Bajo la retórica de la «libertad económica», el Ejecutivo impone medidas de control que contradicen su discurso antiintervencionista. La Agencia de Recaudación Aduanera ahora exige a bancos y billeteras virtuales informar sobre compras en el extranjero.
Desde que asumió la presidencia, Javier Milei ha construido su imagen sobre un discurso libertario que promueve la eliminación de regulaciones y la defensa del libre mercado. Sin embargo, la realidad de su gestión parece ir en la dirección opuesta. A partir del 1 de julio, todas las entidades financieras que emiten tarjetas de crédito y débito, incluidas las billeteras virtuales, estarán obligadas a informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre todas las compras realizadas en el exterior por los argentinos. Una medida que, lejos de la «libertad» prometida, se asemeja a un control fiscalista propio de los modelos que Milei solía despreciar.
La justificación oficial es clara: el gobierno busca asegurarse de que quienes consumen en el extranjero estén declarando ingresos acordes con sus gastos. La maniobra, no obstante, plantea un sinfín de contradicciones para el ideario libertario. La misma administración que aboga por la «soberanía del individuo» y la «reducción del Estado» ahora impone un sistema de vigilancia financiera sobre los ciudadanos. Un viraje que expone la hipocresía del oficialismo y deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la «libertad», sino el control y la recaudación.
El caso de las compras en Chile es un símbolo de esta nueva avanzada estatal. En el último año, las adquisiciones de argentinos en el país vecino aumentaron un 550%, impulsadas por la diferencia cambiaria y la posibilidad de obtener bienes a precios mucho más bajos que en el mercado local. Con la nueva medida de ARCA, las autoridades podrán cruzar información entre el consumo con tarjetas y la situación impositiva de cada contribuyente. Si un monotributista de la categoría más baja gasta miles de dólares en compras en Chile, la AFIP podrá tomar cartas en el asunto.
Milei, que en campaña se presentaba como un ferviente opositor a los impuestos y un enemigo del intervencionismo estatal, ahora refuerza la maquinaria de control fiscal en lugar de desmantelarla. Sus seguidores, muchos de ellos fervientes defensores de la «libertad económica», se ven ahora en la cómoda posición de justificar lo injustificable o admitir que han sido engañados.
La medida también tiene un claro impacto en el comercio interno. Al dificultar las compras en el extranjero y someterlas a una revisión impositiva más estricta, el gobierno busca frenar la fuga de divisas y proteger el consumo dentro de Argentina. Sin embargo, esta estrategia contradice la narrativa oficial de «libre mercado» y «competencia abierta». Si los argentinos compran en Chile es porque los precios son significativamente más bajos y la calidad, en muchos casos, superior. En lugar de atacar la raíz del problema —los costos elevados de producir y comercializar en Argentina—, el gobierno prefiere implementar medidas coercitivas que restringen las decisiones de consumo de los ciudadanos.
No es la primera vez que Milei aplica políticas que chocan con su propia doctrina. Su decisión de mantener retenciones a las exportaciones, su negativa a eliminar impuestos distorsivos y ahora este control sobre el gasto en el exterior son sólo algunos ejemplos de cómo el «liberalismo» mileista se desvanece ante la cruda realidad de la gestión pública. Para el oficialismo, la «libertad» parece ser un término flexible, aplicable solo cuando conviene a sus intereses políticos.
El verdadero problema de fondo es que Milei está atrapado en su propio relato. Prometió un ajuste sin afectar a la gente, pero la caída del consumo, la inflación galopante y el deterioro del poder adquisitivo demuestran que la sociedad está pagando un precio altísimo por su modelo económico. En este contexto, medidas como el monitoreo de compras en el exterior sólo refuerzan la sensación de que el gobierno está improvisando, aplicando parches en un intento desesperado por evitar el colapso.
Los libertarios que celebraban la llegada de un gobierno que «iba a eliminar impuestos» y «a reducir la injerencia del Estado» hoy se encuentran ante una administración que hace exactamente lo contrario. La gran pregunta es cuánto tiempo más podrá sostener Milei su discurso sin que la realidad termine por devorarlo. Mientras tanto, la «libertad» sigue siendo un privilegio reservado para algunos, mientras el Estado —con un gobierno que juraba reducirlo— se fortalece en sus mecanismos de control y fiscalización sobre los ciudadanos.
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