Milei y Caputo se están timbeando los fondos del FGS de los jubilados para controlar el dólar

Denuncias por administración fraudulenta y operaciones offshore: el Gobierno utiliza los fondos de los jubilados para contener el dólar, mientras la Justicia investiga.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el nuevo titular de la Anses, Fernando Bearzi, están bajo la lupa por usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para comprar bonos y frenar la suba del dólar. Una denuncia judicial los acusa de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras tanto, los jubilados ven cómo su futuro se desvanece en manos de un Gobierno que prioriza el mercado sobre las personas.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), ese colchón financiero que debería proteger el futuro de millones de jubilados argentinos, se ha convertido en la última ficha de una apuesta arriesgada del Gobierno de Javier Milei. Luis Caputo, ministro de Economía, y Fernando Bearzi, flamante titular de la Anses, están utilizando los recursos del FGS para comprar bonos soberanos y contener la suba del dólar financiero. Una maniobra que no solo pone en riesgo el ahorro previsional, sino que también ha desatado una ola de críticas y denuncias por administración fraudulenta y conflictos de interés.

Yasky: Ficha limpia «no es el mandato de Milei ni de Macri, es el mandato de las corporaciones, de la embajada yanqui y de los grupos empresariales que quieren vaciar la democracia»

La denuncia, presentada por la Asociación Civil «Arco Social», recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Franco Picardi. La acusación es contundente: Caputo y Bearzi habrían utilizado el FGS para comprar bonos AL30 y GD30 en un intento desesperado por frenar la fuga de capitales y la incertidumbre generada por el acuerdo con el FMI, la salida del cepo y el atraso cambiario. «Esta medida resulta urgente, dada la vinculación de las personas involucradas con estructuras offshore y la posibilidad de que dichos recursos sean desviados a vehículos financieros fuera del control estatal», sostiene la denuncia.

Bearzi, quien asumió como titular de la Anses tras la abrupta salida de Mariano de los Heros, no es un desconocido en el mundo de las finanzas offshore. Fue asesor financiero de Noctua Partners, una empresa con sede en las Islas Caimán de la que Caputo fue accionista. Esta conexión ha levantado sospechas sobre la transparencia de las operaciones realizadas con el FGS. «La participación de funcionarios públicos en sociedades offshore plantea serias dudas sobre la ética en la gestión de los recursos estatales», advierte la denuncia.

Mientras tanto, el Gobierno de Milei insiste en que estas medidas son necesarias para «estabilizar» la economía. Sin embargo, lo que no dicen es que el costo de esta estabilización lo están pagando los jubilados, quienes ven cómo sus ahorros se diluyen en operaciones financieras de alto riesgo. El haber mínimo de los jubilados es de $273.086,50, un monto que no alcanza para cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación galopante. A esto se suma un bono de 70 mil pesos que lleva congelado desde el año pasado.

Acindar suspende a 970 trabajadores: El ajuste generado por Milei y que golpea directamente a los trabajadores

La denuncia también solicita una medida cautelar para prohibir la disposición de los fondos del FGS y exige que se implementen mecanismos de control y supervisión efectivos. «Cualquier manejo indebido de estos fondos se traduce en perjuicios concretos para este sector vulnerable de la población», señala el texto. Sin embargo, el Gobierno parece más interesado en mantener el carry trade y en evitar una devaluación abrupta del peso que en proteger los intereses de los jubilados.

El mercado, por su parte, no parece convencido de las medidas del Gobierno. El lunes pasado, el Merval en dólares se derrumbó a su menor nivel en tres meses, mientras que el dólar blue cerró a $1210. Las operaciones con bonos AL30 y GD30, realizadas en los últimos minutos del cierre, dejaron en evidencia la desesperación del Gobierno por contener la brecha cambiaria. «Es un modus operandi que busca desincentivar futuras operaciones, pero que a la larga solo genera más incertidumbre», explica un analista financiero.

En este contexto, la denuncia contra Caputo y Bearzi no solo pone en evidencia la falta de transparencia en la gestión del FGS, sino que también cuestiona la ética de un Gobierno que prioriza los intereses del mercado sobre los de la ciudadanía. Mientras los jubilados ven cómo su futuro se desvanece en manos de funcionarios vinculados a sociedades offshore, el Gobierno de Milei insiste en que estas medidas son necesarias para «salvar» la economía.

Fuentes: