El Bolsón en Llamas: Deja en evidencia las fallas en políticas de prevención de Incendios del gobierno nacional y provincial

Más de 1.600 hectáreas devastadas, 70 viviendas consumidas por las llamas y una gestión provincial y nacional que deja más interrogantes que respuestas frente a la emergencia ambiental.

Mientras los vecinos luchan por salvar lo poco que les queda y los brigadistas se enfrentan al fuego con recursos limitados, el gobierno de Javier Milei queda al margen de una catástrofe que desnuda la falta de políticas públicas para prevenir y enfrentar incendios forestales en Argentina.

La postal es desoladora: bosques transformados en cenizas, familias enteras evacuadas y un aire que se vuelve irrespirable en la región de El Bolsón. Desde el jueves, el incendio forestal que comenzó en el sendero del Cajón del Azul ha arrasado con más de 1.600 hectáreas, dejando un reguero de destrucción a su paso. Lo que para muchos era un paraíso natural, hoy se ha convertido en el epicentro de una tragedia que pone en evidencia la fragilidad de las políticas públicas frente a la creciente amenaza de los incendios forestales en Argentina.

El desastre, calificado como «monumental» por los propios vecinos, no solo ha reducido a cenizas viviendas y chacras, sino que también ha afectado estructuras fundamentales como una escuela y una salita de salud en Mallín Ahogado. Más de 100 familias han sido evacuadas, muchas de ellas con lo puesto, mientras el fuego sigue avanzando a una velocidad implacable, alimentado por los fuertes vientos y las altas temperaturas.

Aunque brigadistas, bomberos y voluntarios trabajan incansablemente para contener las llamas, el panorama sigue siendo crítico. Con apenas un helicóptero y un avión hidrante disponibles para una región en llamas, queda claro que los recursos destinados al combate de incendios son insuficientes. El titular del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Orlando Báez, no dudó en expresar su preocupación, mientras solicitaba con urgencia más apoyo logístico.

La participación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con apenas un hidroavión, es otra muestra de la precariedad estructural para enfrentar este tipo de emergencias. A pesar de la movilización de brigadistas y recursos desde Bariloche y otras localidades cercanas, la falta de una estrategia robusta y de largo plazo para prevenir y combatir incendios forestales queda al descubierto.

La emergencia en El Bolsón no es un caso aislado. Los incendios forestales en Argentina se han convertido en un problema recurrente, agravado por el cambio climático, pero también por la desidia gubernamental. En este contexto, el gobierno de Javier Milei ha optado por priorizar el ajuste fiscal y desmantelar programas clave, dejando a las provincias sin herramientas suficientes para prevenir y combatir este tipo de desastres.

Es imposible ignorar que, mientras las llamas consumen el paisaje patagónico, los recortes en áreas sensibles como el manejo de bosques y la prevención de incendios se vuelven una sentencia de muerte para comunidades enteras. La desarticulación de políticas públicas destinadas al cuidado ambiental y la falta de inversión en infraestructura de emergencia son decisiones que hoy cobran un precio altísimo.

A esto se suma la ausencia de un discurso oficial contundente que reconozca la magnitud del problema y proponga soluciones concretas. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, viajó a la zona afectada y participó en comités de emergencia, pero las acciones parecen llegar tarde y de manera insuficiente.

Si bien aún se investigan las causas del incendio, la simultaneidad de focos en la región levanta sospechas sobre su origen. No sería la primera vez que se señala la intencionalidad detrás de estos desastres, impulsada por intereses vinculados a la especulación inmobiliaria y la expansión de tierras para actividades comerciales.

La falta de regulaciones estrictas y la debilidad en la aplicación de las leyes ambientales no solo facilitan estos delitos, sino que también perpetúan un sistema que prioriza el lucro por encima del bienestar de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Más allá de las hectáreas quemadas, el verdadero impacto de esta tragedia se mide en las vidas arrasadas por el fuego. Familias que pierden sus hogares, niños que ven su escuela convertida en cenizas y trabajadores que enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán recuperar lo que el fuego les arrebató.

Los más de 1.500 turistas atrapados en las montañas y los vecinos que han tenido que autoevacuarse son un recordatorio de que las emergencias no discriminan. Sin embargo, la respuesta del Estado parece hacerlo, al priorizar intereses económicos y políticos por encima de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Mientras las llamas siguen avanzando, la inacción del gobierno de Javier Milei y la falta de una estrategia clara para abordar estas crisis se vuelven insostenibles. El desastre en El Bolsón no puede ser tratado como un evento aislado, sino como parte de una crisis ambiental y social más amplia que exige medidas inmediatas y a largo plazo.

Es hora de que el gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad. Invertir en prevención, fortalecer los sistemas de respuesta y garantizar la protección de los recursos naturales no es solo una cuestión de política pública, sino de humanidad.

Los incendios en El Bolsón son una tragedia que podría haberse mitigado con planificación y compromiso. Hoy, mientras las cenizas caen sobre la Patagonia, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué más tendrá que arder para que reaccionemos?