El nuevo acuerdo de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional esconde una confesión brutal: ni el propio organismo cree que la Argentina pueda pagar. Sin embargo, impone condiciones salvajes a un gobierno que se jacta de obedecer sin cuestionar.
La directora del Departamento de Estrategia del Fondo, Ceyla Pazarbasioglu, se negó a firmar el acuerdo. El texto revela que la exposición del FMI a la Argentina alcanzará un récord histórico, con pagos que superan el 1.300% de la cuota hasta 2029. Aun así, Javier Milei celebra el ajuste como salvación. ¿Quién gana con una deuda imposible?
El último acuerdo firmado entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional no solo encadena aún más a la Argentina en la trampa de la deuda externa. También representa una confesión escandalosa que debería ocupar las portadas de todos los diarios del país: el FMI admite que la deuda argentina es prácticamente impagable. Sí, lo dice el propio organismo, en un informe técnico plagado de eufemismos y cifras monstruosas, mientras desembolsa 20 mil millones de dólares más a un país ya hundido por compromisos imposibles de afrontar.
¿Puede un país sobrevivir firmando su certificado de defunción económica? A juzgar por la letra chica del documento publicado por el Fondo, no. Pero esa es la hoja de ruta que Javier Milei ha elegido seguir con fanatismo dogmático, disfrazando de «libertad económica» lo que en verdad es una entrega absoluta al poder financiero internacional.
En el corazón del informe, escondido entre gráficos y proyecciones, el FMI reconoce que su exposición a la Argentina alcanzará un récord histórico: 43.100 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) para 2026, lo que representa un 1.352% de la cuota del país. Para traducir: nunca antes el organismo tuvo tanto dinero comprometido con una sola nación. Y, paradójicamente, nunca antes tuvo tan pocas certezas de recuperar lo prestado.
La situación es tan grave que la propia directora del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del Fondo, la economista turca Ceyla Pazarbasioglu, se negó a firmar el acuerdo. Una decisión extraordinaria que dejó su lugar a funcionarios de menor rango, desatando una interna feroz en las entrañas del organismo. “Totalmente fuera de manual”, reconocieron desde el Fondo. Pero si el acuerdo es tan riesgoso, tan irregular y tan desaconsejado por sus propios técnicos… ¿por qué se aprobó?
La respuesta hay que buscarla en la estrategia de dominación que el FMI viene ejecutando en la Argentina desde hace décadas. Lo que aquí se presenta como un “rescate” no es más que una maniobra para profundizar la dependencia estructural del país y garantizar que sus recursos –naturales, financieros y humanos– queden a disposición del capital transnacional.
El texto oficial lo dice con todas las letras: “La capacidad de Argentina para reembolsar al Fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales”. En la jerga del organismo, eso equivale a reconocer que no hay garantías reales de pago. Pero ese diagnóstico no impide avanzar con un acuerdo que lleva la presión de pagos a niveles nunca vistos: hasta 8.900 millones de DEG en 2030, lo que implicará comprometer el 9% del PBI argentino –excluyendo la deuda interna– en concepto de financiamiento externo bruto.
Mientras tanto, el gobierno de Milei continúa festejando el acuerdo como si se tratara de una victoria épica sobre el populismo. Nada más lejos de la realidad. Este nuevo pacto no sólo se asemeja al fallido stand-by de 2018 firmado por Mauricio Macri –y que terminó en default–, sino que lo supera en términos de riesgo, dependencia y costo social.
Para el FMI, el plan de “estabilización” de Milei es una apuesta temeraria. Para la población argentina, es una pesadilla real. Las condiciones impuestas por el Fondo –acumulación acelerada de reservas, ajuste fiscal extremo, destrucción del gasto público– conforman un cóctel explosivo que no apunta a la recuperación, sino al disciplinamiento brutal de una sociedad ya empobrecida por años de políticas de saqueo.
El Fondo no ignora el daño que sus recetas generan. Al contrario, lo asume como un costo necesario para imponer su modelo. En uno de los párrafos más escalofriantes del documento, el organismo reconoce que “el margen de maniobra sigue siendo limitado”, y enumera los factores de riesgo: reservas en niveles mínimos, obligaciones externas imposibles, volatilidad financiera y una vulnerabilidad extrema frente a cualquier shock externo. En otras palabras, la tormenta perfecta. Y aun así, se firma.
Este nuevo pacto implica que la deuda externa del país se mantendrá por encima del 1.000% de la cuota del Fondo hasta, al menos, 2029. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que la Argentina deberá destinar durante los próximos cinco años buena parte de sus ingresos –por exportaciones, recursos estratégicos, o eventuales inversiones– a cumplir con las condiciones impuestas por un organismo que ya admite, de antemano, que difícilmente pueda cobrar.
El gobierno de Javier Milei se presenta como un cruzado del orden económico, pero en realidad se ha convertido en el administrador local de una política de entrega. La firma de este acuerdo, en las condiciones en que fue rubricado, demuestra que su “revolución liberal” no es más que una reedición brutal del viejo modelo de endeudamiento serial, esta vez con más sangre y menos soberanía.
Es significativo que la mayor exposición crediticia del FMI en toda su historia ocurra con la Argentina. No con Grecia, no con Ucrania, no con Sri Lanka. Con la Argentina. Porque este país, con su riqueza estratégica y su historia de resistencia social, es un laboratorio ideal para someter y controlar. Y porque, lamentablemente, hoy tiene un gobierno dispuesto a firmar cualquier cosa que le pidan, aunque eso implique hipotecar generaciones enteras.
El informe técnico del Fondo –que Milei jamás leerá en voz alta en cadena nacional– marca con claridad la magnitud de la trampa: no hay posibilidad real de repago sin un crecimiento sostenido, sin fortalecimiento del mercado interno, sin políticas activas de desarrollo. Es decir, sin todo lo que el actual presidente desprecia, insulta y desmantela a diario.
Argentina no necesita más deuda. Necesita soberanía, necesita producción, necesita redistribución. Pero mientras la Casa Rosada siga funcionando como una oficina satélite de Washington, eso será imposible. El nuevo acuerdo con el FMI no es una solución. Es una sentencia. Una más. Y el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia política y mediática no hace más que acelerar la caída.
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