El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva tormenta política tras las denuncias de presuntas coimas en la compra de aviones F-16 a Dinamarca. La polémica alcanzó de lleno al ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que el periodista Alejandro Fantino insinuara que podría haber recibido sobornos en el marco de la operación. La controversia no se limita a la adquisición de las aeronaves, sino que también apunta a la construcción de hangares en Tandil, una obra civil envuelta en sospechas de sobreprecios y adjudicaciones poco transparentes.
La compra de 24 aviones F-16 de segunda mano a Dinamarca, anunciada con bombos y platillos por el gobierno de Javier Milei como un «hito» en la modernización de las Fuerzas Armadas, se ha convertido en un escándalo de corrupción que amenaza con derribar a un ministro. Luis Petri, titular de la cartera de Defensa, quedó en el ojo de la tormenta tras las declaraciones del periodista Alejandro Fantino, quien sugirió que podría haber recibido coimas vinculadas a la operación.
El escándalo estalló cuando Cristina Pérez, periodista y pareja de Petri, denunció la existencia de sobornos dentro del entorno presidencial. Lo que parecía un intento de mostrar una supuesta limpieza en la gestión de Milei terminó por arrastrar al propio ministro, quien ahora es objeto de sospechas por el manejo de fondos en la compra de las aeronaves y en la construcción de infraestructura militar en Tandil.
Fantino, en su programa en Neura, señaló con ironía que «es Petri el que puso la firma, es Petri el que se sube al F-16 con los anteojos de Top Gun». Sus palabras desataron una ola de cuestionamientos sobre los costos reales del contrato, en especial sobre la obra civil destinada a recibir a los aviones. La construcción de hangares en Tandil, adjudicada a la empresa Antares Obras y Servicios S.A., por 3.000 millones de pesos, es el punto más crítico de la investigación.
Las sospechas no son infundadas. Fuentes castrenses han revelado que la decisión de trasladar la base de operación de los F-16 a Tandil en lugar de Río Gallegos no respondió a una cuestión estratégica, sino a presiones de un grupo de brigadieres retirados con vínculos en la adjudicación de la obra. Este círculo de influencia dentro de la Fuerza Aérea logró imponer su agenda, generando fuertes dudas sobre la transparencia del proceso.
El hermetismo del gobierno en torno a la operación no hace más que alimentar las sospechas. El decreto firmado por Javier Milei y Luis Petri declara «secreto militar» una parte del contrato, lo que impide conocer detalles claves sobre costos y destinatarios de los fondos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac, admitió en abril pasado que no tenía cifras exactas sobre la inversión en la base de Tandil, estimando un rango entre 10 y 15 millones de dólares.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el gobierno intenta minimizar la crisis. En los próximos días se presentará el primer F-16 adquirido, en un intento desesperado por desviar la atención pública. Sin embargo, la sombra de la corrupción ya se ha instalado sobre la gestión de Milei, poniendo en jaque su supuesto discurso de «casta vs. anticasta».
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