La reciente declaración de default selectivo por parte de S&P Global Ratings expone las fragilidades de la gestión económica actual y cuestiona la eficacia de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.
En un movimiento que sacudió los cimientos financieros de Argentina, la calificadora de riesgo S&P Global Ratings degradó la calificación de la deuda en moneda local del país a ‘SD’ (default selectivo). Esta decisión se produjo tras un canje de deuda en pesos por aproximadamente US$6.500 millones, ejecutado por el gobierno el 12 de febrero de 2025. Este evento no solo refleja la delicada situación económica de la nación, sino que también pone en entredicho la estrategia financiera adoptada por la administración de Javier Milei.
Desde marzo de 2024, Argentina ha llevado a cabo canjes de deuda que totalizan US$78.000 millones. Estas operaciones, lejos de ser vistas como soluciones estructurales, han sido interpretadas por S&P como señales de una capacidad limitada del gobierno para gestionar sus obligaciones financieras sin recurrir a reestructuraciones constantes. La calificadora argumenta que la dependencia en estos canjes refleja una incapacidad para extender vencimientos y colocar deuda en el mercado local de manera efectiva, lo que los lleva a considerar estas operaciones como «distressed» y equivalentes a un incumplimiento.
Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó la gravedad de la evaluación de S&P, alegando que la calificadora «malinterpreta cómo funcionan las conversiones de títulos, que son a mercado, que realiza el Tesoro». Además, Núñez subrayó que S&P suele ajustar temporalmente la calificación, para luego elevarla nuevamente, sugiriendo que este es un procedimiento habitual y no necesariamente indicativo de una crisis profunda.
Desde 2019, en medio de controles de capital que el gobierno de Javier Milei ha intentado eliminar durante 2025, los defaults selectivos tras canjes de deuda en moneda local se han convertido en una constante. Al menos cuatro casos similares se han registrado en los últimos seis años, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y coherencia de la política económica actual. La repetición de estas tácticas sugiere una falta de planificación a largo plazo y una dependencia peligrosa de soluciones temporales que no abordan las raíces de los problemas financieros del país.
A pesar de ciertos indicadores económicos positivos, para la calificadora pero no para la sociedad argentina, como una inflación en descenso y una recuperación en el crecimiento del PIB, S&P mantuvo la calificación en moneda extranjera en ‘CCC’ con perspectiva estable. Esto refleja las vulnerabilidades económicas persistentes y la percepción de que los mercados de capitales globales permanecen cerrados para Argentina. La estrategia de depender del mercado local y de canjes de deuda para estirar vencimientos parece insuficiente para restaurar la confianza de los inversores internacionales.
S&P indicó que podría mejorar las calificaciones en moneda extranjera en los próximos 12 meses si la liquidez externa mejora y las vulnerabilidades económicas disminuyen. Sin embargo, esto requeriría una gestión efectiva de la inflación, estabilidad cambiaria y un acceso renovado al financiamiento voluntario en los mercados de capitales externos y organismos multilaterales de crédito. La ausencia de avances en estas áreas podría exacerbar la inestabilidad económica y limitar aún más la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras.
La declaración de default selectivo por parte de S&P no es solo un reflejo de las dificultades financieras actuales, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de una revisión profunda de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. La dependencia en canjes de deuda y la minimización de las evaluaciones negativas por parte de calificadoras internacionales pueden ofrecer alivios temporales, pero no sustituyen las reformas estructurales necesarias para garantizar la estabilidad y credibilidad económica a largo plazo. Es imperativo que la administración actual adopte medidas concretas y sostenibles que restauren la confianza tanto de los mercados internos como externos, y que demuestren un compromiso real con la transparencia y la responsabilidad fiscal.
Fuente:
Deja una respuesta