La licitación de 9.000 millones de dólares quedó en manos de una sola empresa tras denuncias de direccionamiento y un fallo lapidario de la Procuración de Investigaciones Administrativas. Adorni culpa a los medios, pero el papelón es del Gobierno.
El Gobierno de Javier Milei tuvo que dar de baja la licitación de la Hidrovía, uno de los proyectos más importantes de su gestión, luego de que solo una empresa presentara una oferta. Denuncias de direccionamiento, un fallo judicial contundente y la retirada de los principales oferentes dejaron al descubierto un proceso plagado de irregularidades.
La licitación de la Hidrovía, un proyecto que prometía ser la joya de la corona del Gobierno de Javier Milei, terminó convertida en un escándalo internacional que dejó al descubierto las desprolijidades y las sospechas de direccionamiento que rodean a la administración libertaria. Con un valor estimado en 9.000 millones de dólares, la privatización de la vía fluvial más importante de Argentina estaba destinada a ser un hito en la gestión de Milei. Sin embargo, lo que debería haber sido un triunfo se transformó en un fracaso estrepitoso, con solo una empresa presentando una oferta y el resto retirándose ante las denuncias de corrupción y un fallo lapidario de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
El proceso licitatorio, que ya venía envuelto en polémicas, explotó definitivamente cuando la PIA emitió un dictamen en el que señalaba que el pliego había sido diseñado para favorecer a uno de los oferentes: Jan de Nul, la empresa belga que actualmente se encarga del dragado del Paraná. Este pronunciamiento, basado en una denuncia de diputados de la Coalición Cívica, no solo cuestionó la transparencia del proceso, sino que también habilitó la posibilidad de presentar denuncias penales en el fuero federal. Ante este escenario, las principales empresas interesadas, incluidas Jan de Nul y la holandesa Van Oord, decidieron retirarse para evitar quedar enredadas en un escándalo legal.
En una vuelta de tuerca insólita, la única empresa que presentó una oferta fue la belga DEME, la misma que había denunciado previamente el direccionamiento del proceso a favor de Jan de Nul. Esta situación dejó al Gobierno en una posición incómoda, obligándolo a dar de baja la licitación y a culpar a los medios y a los sectores empresarios por el fracaso. Manuel Adorni, portavoz presidencial, salió al cruce de las críticas con un discurso que muchos calificaron como un intento desesperado por tapar el papelón. «Sectores de la política, medios y empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio», aseguró Adorni, sin mencionar el contundente fallo de la PIA.
Lo que Adorni omitió explicar es por qué las demás empresas decidieron retirarse a último momento. Según fuentes del sector, el Gobierno habría solicitado discretamente a los oferentes que no presentaran sus propuestas para evitar un desastre mayor. Sin embargo, esta solicitud no llegó a DEME, lo que dejó al Gobierno en una posición aún más incómoda. «Es puro show mediático para tapar el papelón que hicieron», especularon allegados a la empresa belga.
El fracaso de la licitación no solo es un golpe económico para el Gobierno, sino también una derrota política e ideológica de gran calado. La administración de Milei había elegido este proyecto como una demostración de su capacidad para gestionar a largo plazo y resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Sin embargo, lo que quedó en evidencia fue una serie de desprolijidades y conflictos de interés que mancharon el proceso desde el principio.
Santiago Caputo, asesor clave de Milei y uno de los principales impulsores de la licitación, quedó en el centro de la tormenta. Caputo, quien puso a su socio Rodrigo Lugones a cargo del proceso, fue señalado por dirigir el pliego a favor de Jan de Nul. Las crecientes irregularidades llevaron incluso a su tío, el ministro de Economía Luis Caputo, a preguntarle directamente a Milei si quería seguir adelante con la licitación luego del fallo de la PIA. La respuesta, evidentemente, fue negativa.
Ahora, el Gobierno se enfrenta a la tarea de rearmar un nuevo pliego que cumpla con las condiciones establecidas por la PIA y convencer a las empresas de que compitan en un proceso transparente. Sin embargo, ninguna de las compañías da por sentado que participará en una nueva licitación, lo que deja al proyecto en un limbo del que será difícil salir.
La Hidrovía del Paraná, creada durante el gobierno de Carlos Menem, es por lejos el activo más importante del país. Esta vía fluvial es la puerta de salida de la cosecha argentina que se exporta al mundo, generando una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional. Su privatización no solo era una apuesta económica, sino también una demostración de la capacidad del Gobierno para gestionar proyectos de gran envergadura. Sin embargo, lo que quedó en evidencia fue una administración incapaz de garantizar transparencia y eficiencia en un proceso clave.
El fracaso de la licitación de la Hidrovía no solo es un golpe para el Gobierno de Milei, sino también una señal de alerta para el futuro de su gestión. Si un proyecto de esta magnitud termina en un escándalo internacional, ¿qué podemos esperar del resto de las reformas prometidas? La respuesta, por ahora, parece estar más cerca del caos que de la eficiencia.
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