El relato oficial sobre la importación de ropa y la supuesta baja de precios es una falacia disfrazada de apertura comercial. Detrás del argumento de la «competencia» y la «libertad de mercado», se esconde una política de destrucción sistemática de la industria nacional en favor de importadores y grandes jugadores que monopolizan el mercado. Mientras los funcionarios prometen precios más bajos, lo que en realidad se está gestando es una crisis de desempleo y desindustrialización sin precedentes en el sector textil.
Una apertura que beneficia a unos pocos y condena a miles
El decreto que reducirá los aranceles de la ropa y el calzado del 35% al 20%, y los de telas e hilados hasta en un 50%, es un golpe letal para la producción nacional. El argumento oficial sostiene que la eliminación de barreras arancelarias generará una mayor competencia y, en consecuencia, una baja en los precios de la indumentaria. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: lejos de favorecer a los consumidores, la importación masiva provocará el cierre de fábricas, la pérdida de empleos y una concentración del mercado en manos de unos pocos.
Según cifras oficiales, las importaciones de ropa crecieron un 135% en unidades en el primer bimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Esto significa que la indumentaria extranjera ya está copando el mercado local, desplazando la producción nacional. China lidera las importaciones con el 80% del total, seguida por Vietnam, Bangladesh, Camboya y Pakistán. Son países donde las condiciones laborales son precarias, con salarios de miseria y explotación infantil en muchos casos. Es decir, la «competencia» que impone el gobierno de Milei es en realidad una competencia desleal basada en dumping social y condiciones de trabajo indignas.
El mito de la baja de precios y la cruda realidad del mercado
Uno de los pilares de la defensa oficialista es que la apertura comercial ayudará a disciplinar los precios, permitiendo que los consumidores accedan a prendas más baratas. Pero la propia historia reciente desmiente este argumento. En 2022, cuando las importaciones de ropa alcanzaron un récord, los precios aumentaron por encima de la inflación. Es decir, que la disponibilidad de productos importados no garantiza en absoluto una reducción de precios, sino que estos dependen de otros factores como la comercialización y la concentración del mercado.
Hoy, con la importación nuevamente en niveles históricos, el gobierno afirma que los precios de la ropa están por debajo del índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, el propio sector industrial desmiente este argumento y señala que la baja en los precios no responde a la apertura comercial, sino a una caída brutal del consumo producto de la crisis económica. La recesión y la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores han generado una retracción en la demanda que impacta en los precios, pero esto no significa que la importación masiva sea la solución.
Desempleo, suspensiones y precarización: el costo real del ajuste
Las cifras del primer bimestre de 2025 son alarmantes: la Cámara Industrial de la Indumentaria (CIAI) reveló que el sector registró una caída del 2% en las ventas, con un 41% de empresas que reportaron un descenso en su facturación. Pero el dato más grave es el impacto en el empleo: por cada empresa que incorporó personal (13%), casi dos realizaron despidos (19%), mientras que un 23% evalúa implementar suspensiones en los próximos meses. La explicación es simple: la apertura indiscriminada no sólo destruye el empleo directo en fábricas y talleres, sino que también afecta a toda la cadena productiva.
El ajuste del gobierno de Milei no sólo significa que miles de trabajadores queden en la calle, sino que los que logren conservar su empleo lo harán en condiciones cada vez más precarias. La presión por competir con productos importados que llegan a precios irrisorios desde países con condiciones de semi esclavitud provocará un deterioro en los salarios y una flexibilización laboral salvaje.
La destrucción del mercado interno y la consolidación de monopolios
Otro de los efectos de la importación masiva es la desaparición de pequeñas y medianas empresas nacionales, que no pueden competir con productos extranjeros fabricados en condiciones deplorables. Esto no sólo implica pérdida de empleos, sino también una mayor concentración del mercado en manos de grandes cadenas y conglomerados que, una vez eliminada la competencia, fijarán los precios a su antojo. Lejos de promover un mercado libre y competitivo, la estrategia del gobierno allana el camino para la consolidación de monopolios que tendrán el control absoluto de la oferta y los precios.
Conclusión: una política suicida que arrasa con la industria nacional
La decisión de abrir indiscriminadamente la importación de ropa y textiles es otro golpe del gobierno de Javier Milei contra la producción nacional y el trabajo argentino. La baja de aranceles no es una medida en favor de los consumidores, sino un ajuste brutal que empobrece a los trabajadores, destruye industrias enteras y consolida el poder de unos pocos. La experiencia demuestra que la apertura comercial sin regulación sólo beneficia a importadores y grandes cadenas, mientras el país pierde capacidad productiva y miles de familias quedan en la calle.
La pregunta que debería hacerse la sociedad es: ¿a quiénes beneficia realmente esta política? La respuesta es clara: no a los trabajadores ni a la economía nacional. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando con su modelo de «libertad» para los grandes negocios y miseria para el pueblo.
Deja una respuesta