La represión como mensaje político y el encubrimiento del intento de asesinato a Pablo Grillo
El modelo de ajuste de Javier Milei ha alcanzado su punto de quiebre. La violencia policial ya no es un exceso, sino una estrategia de Estado. La brutal represión contra manifestantes en el Congreso durante la discusión de la Ley Bases no solo dejó un saldo de decenas de heridos y detenidos arbitrariamente, sino que expuso el verdadero pacto del gobierno libertario con las fuerzas de seguridad: impunidad a cambio de obediencia ciega. El caso del fotorreportero Pablo Grillo, quien recibió un disparo directo en la cabeza por parte de un gendarme, es la evidencia más brutal de este nuevo paradigma. Y lo que es peor, el gobierno y sus operadores mediáticos encubrieron el intento de asesinato, dejando un mensaje claro: los responsables de la represión tienen vía libre para matar.
El periodista Roberto Navarro lo señaló con todas las letras: si un medio independiente pudo identificar al autor del disparo, Patricia Bullrich y el gobierno también lo sabían. Pero el objetivo no es esclarecer el caso ni sancionar al responsable, sino sentar un precedente: los manifestantes y los periodistas que registran la represión son blancos legítimos. Éste no es un hecho aislado. La doctrina Chocobar, aplicada con mano de hierro por la ministra de Seguridad, es ahora la regla general. Se encubrió al gendarme que asesinó a Santiago Maldonado, se premió al que mató a Rafael Nahuel y se exaltó como héroe al ex oficial Luis Chocobar. Ahora, el cabo primero Guerrero, identificado como el autor del disparo contra Grillo, goza de la misma protección.
Durante meses, Milei y su gabinete insistieron en que podían ejecutar el ajuste más brutal de la historia sin generar una reacción social significativa. Apostaron a la desmovilización, a la fragmentación de las protestas y a la compra de voluntades en sectores sindicales y políticos. Pero la realidad, como siempre, es implacable. Los efectos devastadores de las políticas libertarias en el poder adquisitivo, el empleo y la calidad de vida no han hecho más que aumentar el malestar social. Y cuando la estrategia del desgaste falló, el gobierno recurrió a su carta de siempre: la violencia.
La represión del miércoles fue un mensaje político en varios niveles. En primer lugar, para la sociedad: salir a la calle a protestar implica arriesgar la vida. En segundo lugar, para los medios críticos y el periodismo independiente: documentar la represión te convierte en objetivo. Y en tercer lugar, para las propias fuerzas de seguridad: la orden es actuar sin límites, porque el gobierno los respaldará.
Lo ocurrido con Grillo es la consecuencia lógica de esta ecuación. Su trabajo como fotorreportero lo convirtió en un enemigo a neutralizar. No es casualidad que los disparos de los gendarmes hayan sido dirigidos, una y otra vez, a periodistas y comunicadores que registraban los hechos. No se trata de dispersar manifestaciones: se trata de silenciar testigos.
Bullrich no es una ministra que desconozca lo que sucede. Es la arquitecta de este modelo represivo. Su objetivo no es solo reprimir manifestaciones, sino instalar un estado de terror que inhiba cualquier resistencia al ajuste. Pero, como señala Navarro, la historia demuestra que esta estrategia es un bumerán. La impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad genera un espiral de violencia que, lejos de controlar la situación, la desborda.
La represión del miércoles no pasó desapercibida a nivel internacional. Organismos de derechos humanos, sindicatos y referentes políticos han condenado el accionar del gobierno. Y mientras Milei se refugia en sus discursos grandilocuentes sobre el «sueño libertario», la realidad le estalla en la cara. El ajuste con paz social ha muerto. Lo que queda es un país al borde del caos, con una economía en picada y un gobierno que solo ofrece más violencia como respuesta.
El caso de Pablo Grillo es un punto de inflexión. No solo porque expone la brutalidad del gobierno, sino porque marca el fin de una etapa. Milei ya no tiene margen para sostener el discurso de la estabilidad. Su ajuste salvaje, lejos de pacificar el país, ha encendido una chispa que amenaza con convertirse en incendio. Y la violencia estatal, lejos de ser una solución, solo acelera la crisis.
Los mercados ya lo entienden. El viernes, tras la jornada de represión, se fugaron del país 500 millones de dólares. La imagen de un gobierno que responde con balas a las protestas espanta inversores y genera desconfianza. La situación recuerda al peor momento del macrismo, cuando la crisis económica y la represión precipitaron el derrumbe político de Mauricio Macri.
El desenlace es previsible. Un gobierno que sólo se sostiene con violencia está condenado a caer. La pregunta ya no es si Milei podrá continuar con su plan de ajuste sin enfrentar resistencia. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse un gobierno que ha hecho del miedo su único programa político. Y la respuesta, como la historia demuestra, es que no por mucho tiempo.
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