El Gobierno de Javier Milei recurre a un DNU para eludir el Congreso en el acuerdo con el FMI, mientras el peronismo lo denuncia penalmente y aliados expresan su malestar. ¿Un atajo legal o un golpe a la institucionalidad?
El Gobierno de Javier Milei vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que habilita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin pasar por el Congreso, tal como lo exige la ley. La medida, que ha sido calificada como un «atajo de dudosa legalidad», no solo ha generado rechazo en la oposición, sino también entre algunos aliados, y ha derivado en una denuncia penal presentada por diputados peronistas. El escenario político se tensa, y la pregunta que flota en el aire es clara: ¿está el Gobierno utilizando herramientas legales o simplemente burlando la institucionalidad para imponer su agenda?
Un decreto que elude el Congreso
El DNU, publicado este lunes en el Boletín Oficial, consta de apenas cuatro artículos y otorga al Ministerio de Economía la potestad de aplicar los instrumentos necesarios para cumplir con los requisitos del FMI. En otras palabras, le da carta blanca para actuar sin restricciones. Según el Gobierno, no se trata de una nueva deuda, sino de una continuidad de los acuerdos anteriores. Sin embargo, expertos como el economista Jorge Carrera han señalado que esta interpretación es, cuanto menos, discutible.
El exministro de Economía Martín Guzmán ya había dejado en claro que el Plan de Facilidades Extendidas (PFE) acordado con el FMI en 2022 marcaba el fin de los stand by de 2018, negociados por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger. Por lo tanto, cualquier nuevo acuerdo debería ser considerado como un crédito distinto, lo que, según la ley, requiere la aprobación del Congreso. Milei, sin embargo, ha optado por ignorar este requisito, argumentando que no se trata de una operación nueva.
La maniobra no es casual. Según reveló La Política Online (LPO), el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur, habría sugerido al Presidente utilizar un DNU para evitar el debate parlamentario. El decreto, una vez publicado, entra en vigencia de inmediato y solo puede ser rechazado con una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. Una distorsión del sistema republicano que, como bien señalan los críticos, fue introducida durante el gobierno de Cristina Kirchner y que hoy Milei utiliza a su favor.
Malestar incluso entre aliados
La jugada de Milei no ha caído bien ni siquiera entre sus aliados. La bancada del PRO, liderada por Cristian Ritondo, ya había expresado su descontento cuando se filtró que el Gobierno planeaba enviar al Congreso un proyecto sin detallar las condiciones del préstamo. «No estamos dispuestos a votar un expediente sin conocer su contenido», advirtieron. Posturas similares han surgido desde el MID, liderado por Oscar Zago, y desde el bloque de Miguel Pichetto.
El malestar se intensificó con la publicación del DNU, que muchos legisladores interpretan como un «cheque en blanco» para el Ministerio de Economía. La falta de transparencia y el intento de eludir el control parlamentario han generado tensiones incluso dentro de la coalición oficialista, lo que podría complicar aún más la ya frágil relación entre el Gobierno y sus socios políticos.
Denuncia penal y cuestionamientos legales
El lunes, diputados peronistas presentaron una denuncia penal contra Milei por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». Entre los firmantes se encuentran figuras como Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra y Victoria Tolosa Paz, quienes reclaman la suspensión inmediata de los actos que consumarían el presunto delito. La denuncia, patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, recayó en el juzgado de Sebastián Ramos y la fiscalía de Carlos Rívolo.
Los legisladores argumentan que el DNU viola la Ley Guzmán, que establece que todo programa de financiamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso. El primer artículo del decreto, que plantea utilizar el préstamo para cancelar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central, es particularmente cuestionado. Para los críticos, esta operación no solo evade el control parlamentario, sino que también representa un riesgo para las reservas del país en un contexto de escasez y tensiones cambiarias.
¿Un precedente peligroso?
La decisión de Milei de recurrir a un DNU para eludir al Congreso no solo plantea dudas sobre su legalidad, sino que también sienta un precedente peligroso para la democracia argentina. Si bien los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta constitucional, su uso excesivo y en casos que claramente requieren debate legislativo erosiona la división de poderes y debilita la institucionalidad.
El Gobierno, acuciado por la falta de reservas y las presiones del FMI, parece haber optado por la vía rápida. Pero en política, los atajos suelen tener un costo. La denuncia penal, el malestar de los aliados y el rechazo de la oposición son solo el comienzo de lo que podría convertirse en una crisis política de mayores dimensiones.
Mientras tanto, el radicalismo y el PRO discuten en sus bloques cómo responder a la medida. Lo que está en juego no es solo el acuerdo con el FMI, sino la credibilidad de un Gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y respeto a las instituciones. Por ahora, parece estar haciendo exactamente lo contrario.
En un contexto de fragilidad económica y polarización política, el decreto de Milei no solo agita el escenario interno, sino que también pone en evidencia las tensiones entre la urgencia de resolver problemas económicos y la necesidad de preservar las reglas del juego democrático. La pregunta que queda es: ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar el Gobierno para imponer su agenda, y cuál será el costo político de estas decisiones?
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