Mientras Bahía Blanca se ahoga en la tragedia, el gobierno de Javier Milei se ufana de su inacción y retiene fondos millonarios que pertenecen a las provincias. La editorial de Roberto Navarro por El Destape.
El escenario en Bahía Blanca es de pesadilla: calles anegadas, casas destruidas, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos y un saldo de muertos que sigue en aumento. La tragedia climática, que podría haber encontrado en el Estado un actor clave para la asistencia y reconstrucción, solo halló el eco del desamparo y la indiferencia por parte del gobierno de Javier Milei. Como si la catástrofe no formara parte de la realidad argentina, el presidente optó por monitorear la situación desde la comodidad de la residencia de Olivos, mientras sus ministros ratificaban la posición oficial: la ayuda no llegará.
El cinismo alcanzó su punto más obsceno cuando el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó claro en los medios que la nación no se haría cargo de la emergencia y que toda la responsabilidad recaía en la provincia y el municipio. No importa que el Estado retenga, según el economista y senador Martín Barrionuevo, alrededor de 750.000 millones de pesos que pertenecen a las provincias y que están destinados precisamente a emergencias como esta. El gobierno se niega a liberar esos fondos mientras miles de ciudadanos quedan a la intemperie, sin comida ni abrigo, dependiendo de la solidaridad de la sociedad civil.
La inacción estatal no es casual. Es una declaración de principios. El mileísmo ha construido su narrativa en torno a la desarticulación del Estado y al desprecio por los sectores populares. La tragedia de Bahía Blanca, como cualquier crisis que afecta a los sectores más vulnerables, no es vista como un problema, sino como una oportunidad para profundizar el ajuste, el abandono y la privatización de la vida cotidiana. La insensibilidad no es un error de gestión, es la política misma de este gobierno.
El montaje de Bullrich: marketing de la desidia
Mientras el Ejecutivo nacional se lava las manos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no quiso perderse la oportunidad de hacer proselitismo con la tragedia. Llegó a Bahía Blanca rodeada de cámaras, con un despliegue de efectivos que poco hicieron por ayudar. Lo que se presentó como una operación de rescate fue, en realidad, una puesta en escena burda y grotesca: según los propios damnificados, la ministra llevó personal para simular ser evacuados y justificar su presencia.
Vecinos indignados denunciaron que los camiones de ayuda que arribaron a la zona fueron destinados exclusivamente a los uniformados traídos por la ministra, dejando a los afectados sin agua, comida ni refugio. «Nos usaron para la foto», dijo una de las personas que presenció la escena. No se trató de una acción humanitaria, sino de un show político montado sobre el dolor de los bahienses.
La excusa de la austeridad y la corrupción real
La retención de fondos para emergencias por parte del gobierno nacional se da en el contexto de un brutal ajuste que impacta de lleno en las provincias y en la vida de millones de argentinos. Mientras Milei vende un discurso de «responsabilidad fiscal», la realidad es que los recursos que deberían destinarse a infraestructura, salud y contingencias climáticas son desviados para beneficiar a grupos económicos y sostener una política de dolarización que solo ha empobrecido a la población.
El ajuste no se traduce en mayor eficiencia del Estado, sino en la ampliación de un modelo de saqueo. Mientras el pueblo pone los muertos y las pérdidas, los especuladores financieros multiplican sus ganancias a costa de la devaluación y la fuga de capitales. La «austeridad» es solo para los de abajo.
La tragedia de Bahía Blanca expone la esencia del mileísmo: un gobierno que se jacta de no ayudar, que celebra el abandono y que convierte el dolor en un trampolín para sus propios negocios. La pregunta es hasta cuándo la sociedad tolerará semejante nivel de crueldad disfrazada de gestión.
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