En medio de la crisis económica y social que atraviesa Argentina, la revelación de que políticos salteños y de otras provincias reciben financiamiento de organizaciones extranjeras abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la soberanía nacional y la ética de quienes gobiernan.
La política argentina vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por un escándalo de corrupción tradicional, sino por una denuncia que pone en evidencia cómo gran parte de la clase política recibe financiamiento de organizaciones extranjeras, principalmente estadounidenses. El periodista Alejandro Crivisqui, conocido por sus investigaciones incisivas, ha destapado una trama que involucra a políticos salteños y de otras provincias, quienes estarían operando bajo la lógica de intereses ajenos a los de la nación.
La Red de Acción Política (RAP), una fundación que agrupa a legisladores, intendentes y gobernadores, es señalada como el brazo ejecutor de esta estrategia de financiamiento. Según Crivisqui, la RAP recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una organización estadounidense vinculada a la CIA, que opera en distintos países para promover agendas políticas afines a los intereses de Estados Unidos.
En Salta, la situación es particularmente alarmante. Políticos de distintos partidos, desde el peronismo hasta la UCR, aparecen en la lista de beneficiarios de estos fondos. Entre ellos, figuras como el intendente Emiliano Durán y otros líderes locales que, supuestamente, estarían condicionados por estos aportes económicos. La pregunta que surge es inevitable: ¿a quién representan realmente estos políticos?
El gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con promesas de transparencia y lucha contra la corrupción, no ha tomado medidas concretas para investigar estas denuncias. Por el contrario, su alineamiento con políticas neoliberales y su acercamiento a Estados Unidos han generado sospechas de que podría estar avalando, o al menos ignorando, estas prácticas.
La situación no es nueva. Desde la época de Macri, se han denunciado vínculos entre políticos argentinos y organizaciones extranjeras. Sin embargo, lo que sorprende es la magnitud del fenómeno y la impunidad con la que opera. Según Crivisqui, la RAP no solo financia campañas electorales, sino que también organiza viajes, capacitaciones y eventos en el extranjero, donde se moldean las agendas políticas que luego se implementan en Argentina.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la explotación de recursos naturales. En Salta, donde la minería y la explotación de litio son temas sensibles, la influencia de estos fondos extranjeros podría estar condicionando las decisiones sobre cómo y para quién se explotan estos recursos. Mientras tanto, la población local sigue sumida en la pobreza, sin beneficiarse de las riquezas que genera su tierra.
El silencio del gobierno nacional ante estas denuncias es elocuente. En lugar de promover una investigación exhaustiva, parece preferir mirar para otro lado. Esto no hace más que alimentar la desconfianza de la ciudadanía hacia una clase política que, lejos de representar los intereses del pueblo, parece estar al servicio de poderes extranjeros.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿hasta cuándo los argentinos seguirán tolerando esta traición? La denuncia de Crivisqui no es solo un llamado de atención, sino una invitación a reflexionar sobre el tipo de democracia que queremos construir. Una democracia donde los políticos respondan al pueblo, y no a los intereses de quienes les pagan desde el extranjero.
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