La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido una figura central en el ajuste brutal del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, entre la represión, la persecución política y el discurso de «orden», hay un aspecto de su gestión que los grandes medios han decidido ignorar: la corrupción estructural que ha caracterizado su paso por la administración pública.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade ha revelado con lujo de detalles el esquema de saqueo montado por Bullrich durante su anterior gestión en el Ministerio de Seguridad, amparado por la declaración de «emergencia» y la consecuente eliminación de controles en las compras estatales. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), publicado recientemente, confirma lo que Tailhade denunció hace años: el vaciamiento del Estado en beneficio de contratistas extranjeros, con cifras infladas y equipamiento que nunca funcionó.
Un negociado millonario con Israel: sobreprecios y equipos inútiles
Una de las operaciones más escandalosas del esquema de Bullrich fue la compra, en 2016, de un sistema de vigilancia fronteriza a la empresa israelí IAI-ELTA. La adquisición incluyó 15 torres de vigilancia y ocho drones, por un total de 35 millones de dólares. Lo que resulta indignante es que la empresa había presentado una propuesta alternativa por la mitad del precio: 15,5 millones de dólares.
Según el informe de la AGN, no existe documentación que justifique el incremento del precio. Es decir, Bullrich y su equipo decidieron pagar el doble sin explicación alguna. La razón es evidente: la coima y la corrupción estructural que caracterizan su administración.
Años después, la misma auditoría confirmó que seis de los ocho drones nunca fueron utilizados y dos ni siquiera fueron desembalados. Estaban guardados en Campo de Mayo, mientras la frontera seguía sin vigilancia. No solo se pagó de más, sino que ni siquiera se usó lo comprado.
Las lanchas fantasmas y el despilfarro de fondos públicos
Según Tailhade, el saqueo no terminó ahí. En el mismo acuerdo con Israel, Bullrich desembolsó 90 millones de dólares por lanchas patrulleras para la Prefectura Naval. Las embarcaciones no solo tardaron años en llegar, sino que su operatividad fue cuestionada. El informe de la AGN dejó claro que la elección de los proveedores y los costos inflados responden a un esquema de negociados, en los que el interés de la seguridad nacional quedó en segundo plano frente al enriquecimiento de unos pocos.
La AGN también reveló que el Estado argentino terminó pagando extra por «correcciones» en la construcción de las torres de vigilancia. Por ejemplo, en Puerto Iguazú, se desembolsaron 325 mil dólares adicionales porque las torres originales no tenían en cuenta la altura de la selva. Es decir, quienes planificaron el proyecto ni siquiera contemplaron que los árboles podían tapar las cámaras de vigilancia. La improvisación y el robo iban de la mano.
Capacitaciones con sobreprecios escandalosos
Otro punto revelado por Tailhade y confirmado por la AGN es el negociado con las capacitaciones para el uso de los drones adquiridos a Israel. Aunque el contrato original ya contemplaba un monto de 9.500 dólares para la instrucción de los operadores, Bullrich terminó desembolsando un millón de dólares adicionales.
El curso, que solo duró seis semanas y fue tomado por 12 personas, tuvo un costo de 85 mil dólares por asistente. Para ponerlo en perspectiva, es más caro que un semestre en Harvard. ¿Dónde fue a parar el dinero? A los mismos bolsillos de siempre.
El encubrimiento de la justicia y la complicidad mediática
Todas estas irregularidades están documentadas en informes oficiales y en una denuncia penal presentada en 2022 por la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, el expediente sigue enterrado en los despachos de Comodoro Py, bajo la custodia del juez Julián Ercolini, conocido por proteger a funcionarios macristas.
Mientras tanto, los medios dominantes continúan silenciando estas denuncias. En su lugar, Bullrich sigue vendiendo su imagen de «dama de hierro» que combate el delito, cuando en realidad es la cabecilla de un entramado de saqueo del Estado.
Una ministra blindada por el poder
Patricia Bullrich no solo se ha enriquecido con negociados oscuros, sino que además ha utilizado la represión como una cortina de humo para ocultar sus propios delitos. Mientras los argentinos eran brutalmente golpeados por manifestarse contra la Ley Bases, la AGN publicaba su informe lapidario sobre la corrupción de la ministra. El timing no fue casual: la violencia fue el telón de fondo perfecto para distraer a la opinión pública.
La historia de Bullrich es la historia de un modelo de gobierno que se sostiene en dos pilares: la corrupción y la represión. Con Milei en el poder, su figura ha sido reciclada como la «mano dura» del régimen, mientras sigue acumulando denuncias de sobreprecios, compras truchas y negociados con contratistas extranjeros.
El verdadero enemigo de la seguridad
Bullrich se presenta como la guardiana del orden, pero su historial demuestra que es todo lo contrario. No solo vació las arcas del Estado con negocios turbios, sino que además precarizó las fuerzas de seguridad con equipamiento defectuoso y capacitaciones fantasmas. El resultado es un país más inseguro, con fronteras desprotegidas y una ministra que responde solo a los intereses del capital extranjero.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿hasta cuándo seguirá la impunidad? La evidencia está sobre la mesa, las denuncias fueron presentadas, pero la justicia sigue protegiendo a los suyos. Bullrich no es la defensora del orden, es la principal ladrona del erario público. Y en un gobierno que se dice «liberal» y «anticorrupción», su presencia en el gabinete es la mayor evidencia de que el saqueo sigue vigente, ahora con el aval de Javier Milei.
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