El gobierno de ataca a las obras sociales: Quiere pasar forzosamente trabajadores a prepagas

Una resolución del Ministerio de Salud ordena el traspaso compulsivo de 6 millones de afiliados a las prepagas, eliminando la intermediación de las obras sociales. Los gremios denuncian abuso de autoridad y defraudación, mientras el gobierno avanza en su ofensiva contra los sindicatos.

Con una medida que afectará a millones de argentinos, el gobierno de Javier Milei busca eliminar la intermediación de las obras sociales en el sistema de salud. Los gremios ya preparan denuncias penales, mientras el ministro de Salud evade responsabilidades. ¿Es este el fin de las obras sociales?

El gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra los sindicatos y el sistema de salud argentino. A través de una resolución del Ministerio de Salud, se ordena el traspaso forzado de más de 6 millones de afiliados a las obras sociales hacia las prepagas, eliminando la intermediación de las primeras en el proceso. Esta medida, que ya ha generado un terremoto político y social, no solo afectará a millones de argentinos, sino que también pondrá en jaque la supervivencia de las obras sociales, muchas de las cuales ya enfrentan serias dificultades financieras.

La resolución, firmada por Roberto Olivieri, director de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, establece que los aportes de los trabajadores en relación de dependencia serán derivados directamente a las prepagas, sin la mediación de las obras sociales. Esto significa que, a partir del 1 de febrero, alrededor de 1,5 millones de personas verán cómo sus aportes son redirigidos compulsivamente a las empresas de medicina privada. El resto de los 6 millones de afiliados a las obras sociales también estarán sujetos a este cambio, a menos que realicen un trámite voluntario para mantener su vinculación con el sistema de triangulación.

El argumento del gobierno para justificar esta medida es la eliminación de los «sellos de goma» y la simplificación del sistema de salud. Sin embargo, los críticos señalan que esta decisión tiene un claro trasfondo político: debilitar a los sindicatos, que históricamente han controlado las obras sociales, y favorecer a las prepagas, muchas de las cuales tienen vínculos estrechos con el poder económico. De hecho, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, se negaron a firmar la resolución, alegando conflictos de interés. Lugones es socio de los dueños del Sanatorio Güemes, que tiene su propia prepaga, mientras que Oriolo proviene de Osde, una de las mayores empresas de medicina privada del país.

La medida no ha tardado en generar rechazo. Los gremios ya preparan denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación, argumentando que la resolución no solo afectará a millones de personas, sino que también llevará a muchas obras sociales a la quiebra. «Es una medida arbitraria y abusiva que busca destruir el sistema de obras sociales y beneficiar a las prepagas», denunció un dirigente sindical en declaraciones recogidas por La Política Online. Además, señalan que las obras sociales ya han pagado tratamientos y medicamentos con anticipación, pero no recibirán los aportes correspondientes, lo que agravará aún más su situación financiera.

Pero el impacto de esta medida no se limita a los sindicatos y las obras sociales. Millones de argentinos verán cómo su acceso a la salud se ve afectado por este cambio. Las prepagas, que ya enfrentan críticas por sus altos costos y la falta de transparencia en sus servicios, tendrán que absorber a una gran cantidad de nuevos afiliados, lo que podría generar problemas de capacidad y calidad en la atención. Además, aquellos que deseen mantener su vinculación con las obras sociales deberán realizar un trámite voluntario en un plazo de 60 días, lo que podría generar confusión y descontento entre los usuarios.

La resolución también ha generado un fuerte debate sobre el papel del Estado en la regulación del sistema de salud. Mientras el gobierno de Milei promueve un discurso de liberalización y desregulación, muchos critican que esta medida representa una intervención directa en el mercado, beneficiando a las prepagas en detrimento de las obras sociales. «En el país de la libertad de mercado, por una resolución se ordena el traspaso forzado de más de 6 millones de personas a las prepagas. Acá tenés a los antiestatistas», señaló la abogada laboralista Natalia Salvo en sus redes sociales.

En este contexto, la CGT ya prepara una reunión de su Mesa Chica para discutir la situación y coordinar una respuesta conjunta. Los gremios no solo buscan frenar la medida, sino también denunciar lo que consideran un ataque directo a sus derechos y a la autonomía de las obras sociales. «Esto no es solo un golpe a los sindicatos, sino también a los trabajadores y a la salud pública», afirmó un dirigente gremial.

Lo cierto es que esta resolución marca un nuevo capítulo en la ofensiva del gobierno de Milei contra los sindicatos y el sistema de salud argentino. Mientras los gremios se preparan para la batalla legal y política, millones de argentinos se preguntan cómo afectará esta medida su acceso a la salud. En un país donde la desigualdad en el acceso a los servicios médicos ya es un problema grave, esta decisión podría profundizar aún más las grietas en el sistema.