Un agente de la Policía de la Ciudad simuló gatillar contra la periodista Lu Espíndola, en una clara muestra de amedrentamiento hacia la prensa crítica. La escalada represiva del gobierno de Javier Milei avanza sin frenos. Mientras la periodista de El Destape realizaba una cobertura en vivo, un policía de la Ciudad hizo un ademán inequívoco de dispararle por la espalda. En un contexto de creciente violencia institucional, la imagen sintetiza el nivel de impunidad con el que operan las fuerzas de seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich.
Las democracias también mueren de a poco, no con golpes de Estado televisados, sino con gestos sutiles pero elocuentes que revelan un deterioro sistemático de las libertades. Lo ocurrido el 18 de marzo con la periodista Lu Espíndola, cronista de El Destape, es una postal perfecta de esta degradación. Mientras realizaba una transmisión en vivo, un agente de la Policía de la Ciudad, con su chaleco celeste distintivo, hizo un ademán indiscutible: simuló gatillarle por la espalda. Un gesto que no solo es amenazante, sino que retrata el verdadero espíritu del gobierno de Javier Milei: intimidación, violencia y una guerra abierta contra el periodismo crítico.
La escena fue captada por las cámaras y se viralizó en minutos. El ademán no dejaba dudas. La periodista se encontraba saliendo de la zona donde estaban apostados los colectivos que transportaban a la Policía Federal. De repente, entre un grupo de agentes de la Ciudad, uno de ellos ejecutó el gesto inequívoco de una simulación de disparo. No hubo margen para interpretaciones: fue una amenaza.
El episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación de una política de amedrentamiento sistemático. Desde la llegada de Milei al poder, con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, el discurso de «mano dura» se ha transformado en carta blanca para las fuerzas de seguridad. El uso indiscriminado de la violencia, la represión brutal de manifestaciones, la criminalización de la protesta y la persecución al periodismo crítico se han convertido en la norma. Lo que ocurrió con Lu Espíndola no es una anécdota, es un mensaje: «Sabemos quiénes son, sabemos dónde están, y podemos actuar».
La intimidación a la prensa no es un detalle menor. En una democracia funcional, los periodistas son un contrapeso clave al poder. Pero en la Argentina de Milei, la información veraz se convierte en un enemigo a neutralizar. El caso de Espíndola se suma al del fotoperiodista Pablo Grillo, brutalmente golpeado por la Policía de la Ciudad hace apenas una semana. Grillo aún lucha por su vida. ¿Es esta la «libertad» que proclama el Presidente? ¿Una libertad en la que las balas, reales o simuladas, definen quién puede hablar y quién debe callar?
El gobierno de Javier Milei ha dejado en claro que no tolera el disenso. Su ataque sistemático a los medios críticos no se limita a la estigmatización discursiva: se traduce en hechos concretos. La prensa independiente es hostigada y sus trabajadores, amedrentados. El mensaje es claro: «Si informás lo que no queremos, te vamos a hacer sentir el miedo».
El rol de Patricia Bullrich en esta escalada es fundamental. Como ministra de Seguridad, su gestión se ha caracterizado por la promoción de una doctrina de represión sin límites. Desde su tristemente célebre «protocolo antipiquetes», que ha convertido el espacio público en un campo de batalla contra manifestantes y periodistas, hasta el aval implícito a las fuerzas que operan con violencia e impunidad. La imagen del policía apuntando a Espíndola no es una excentricidad: es la consecuencia natural de un discurso político que fomenta el autoritarismo y la intimidación.
La impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad también pone en tela de juicio el rol de la Justicia. ¿Habrá consecuencias para el agente que amenazó a una periodista en vivo? ¿Se investigará el caso de Pablo Grillo? ¿Se pondrá algún límite a esta maquinaria represiva? La experiencia reciente indica que la respuesta es un rotundo «no». En la Argentina de Milei, la impunidad es la norma.
Pero hay algo que el gobierno no ha logrado entender: la intimidación también genera reacciones. La imagen del policía apuntando a Espíndola ha despertado una ola de indignación en redes sociales y en la opinión pública. La prensa independiente, los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad han levantado la voz. La represión, por más brutal que sea, no podrá acallar la verdad.
Lo ocurrido con Espíndola es una advertencia de lo que está en juego. No se trata solo de la libertad de prensa: se trata de la democracia misma. Cada ademán de gatillo que se tolera, cada golpe impune, cada periodista amenazado es un paso más hacia el abismo. La pregunta es simple: ¿hasta cuándo lo vamos a permitir?
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