La historia de Vicentin es la radiografía de un saqueo planificado. Desde el default de 2019 hasta el reciente escándalo judicial, los exdirectivos de la compañía han perfeccionado el arte de la estafa. Ahora, los fiscales piden 120 días de prisión para sus principales responsables y fianzas por 150 millones de dólares. Pero la pregunta de fondo sigue en el aire: ¿quiénes protegieron a estos empresarios durante todos estos años?
De la cumbre del agro al epicentro de la corrupción
Vicentin, la mayor agroexportadora de Argentina, pasó en pocos años de ser un emblema del poder económico a convertirse en el paradigma del fraude corporativo. Lo que comenzó como un colapso financiero en 2019 derivó en un escándalo judicial que expone el entramado de corrupción que rodea a la compañía. La empresa entró en cesación de pagos con una deuda de 1.340 millones de dólares, perjudicando a productores, bancos y trabajadores, mientras sus directivos desviaban fondos para su propio beneficio.
El fiscal Sebastián Narvaja y su equipo han destapado maniobras que superan la imaginación. No solo utilizaron dinero de la compañía para pagar gastos personales, sino que incluso financiaron los honorarios de sus abogados con fondos de la misma empresa que habían saqueado. Un desfalco de casi 900 millones de pesos que no fue suficiente para saciar su voracidad.
Una red de impunidad corporativa
Los nombres en la lista de imputados son un verdadero directorio de la estafa: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, entre otros, enfrentan cargos por administración fraudulenta y asociación ilícita. A pesar de ello, muchos de ellos permanecen en libertad gracias a maniobras judiciales y complicidades políticas que los han protegido durante años.
La escena en el Centro de Justicia Penal de Rosario fue tan simbólica como reveladora. Los ejecutivos, acostumbrados a moverse en los círculos más altos de la Bolsa de Comercio y el empresariado, ingresaron a la sala esposados, en un giro que expone la podredumbre del sistema. Sin embargo, la imagen de unos pocos presos no alcanza para hacer justicia cuando el saqueo fue de dimensiones estructurales.
La connivencia del gobierno y la impunidad garantizada
Mientras los fiscales avanzan en la investigación, el gobierno de Javier Milei mantiene un silencio conveniente. ¿Dónde están los cruzados de la «libertad de mercado» cuando el mercado es usado para delinquir? Resulta sintomático que la administración libertaria, tan rápida para ajustar a los sectores populares, se muestre inactiva cuando se trata de delitos empresariales. La falta de medidas contra estos grupos económicos revela la doble vara del discurso oficial: el castigo es solo para los débiles, mientras los poderosos gozan de una impunidad blindada.
Los vínculos entre el poder político y el empresariado corrupto no son una novedad, pero el caso Vicentin es un ejemplo perfecto de cómo los grandes grupos económicos siguen operando sin consecuencias reales. La empresa, que alguna vez intentó presentarse como víctima de circunstancias económicas, en realidad ejecutó un plan deliberado para desviar fondos y garantizar la fortuna de sus dueños, sin importar el daño causado a miles de trabajadores y acreedores.
El precio de la estafa: trabajadores sin cobrar y productores en la ruina
Mientras los directivos de Vicentin aseguraban su defensa legal con dinero robado, los verdaderos damnificados quedaron en la lona. Más de dos mil empleados siguen sin cobrar parte de sus sueldos, mientras los productores que confiaron en la empresa perdieron millones en granos que jamás les fueron pagados. La deuda de la compañía con sus acreedores sigue intacta, pero los responsables siguen moviéndose con absoluta impunidad.
Los fiscales han demostrado que los fondos desviados fueron usados para todo tipo de maniobras: desde la venta de una aeronave Cessna hasta pagos millonarios en «consultorías» y servicios periodísticos que buscaron limpiar la imagen de la empresa. En el centro de la estrategia está el intento de presentar a Vicentin como una víctima de circunstancias económicas, cuando en realidad fue el epicentro de un fraude masivo planificado.
Una causa que apenas empieza
La justicia ha dado un paso importante al ordenar la prisión preventiva de algunos de los responsables, pero el problema de fondo sigue sin resolverse. ¿Quién garantizará que los afectados cobren lo que se les debe? ¿Qué hará el gobierno para evitar que una situación similar se repita en otras empresas? La falta de regulaciones efectivas y la impunidad garantizada a los grandes empresarios permiten que estas estafas se sigan repitiendo.
El caso Vicentin no es solo un escándalo financiero, sino un símbolo de cómo opera la impunidad en Argentina. Mientras no haya un verdadero cambio en la manera en que se regulan y controlan estas estructuras empresariales, los saqueos seguirán ocurriendo con la misma impunidad de siempre. La gran pregunta es si alguna vez veremos justicia real o si, como tantas otras veces, los empresarios corruptos terminarán zafando con la complicidad del poder.
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