Desde su asunción en diciembre de 2023, Javier Milei ha avanzado en un camino que desmantela los principios básicos de la democracia argentina. Así lo sostiene Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista, quien en una entrevista con Andrea Recúpero en AM530, Somos Radio, denunció que el mandatario libertario ha incurrido en «las dos acciones que habilitan el juicio político». Según Barcesat, las medidas y declaraciones de Milei configuran una estafa institucional sin precedentes, llevando al país a un estado de incertidumbre política y económica alarmante.
Una estafa política disfrazada de «libertad»
Desde el inicio de su gestión, Milei no ha dudado en traicionar a sus propios votantes y a la ciudadanía argentina en general. Su discurso electoral prometía la defensa de la «libertad» y el fin de la casta política, pero en la práctica ha demostrado ser una versión radicalizada del ajuste neoliberal, consolidando un modelo de gobierno que favorece a los grandes grupos económicos en detrimento del pueblo.
Eduardo Barcesat no duda en calificar la conducción de Milei como una «estafa virtual». «Lo que hizo Milei es un fraude», sentenció el abogado, señalando que las medidas implementadas por el mandatario no solo contradicen sus promesas de campaña, sino que también atentan contra el orden constitucional. La eliminación de regulaciones esenciales, el desmantelamiento del Estado y la entrega de los recursos públicos al capital extranjero constituyen una hoja de ruta que viola los principios fundamentales de la democracia.
Un presidente al borde del juicio político
Barcesat fue uno de los primeros en presentar un pedido de juicio político contra Milei, argumentando que sus acciones encuadran perfectamente dentro de las causales establecidas para dicho procedimiento. «Desde diciembre de 2023, en el cual se trastocó la constitucionalidad, he presentado el primer pedido de juicio político. También hicimos otro por esta estafa», explicó.
El constitucionalista detalló que Milei incurre en «las dos acciones que habilitan el juicio político»: por un lado, el mal desempeño de sus funciones y, por otro, la posible comisión de delitos en ejercicio del poder. A esto se suma la falta de idoneidad de la Justicia para actuar con independencia. «En general, no tenemos una Justicia que sea idónea», remarcó, lo que genera dudas sobre la posibilidad de que el proceso avance.
La manipulación de la opinión pública y la estrategia digital de Milei
Otro de los aspectos que genera controversia es la comunicación del presidente a través de redes sociales. Barcesat sostuvo que las cuentas oficiales de Milei exhiben «todos los signos de autenticidad» y que su manejo mediático responde a una estrategia de manipulación digital sin precedentes en la política argentina. Esto no solo distorsiona el debate público, sino que también contribuye a la radicalización de sectores que ven en el presidente a un líder mesiánico, blindado ante cualquier crítica o señalamiento de corrupción.
Para el abogado, la estrategia de Milei no es casual: se enmarca en un plan que busca deslegitimar las instituciones democráticas y consolidar un poder autocrático. «No creo que ninguna cuenta privada de Milei tenga ese número de seguidores», advirtió, sugiriendo que detrás de la difusión masiva de sus mensajes puede haber un entramado de manipulación digital financiado con recursos desconocidos.
La Justicia en la encrucijada: ¿avanzará el juicio político?
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la incertidumbre sobre el rol de la Justicia sigue siendo un factor determinante. «Esperemos que Servini no sea interferida desde el poder político», manifestó Barcesat en relación a la jueza federal María Servini, quien podría tener un papel clave en eventuales investigaciones contra el gobierno de Milei.
Por otro lado, la Comisión de Juicio Político ya se ha puesto en marcha, lo que podría significar el primer paso hacia la rendición de cuentas del presidente. Sin embargo, el constitucionalista advierte que el proceso será complejo y que el oficialismo hará todo lo posible por bloquear cualquier intento de avanzar en esa dirección.
En este contexto, el caso del fiscal Eduardo Taiano cobra relevancia. Según Barcesat, «debe ser el único que sigue pensando que el suicidio de Nisman fue un asesinato», una frase que deja entrever la manera en que ciertos sectores del Poder Judicial han operado en los últimos años, favoreciendo intereses políticos antes que la búsqueda de la verdad.
Un futuro incierto para la democracia argentina
El panorama que describe Barcesat es alarmante. Argentina atraviesa una crisis institucional en la que el jefe de Estado actúa sin rendir cuentas y con una Justicia que, en muchos casos, parece incapaz de actuar con independencia. En este contexto, el juicio político a Milei no es solo una posibilidad, sino una necesidad imperiosa para frenar el avance del autoritarismo y restaurar el equilibrio institucional.
La pregunta es si el sistema democrático tendrá la fortaleza suficiente para enfrentar este desafío o si, por el contrario, nos encaminamos hacia un país donde las instituciones son solo una fachada para encubrir un modelo de gobierno cada vez más concentrado en manos de unos pocos.
Por ahora, la Comisión de Juicio Político ha dado el primer paso, pero queda por verse si la sociedad y los representantes políticos estarán a la altura del momento histórico que atraviesa la Argentina.
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