El Gobierno argentino ha manifestado su intención de privatizar la concesión del Gasoducto Perito Moreno (anteriormente denominado Gasoducto Presidente Néstor Kirchner), infraestructura clave que conecta los yacimientos de Vaca Muerta con Buenos Aires. Esta decisión fue confirmada por la secretaria de Energía, María Tettamanti, quien señaló que el gasoducto debería estar bajo una concesión privada.
Actualmente, el gasoducto es propiedad de Energía Argentina (Enarsa), una empresa estatal. La propuesta de privatización implica transferir su operación al sector privado, con el objetivo de atraer inversiones para ampliar su capacidad de transporte y mejorar la eficiencia en la distribución de gas natural. En este contexto, la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) presentó una iniciativa para ampliar la capacidad del gasoducto en 14 millones de metros cúbicos diarios, con una inversión estimada de 700 millones de dólares. El Gobierno declaró de interés público esta propuesta, lo que podría facilitar su licitación y ejecución.
La privatización de infraestructuras estratégicas como el gasoducto de Vaca Muerta genera debate en la sociedad argentina. Por un lado, se argumenta que la participación privada puede acelerar el desarrollo de proyectos, aportar capital y tecnología, y mejorar la eficiencia operativa. Por otro lado, existen preocupaciones sobre posibles incrementos en las tarifas del gas, pérdida de control estatal sobre recursos estratégicos y la garantía de que los beneficios de tales proyectos se distribuyan equitativamente entre la población.
Además, la experiencia histórica de Argentina con la privatización de empresas energéticas, como la renacionalización de YPF en 2012 debido a la falta de inversión y declive en la producción bajo gestión privada, añade una capa de complejidad al debate actual.
En conclusión, la privatización del Gasoducto Perito Moreno es una iniciativa que busca potenciar el sector energético argentino mediante la colaboración público-privada. Sin embargo, es fundamental evaluar detalladamente los términos de dicha privatización para asegurar que se protejan los intereses de la sociedad argentina y se eviten posibles perjuicios asociados a la pérdida de control sobre recursos estratégicos.
El negocio del siglo: La privatización de Vaca Muerta dispararía los precios en manos privadas
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