El vaciamiento laboral golpea a Entre Ríos mientras el gobierno de Javier Milei guarda silencio ante una nueva crisis social.
Trabajadores de Granja Tres Arroyos marcharon en Concepción del Uruguay para denunciar despidos masivos, irregularidades salariales y la inminente pérdida de 400 puestos de trabajo. El final de la conciliación obligatoria deja expuestos a cientos de familias ante un Estado ausente.
El corazón productivo de Entre Ríos late con una preocupación que crece al ritmo del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. En Concepción del Uruguay, trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos tomaron las calles en una masiva movilización que expuso el drama de los despidos masivos y la inestabilidad laboral que acecha a más de 400 familias.
El pasado sábado por la mañana, una marea de obreros y sus seres queridos marchó por el centro de la ciudad, visibilizando una problemática que amenaza con convertirse en una tragedia social. Las pancartas reflejaban el dolor de quienes han perdido su fuente de ingresos y el miedo de aquellos que saben que podrían ser los próximos. La consigna era clara: “Trabajo digno y salarios justos”, un grito que resuena en un país donde las políticas de ajuste han dejado a los trabajadores a la intemperie.
La empresa, que es uno de los principales empleadores de la región, enfrenta críticas no solo por los despidos, sino también por las irregularidades en el pago de salarios quincenales. Los trabajadores denuncian demoras y recortes arbitrarios, mientras la dirección empresarial se escuda en la crisis económica y la falta de respuestas claras por parte del gobierno nacional.
El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, que ha encabezado las negociaciones, advirtió que este lunes finaliza la conciliación obligatoria, un proceso que hasta ahora solo ha servido para postergar lo inevitable: más despidos. La expectativa está centrada en que la empresa cumpla con lo acordado en las paritarias, aunque el clima es de incertidumbre y desconfianza.
El gobierno de Javier Milei, fiel a su lógica de desregulación y abandono del rol del Estado como garante de derechos, se mantiene en silencio ante esta situación. No hay planes de contingencia ni políticas de protección laboral en un contexto donde la desocupación crece y el poder adquisitivo de los salarios se derrumba.
Esta crisis no es un hecho aislado. Forma parte de un escenario nacional donde el ajuste económico se traduce en despidos masivos, cierre de empresas y una precarización laboral cada vez más profunda. La indiferencia del gobierno nacional frente a estos conflictos demuestra una clara intención de desmantelar los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha.
Mientras las calles de Concepción del Uruguay se llenan de voces que exigen trabajo y dignidad, el gobierno mira hacia otro lado. La falta de intervención estatal solo evidencia que el ajuste no es un accidente, sino una decisión política que beneficia a los grandes empresarios a costa de la clase trabajadora.
El desenlace de este conflicto es incierto, pero lo que queda claro es que la resistencia de los trabajadores de Granja Tres Arroyos es un símbolo de la lucha contra un modelo económico que condena a la mayoría para enriquecer a unos pocos.
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