estado argentino de preservar esta documentación.
A pesar de los pedidos de medidas cautelares para frenar la destrucción de los archivos, la jueza Capuchetti se limitó a abrir la feria judicial, corriendo vista a las partes pero postergando la decisión hasta la reincorporación de Lijo. Esta dilación, en un contexto tan sensible, resulta difícil de justificar. Para los querellantes, el tiempo es crucial. Cada día que pasa sin una resolución definitiva aumenta el riesgo de que pruebas irremplazables desaparezcan para siempre.
El abogado Pablo Llonto, en representación de querellas como H.I.J.O.S.-Capital, ha señalado que esta demora podría favorecer la impunidad. «No hay margen para la especulación. La desaparición de estos documentos sería una tragedia para las víctimas, para la sociedad y para la democracia argentina», afirmó Llonto.
En este escenario, el gobierno de Javier Milei no es un actor neutral. Desde el inicio de su gestión, Milei ha impulsado una narrativa que minimiza los derechos humanos, priorizando una agenda de ajuste económico y desmantelamiento de políticas públicas. El intento de invisibilizar crímenes del pasado encaja perfectamente en esta lógica: se trata de borrar las huellas de un Estado represor en nombre de una supuesta «libertad» que solo beneficia a los sectores más poderosos.
La decisión de transferir y destruir documentos no puede analizarse fuera de este contexto. Con un sistema de memoria histórica ya debilitado por despidos masivos y el desfinanciamiento de sitios de memoria, el traslado del AGA es un golpe más a la capacidad del país para enfrentar su pasado y garantizar justicia.
La gravedad del asunto ha generado reacciones en el ámbito nacional e internacional, pero las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes. La intervención de organismos como la ONU y la movilización de sectores de la sociedad civil son cruciales para frenar esta maniobra. Sin embargo, el silencio y la inacción de ciertos sectores del Estado, incluida la justicia federal, plantean serias dudas sobre su compromiso con la verdad.
Lo que está en juego trasciende el destino de unos archivos: es el futuro de una democracia que se ha construido sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Si el gobierno de Javier Milei y las instituciones responsables no están a la altura de este momento histórico, será la sociedad quien deba recordárselos, en las calles, en los tribunales y en la opinión pública.
La destrucción de los archivos de la Armada no es solo una noticia. Es un símbolo de cómo el silencio y la complicidad pueden borrar el pasado y, con él, el futuro de la justicia.
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