Mientras la UTA se pliega al silencio y desoye el paro nacional convocado por la CGT, en Bahía Blanca trabajadores decidieron interrumpir el servicio de transporte como acto de resistencia activa frente al ajuste brutal de Javier Milei.
Más de quince unidades fueron detenidas en la ciudad tras una serie de intervenciones que obligaron a suspender el transporte público. Aunque la versión oficial habla de «ataques», todo indica que se trató de una forma de presión obrera para forzar la adhesión al paro. El trasfondo es claro: la desobediencia de la conducción de la UTA frente a una huelga nacional de 24 horas en rechazo al modelo de hambre y entrega del gobierno nacional.
Bahía Blanca amaneció sin transporte público. La imagen podría pasar como una postal más del deterioro de los servicios que se vive bajo el gobierno de Javier Milei, pero detrás del silencio de las calles hay un mensaje potente: el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo sentir incluso donde los dirigentes pretendían ignorarlo.
Según informaron medios locales, al menos quince colectivos de distintas líneas fueron inmovilizados tras recibir piedrazos durante la mañana. Pero lejos de reducirlo a un hecho vandálico, lo que ocurrió en la ciudad bonaerense fue una forma de acción directa por parte de sectores que no toleran más el colaboracionismo sindical ni la pasividad frente al desguace del Estado.
La reacción fue inmediata: la Unión Tranviarios Automotor (UTA), filial Bahía Blanca, decidió suspender el servicio “por seguridad de los pasajeros y los choferes”, en acuerdo con las empresas. La versión oficial sostuvo que los vehículos de las líneas Bahía Transporte Sapem, Rastreador Fournier y San Gabriel sufrieron daños, aunque no se reportaron heridos. Pero lo sustancial no está en el vidrio roto, sino en el ruido político que hace una base obrera que ya no se siente representada por sus dirigencias.
Porque lo que realmente estalló en Bahía Blanca no fueron piedras: fue la paciencia. Y la estrategia fue clara. Frente al silencio cómplice de la conducción nacional de la UTA, que una vez más decidió no adherir a una huelga general, trabajadores del transporte –activos o no, organizados o espontáneos– buscaron forzar el cumplimiento del paro generando la parálisis de facto del servicio.
Nadie se adjudicó las acciones, como suele ocurrir en contextos donde la criminalización de la protesta es moneda corriente. La justicia, por ahora, investiga de oficio. No hay denuncias individuales, ni videos, ni rostros en primer plano. Solo colectivos detenidos, calles vacías y un mensaje claro: el paro va, aunque la cúpula de la UTA no quiera.
La medida se inscribe en un clima social cada vez más tenso. El plan de ajuste impuesto por Javier Milei, convalidado por una casta empresarial insaciable y apuntalado por un bloque mediático funcional, arrasa con salarios, jubilaciones, derechos laborales y presupuesto público. Frente a esta ofensiva, la CGT convocó a una jornada nacional de protesta. Sin embargo, algunas organizaciones sindicales, entre ellas la UTA, optaron por mantenerse al margen.
Lo que ocurrió en Bahía Blanca demuestra que ese modelo de sindicalismo dócil, que prioriza la comodidad institucional antes que la defensa de los derechos, ya no logra contener a su base. La decisión de no parar, lejos de desmovilizar, encendió la bronca. Y en los márgenes de esa estructura, aparece una militancia obrera que comprende que ningún paro es efectivo si no se siente en la calle.
La CGT local repudió los hechos con un comunicado ambiguo, más preocupado por condenar lo sucedido que por interpelar a quienes abandonaron la huelga. “La jornada de protesta no puede incluir ningún hecho de violencia”, sentenciaron. Pero lo que se está discutiendo no es la estética de la protesta, sino su eficacia. ¿Qué clase de paro nacional no interrumpe el transporte público? ¿Qué sentido tiene reclamar sin afectar el flujo de la vida cotidiana, cuando lo que se disputa es precisamente el modelo de país?
Del otro lado, el gobierno nacional observa con atención. Para Milei, cada marcha, cada paro, cada movilización, es una amenaza. Por eso apuesta a disciplinar a los sindicatos, dividir a las centrales, meter miedo en las calles. Y por eso celebra cuando una organización como la UTA opta por la inacción. Pero lo de Bahía Blanca deja un mensaje incómodo para el oficialismo: la protesta social no necesita permiso.
Quienes golpearon esos colectivos no lo hicieron por placer, ni por vandalismo gratuito. Lo hicieron para interrumpir un servicio que debía estar parado. Lo hicieron para visibilizar un conflicto que los medios locales y nacionales intentan minimizar. Lo hicieron, quizás, porque entienden que no hay conquista obrera sin confrontación, y que la historia del movimiento popular argentino está hecha también de estos gestos rupturistas.
Hoy el transporte en Bahía Blanca está suspendido. Y aunque se intente presentar como una consecuencia de hechos aislados, la verdad es que es una postal más del conflicto social que late por debajo del relato oficialista. El paro de la CGT fue contundente en muchas ciudades. Pero en otras, como Bahía, la huelga tuvo que ser impuesta desde abajo. A veces con aplausos, a veces con piedras. Pero siempre con el mismo objetivo: enfrentar el ajuste.
Y lo que se rompió esta mañana no fueron solo parabrisas. Se rompió también la obediencia automática a una dirigencia que se acomoda mientras la gente sufre. Se rompió la ficción de que se puede protestar sin molestar. Se rompió el guion oficialista que criminaliza la lucha, pero calla frente a la miseria organizada.
Quizás este no sea el camino más prolijo. Pero sí es el que elige una parte del pueblo cuando todo lo demás falla. Lo de Bahía Blanca no fue violencia: fue una advertencia. Si el gobierno sigue ajustando y los sindicatos siguen callando, la calle va a encontrar sus propios modos de hablar.
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