El presidente utilizó la muerte del repartidor para atacar a Axel Kicillof y esconder su propio vaciamiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. La brutalidad del crimen sirvió de excusa para discursos incendiarios mientras se niega a devolver los fondos que garantizarían una respuesta estatal efectiva.
La tragedia de Lucas Aguilar, el joven repartidor asesinado en Moreno, se convirtió en un nuevo episodio del cinismo político que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Desde su trinchera en redes sociales, el presidente se apresuró a convertir el crimen en una herramienta de ataque contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un discurso plagado de oportunismo y desinformación. Sin embargo, detrás de las acusaciones y las frases altisonantes, el libertario oculta su propia responsabilidad en la falta de seguridad en la provincia más populosa del país.
Mientras Milei levantaba la figura de Aguilar como «un héroe» y anunciaba la creación de la «Condecoración al Valor del Hombre Común», arremetía con furia contra la gestión de Kicillof, a quien responsabilizó directamente por la inseguridad en el conurbano bonaerense. «La desidia, la inoperancia y el garantismo del gobernador Kicillof están causando una catastrófica ola de inseguridad», sentenció el presidente en una publicación en X (ex Twitter). Pero en su cruzada mediática olvidó mencionar un pequeño detalle: desde su llegada al poder, el gobierno nacional retuvo ilegalmente 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad que corresponden a la provincia de Buenos Aires. Es decir, mientras Milei exige mayor acción contra el delito, se niega a liberar los recursos que harían posible esa acción.
Axel Kicillof, en una respuesta que no tardó en llegar, lo puso en evidencia: «Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia, podría empezar por devolver los fondos de seguridad de los que se apropió ilegalmente. La motosierra no lleva paz a los hogares». Y es que, al margen del show mediático, la administración libertaria ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El ajuste feroz llevado adelante por Milei también impacta en las fuerzas de seguridad, que ven recortadas sus partidas mientras el discurso oficialista exige una mayor represión.
La paradoja del relato mileísta es evidente: se presenta como el único líder capaz de «terminar con el caos», mientras siembra el caos con su gestión. La lógica de la destrucción estatal, bandera de su gobierno, es incompatible con la seguridad que dice promover. En lugar de reforzar las políticas de seguridad con medidas concretas, Milei se dedica a generar escándalos en redes sociales, desviando la atención sobre sus propias responsabilidades.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no se quedó atrás en la operación política y utilizó el caso para su propia cruzada ideológica. Con su habitual tono beligerante, acusó a Kicillof de «bancar a los criminales con su garantismo asesino» y de ser «cómplice del baño de sangre». Su estrategia es clara: instalar la idea de que el gobierno provincial protege a los delincuentes, mientras la administración nacional es la única que defiende a «los argentinos de bien». Un mensaje simplista, funcional al relato oficialista, pero incapaz de ocultar las contradicciones de un gobierno que recorta recursos esenciales y luego exige resultados.
El crimen de Lucas Aguilar es, efectivamente, una tragedia que duele. Pero el dolor de su familia y de la sociedad no puede ser usado como carne de cañón en una guerra política cínica y deshonesta. La seguridad de la provincia de Buenos Aires no se soluciona con discursos incendiarios ni con condecoraciones póstumas, sino con políticas serias, presupuesto adecuado y una estrategia integral.
Milei prefiere victimizarse y acusar a terceros antes que asumir su responsabilidad en el deterioro del Estado. Su gobierno ha elegido el camino del ajuste brutal, afectando a áreas críticas como la educación, la salud y, por supuesto, la seguridad. No hay voluntad de construir soluciones reales, solo de profundizar el conflicto como herramienta de manipulación electoral.
La pregunta que debería responder Milei no es cuántas medallas va a repartir para ocultar su inoperancia, sino cuándo va a devolver los recursos que por derecho corresponden a los bonaerenses. Porque si su verdadero interés fuera mejorar la seguridad, no estaría lucrando con la muerte de un joven para atacar a la oposición. Estaría haciendo lo que cualquier presidente responsable debería hacer: gobernar.
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