Las nuevas leyes de Salta y Chaco, avaladas por el gobierno nacional, permitirán el desmonte de 2 millones de hectáreas, amenazando biodiversidad y comunidades indígenas. ¿Hasta cuándo el silencio cómplice?
Greenpeace presentó un recurso ante la Corte Suprema para frenar las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos en Salta y Chaco, que legalizan crímenes ambientales y ponen en riesgo la supervivencia del yaguareté y las comunidades campesinas e indígenas. El gobierno de Milei, en lugar de proteger, avala este ecocidio.
En un acto de valentía y urgencia, Greenpeace ha llevado su voz hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar lo que califica como un «ecocidio impune». Las nuevas actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) en las provincias de Salta y Chaco, avaladas por el gobierno nacional de Javier Milei, permitirán el desmonte de casi 2 millones de hectáreas de bosques nativos. Esta medida no solo es regresiva, sino que busca legalizar crímenes ambientales que ya han devastado zonas previamente protegidas.
La organización ecologista, en un escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Natalia Machaín, y el abogado Enrique Viale, detalla cómo estas normativas violan flagrantemente la Ley Nacional de Bosques. En Salta, por ejemplo, se permitirá el desmonte de 720.000 hectáreas, una superficie desproporcionada que no solo valida desmontes ilegales ya realizados, sino que también habilita la destrucción de bosques actualmente protegidos. Además, estas decisiones se tomaron sin consultar a las comunidades indígenas, violando sus derechos ancestrales y su conexión con la tierra.
En Chaco, la situación no es menos alarmante. La nueva normativa permitirá el desmonte legal de 1.200.000 hectáreas, desprotegiendo corredores de conservación clave para especies en peligro de extinción, como el yaguareté. Greenpeace advierte que estas medidas no solo son ilegales, sino que también ignoran las recomendaciones científicas, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, no duda en calificar estas acciones como un «retroceso inadmisible». «La deforestación parece no tener límites. Estas leyes no solo son regresivas, sino que buscan legalizar crímenes ambientales en zonas que antes estaban protegidas. Es un ecocidio que continúa impune», afirmó Cruz.
Lo más preocupante es la complicidad del gobierno nacional. En lugar de proteger los bosques nativos y garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques, el gobierno de Javier Milei ha optado por mirar hacia otro lado, permitiendo que las provincias avancen con normativas que benefician a unos pocos a costa del medio ambiente y las comunidades más vulnerables.
Salta y Chaco son dos de las provincias con mayor deforestación en las últimas tres décadas, producto del avance desmedido de la frontera agropecuaria. Este modelo de desarrollo, basado en la explotación indiscriminada de los recursos naturales, no solo es insostenible, sino que también es profundamente injusto. Las comunidades indígenas y campesinas, guardianes ancestrales de estos territorios, son las primeras víctimas de este ecocidio.
Greenpeace espera que la Corte Suprema actúe con urgencia para frenar este desastre ambiental. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo el gobierno de Milei seguirá siendo cómplice de esta destrucción?
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