La inflación que Milei no puede domar: alimentos por las nubes y una promesa de ajuste eterno

Pese al relato oficial, el índice de precios volvió a acelerarse en marzo. Mientras el Gobierno festeja desaceleraciones estadísticas, la comida, la educación y la vida cotidiana siguen por las nubes. El «milagro liberal» no se traduce en el changuito del supermercado.

Con una inflación mensual del 3,7% y un interanual del 55,9%, el Gobierno de Javier Milei se aferra a una retórica de éxito que contrasta con la realidad de millones de argentinos. La suba descontrolada de alimentos y educación enciende una nueva alerta sobre el costo social del ajuste permanente y la dependencia absoluta del Fondo Monetario Internacional. El bolsillo popular no encuentra alivio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato que el Gobierno buscó maquillar con optimismo vacío: la inflación de marzo fue del 3,7%, marcando una suba respecto al 2,4% registrado en febrero. Lo que para el equipo económico libertario parece motivo de celebración —una supuesta «desaceleración interanual»— para la mayoría de los argentinos es una tragedia repetida: la comida vuelve a dispararse, la educación se vuelve impagable y la estabilidad económica es apenas una entelequia para quienes habitan más allá del microcentro porteño.

La inflación interanual llegó al 55,9%, una cifra que, aunque levemente menor a la de períodos anteriores, no representa ninguna victoria real. En el trimestre, el alza acumulada fue del 8,6%, pero los rubros que más pesan en la vida cotidiana, como alimentos, educación e indumentaria, mostraron aumentos muy por encima del promedio. El gobierno de Javier Milei parece celebrar que el fuego ahora quema un poco más lento, ignorando que la casa sigue incendiada.

Detrás del número frío del 3,7% hay historias que no entran en las planillas de Excel del Ministerio de Economía: una madre que no puede costear útiles escolares, un jubilado que debe elegir entre carne o medicamentos, una familia que abandona la dieta saludable porque las verduras se dispararon un 39,5% solo en el Gran Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno se apresta a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, consolidando una dependencia tóxica que hipotecará aún más la soberanía económica del país.

El principal motor de la suba inflacionaria en marzo fue el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza del 5,9%. En un país donde más del 40% de la población es pobre, esta cifra no solo es alarmante: es criminal. Las verduras, tubérculos y legumbres subieron más del 30% en varias regiones, y las carnes, que habían mostrado cierta estabilidad en febrero, retomaron su escalada. El fenómeno no se explica sólo por cuestiones estacionales o climáticas —como las lluvias que afectaron la producción— sino por una desregulación brutal del mercado que deja librado todo a las leyes de una oferta concentrada y una demanda cada vez más desesperada.

A esto se suma una categoría particularmente sensible: la educación. En el mes del inicio del ciclo lectivo, el rubro se disparó un 21,6%. Lejos de garantizar el derecho básico al acceso escolar, el modelo mileísta impulsa una elitización silenciosa del sistema educativo, donde sólo quienes puedan pagar sobrevivirán. La suba impactó en todos los niveles: desde jardines hasta universidades privadas. En paralelo, las universidades públicas siguen siendo atacadas presupuestariamente, con Milei vetando sistemáticamente los fondos que les permitirían funcionar con normalidad. La política educativa del gobierno se resume en una ecuación perversa: los ricos estudian, los pobres se endeudan o abandonan.

Aun en servicios donde las tarifas fueron «moderadas», como vivienda, agua y electricidad, el alza fue del 2,9%, y el transporte subió 1,7%. Nada baja, todo sube. Pero el relato oficial insiste en destacar que esta es «la inflación de marzo más baja desde 2020», como si se tratara de un campeonato de negaciones, donde lo importante no es lo que sufre la sociedad, sino qué tan bien se oculta en los discursos oficiales. El problema, claro, es que la góndola no miente, y la panza tampoco.

Mientras tanto, las proyecciones privadas desnudaron las falencias del equipo económico. Consultoras como Analytica, Ferreres y C&T ya advertían una aceleración inflacionaria, aunque sus estimaciones quedaran por debajo del índice real. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, se quedó corto, anticipando un IPC del 2,6%. Nadie parece tener el control real del fenómeno, ni siquiera aquellos que prometieron exterminarlo con motosierra y dinamita.

Y es aquí donde se revela la mayor falacia del discurso mileísta: el supuesto orden monetario, la supuesta «cura» liberal, la supuesta estabilidad cambiaria. Todo descansa sobre una ficción sostenida por endeudamiento externo, atraso cambiario y represión salarial. No hay crecimiento, no hay inversión productiva, no hay mejora del poder adquisitivo. Lo que hay es ajuste, pobreza y una fragilidad macroeconómica alarmante.

El IPC Núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, fue del 3,2%, también por encima del mes anterior. Es decir: incluso sin contar los factores estacionales como la educación o las frutas, la inflación estructural persiste. El modelo económico no ha resuelto ninguna de las causas profundas de la inflación argentina: ni la concentración de mercado, ni la dolarización de los precios internos, ni el colapso de la industria nacional.

Mientras tanto, el Gobierno festeja como si la guerra contra la inflación estuviera ganada. Pero el único campo de batalla real es el supermercado, donde las familias argentinas pierden todos los días. Los salarios están planchados, las jubilaciones licuadas, los ingresos informales pulverizados. El relato de la «competencia de monedas» y el «mercado autorregulado» ya no convence a nadie, excepto a los operadores de Twitter pagados para amplificar un relato sin correlato empírico.

En este contexto, la dependencia del FMI se vuelve estructural. El acuerdo que se cocina en estas horas por otros 20.000 millones de dólares no hace más que atar a la Argentina a una lógica de ajuste eterno. Los mismos actores que generaron la crisis durante el macrismo —hoy reciclados bajo el libertarismo con ropaje anarco-capitalista— vuelven a abrirle las puertas al Fondo, mientras las condiciones impuestas ya se traducen en recortes, despidos, subejecuciones presupuestarias y vaciamiento del Estado.

La pregunta que queda flotando es una sola: ¿cuánto más puede resistir la sociedad argentina antes de que estalle? ¿Hasta cuándo se podrá sostener un modelo que naturaliza la pobreza, criminaliza la protesta y festeja que la inflación «bajó» mientras la leche cuesta el doble y las escuelas se caen a pedazos?

Porque si algo enseña la historia económica argentina es que los números maquillados no tapan el hambre. Y el hambre, tarde o temprano, se vuelve grito, movilización y memoria.