Comprobado: La policía del gobernador Pullaro torturaba y robaba cocaína a los dealers de Rosario

La PAT de Pullaro: cuando los custodios se convierten en verdugos. La Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe no solo robó 15 kilos de cocaína en un operativo ilegal: torturó con picana a detenidos, amenazó familias y planeó un negocio millonario. El silencio del gobierno.

(Por Walter Onorato) Miguel Aguilar, jefe de la PAT, y siete de sus subordinados están presos por torturas, robo y narcotráfico. Los audios revelan sadismo, un modus operandi sistemático y la complicidad de un sistema policial que opera al margen de la ley. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno de Maximiliano Pullaro?

Rosario ya no es solo la ciudad de los narcos: es también el territorio donde la policía que debería combatirlos se convierte en ellos. El caso de los ocho efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) detenidos por robar 15 kilos de cocaína, torturar con picana eléctrica y montar un negocio millonario con droga incautada ilegalmente no es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg podrido que expone la degradación de una fuerza que, bajo el gobierno de Maximiliano Pullaro, parece operar con impunidad.

El 13 de agosto de 2024, la PAT ejecutó un operativo que bien podría ser el guion de una película de terror. Todo comenzó con la detención de dos dealers en la calle Jean Jaures 5500. No hubo orden judicial, ni protocolo: solo violencia. Los uniformados les arrancaron la información a golpes, descargas eléctricas y amenazas contra sus familias. Querían al «pez gordo», el proveedor. Y lo obtuvieron. Dos horas después, irrumpieron en una casa de Forest 5600, donde había tres adultos y dos niños. Se llevaron 15 ladrillos de cocaína, 50 mil dólares, 285 mil pesos y un arsenal de armas.

Pero lo más repugnante no fue el robo, sino el sadismo con el que actuaron. En los audios reproducidos en la audiencia judicial, los policías se ríen de las torturas. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía», dice uno. «No tiene desperdicio», responde otro. En otro intercambio, celebran haber dejado a una víctima «en el medio de la nada, medio en pelotas» después de «romperle la cabeza a pistolazos, mearlo y ahorcarlo». El suboficial Guillermo Toledo, líder material de la operación, incluso almacenó la cocaína robada en su propia casa. Su única preocupación: que alguien se la robara a él.

Miguel Aguilar, el jefe de servicio de la PAT, no estaba en el acta del operativo, pero su celular lo delató: estuvo ahí. Los fiscales lo describen como un eslabón clave en esta cadena de ilegalidad. No solo omitió detener las torturas, sino que facilitó el operativo. Ahora está imputado por asociación ilícita, narcotráfico y omisión de evitar tormentos. Pero la pregunta que Rosario se hace es: ¿quién controla a la PAT?

Pullaro llegó al gobierno prometiendo mano dura contra el narcotráfico. Pero este caso revela que, bajo su gestión, las fuerzas de seguridad han mutado en una banda criminal con placa. La fiscal María Virginia Sosa lo dijo sin eufemismos: Toledo era «un verdadero pedagogo de la ilegalidad». Enseñaba a sus subordinados cómo extorsionar, torturar y robar. Y lo hacía con la naturalidad de quien sabe que no habrá consecuencias.

La picana, el símbolo de una policía que perdió el rumbo

La evidencia más escalofriante es la picana eléctrica encontrada en la mochila del suboficial Balais. No era un instrumento ocasional: lo usaban con frecuencia. «Quiere ver la picana en acción», se escribían entre risas los policías. Para ellos, la tortura era un método de trabajo. Y si los fiscales no hubieran intervenido, seguiría siéndolo.

Los ocho efectivos están ahora tras las rejas, pero el problema es sistémico. ¿Cuántos casos como este no han salido a la luz? ¿Cuántos «Toledos» operan todavía en las calles de Rosario? Pullaro no puede alegar desconocimiento. Su gobierno ha militarizado la seguridad, pero sin controles. El resultado es este: policías que actúan como mafiosos, con la misma crueldad y ambición.

Rosario no necesita más discursos. Necesita una policía que no torture, que no robe, que no trafique. Necesita un gobierno que no mire para otro lado cuando sus efectivos se convierten en delincuentes. Este caso no es solo sobre ocho policías desviados: es sobre un Estado que ha fracasado.

Mientras Pullaro siga empeñado en una guerra mediática contra el narcotráfico sin atacar la corrupción dentro de sus propias filas, Rosario seguirá siendo tierra de nadie. Y sus habitantes, atrapados entre dos fuegos: el de los narcos y el de los uniformados que deberían protegerlos.

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