Flybondi: Kicillof la sancionó con una fuerte multa por sus cancelaciones masivas y denuncias

Con 2.400 reclamos en su contra, Flybondi acumula denuncias por cancelaciones, reprogramaciones y una pésima atención al cliente. Mientras la provincia de Buenos Aires actúa, el gobierno de Javier Milei parece mirar para otro lado, dejando en evidencia su desinterés por la defensa de los consumidores.

El gobierno de Axel Kicillof no se anda con chiquitas. En un movimiento que ha sacudido al sector aeronáutico, la provincia de Buenos Aires multó a Flybondi con más de $300 millones por “reiteradas infracciones” a la Ley de Defensa del Consumidor. La aerolínea low cost, que llegó al país con bombos y platillos durante la gestión de Mauricio Macri, acumula 2.400 reclamos por cancelaciones de vuelos, reprogramaciones sin aviso y una atención al cliente que deja mucho que desear. Pero más allá de la sanción, este caso pone en evidencia un problema mayor: la desregulación y el descontrol que caracterizan al gobierno de Javier Milei.

Flybondi, una de las aerolíneas más promocionadas por el macrismo, ha sido señalada como una de las seis empresas más denunciadas en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Producción bonaerense, la compañía no solo ha incurrido en prácticas que perjudican a los consumidores, sino que además ha incumplido con la obligación de publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de sus servicios. Esto, sumado a la “dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas”, ha dejado a miles de pasajeros en el limbo, con gastos adicionales en transporte, hoteles y paquetes turísticos que la empresa se niega a cubrir.

Pero lo más llamativo de este caso no es la multa en sí, sino la respuesta de Flybondi. La empresa anunció que impugnará la sanción, argumentando que la provincia de Buenos Aires no tiene jurisdicción en asuntos aeronáuticos. Según la compañía, la única autoridad competente es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), un organismo que, bajo la órbita del gobierno nacional, ha demostrado una preocupante falta de acción frente a las irregularidades del sector. ¿Es esta una muestra más de la desidia del gobierno de Milei para regular y proteger a los consumidores?

La realidad es que el caso Flybondi no es un hecho aislado. Desde que asumió el gobierno de Milei, se ha promovido un discurso de desregulación y liberalización económica que, en la práctica, ha dejado a los consumidores a merced de las empresas. Mientras el gobierno nacional se desentiende de sus responsabilidades, son las provincias las que deben tomar cartas en el asunto. En este contexto, la multa impuesta por el gobierno bonaerense no solo es una medida necesaria, sino también un acto de resistencia frente a un modelo que prioriza los intereses corporativos por encima de los derechos de la ciudadanía.

Pero no todo es color de rosa en la provincia de Buenos Aires. Aunque la sanción a Flybondi es un paso en la dirección correcta, también plantea preguntas incómodas. ¿Por qué el gobierno de Kicillof no actuó antes, cuando los reclamos ya eran masivos? ¿Es esta una medida genuina en defensa de los consumidores, o simplemente un golpe de efecto en un año electoral? Lo cierto es que, más allá de las intenciones, la multa ha puesto en evidencia un problema estructural que requiere soluciones urgentes.

Mientras tanto, los pasajeros siguen pagando las consecuencias. Las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos no solo generan inconvenientes logísticos, sino también pérdidas económicas significativas. Y aunque Flybondi asegura que “siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados”, la realidad es que miles de usuarios han quedado varados sin respuestas ni soluciones.

El caso Flybondi es, en definitiva, un síntoma de un problema mayor. En un contexto de desregulación y desmantelamiento de los controles estatales, los consumidores son los grandes perdedores. Y mientras el gobierno de Milei sigue promoviendo un modelo que beneficia a las empresas en detrimento de la ciudadanía, casos como este seguirán multiplicándose.

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