El presidente Milei ha decidido eludir el Congreso para nombrar a dos nuevos jueces de la Corte Suprema, una maniobra que ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y los límites del poder presidencial. Mientras el oficialismo defiende la medida como necesaria, organizaciones internacionales y la oposición la tildan de autoritaria.
En una jugada que ha sacudido el tablero político y judicial argentino, el presidente Javier Milei ha designado por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión, tomada sin la aprobación del Senado, donde el oficialismo carece de mayoría, ha generado un terremoto institucional. Los nombramientos, que estarán vigentes hasta el 30 de noviembre, han sido celebrados por algunos como una medida necesaria para agilizar la justicia, pero criticados por otros como un peligroso precedente que socava la independencia judicial y la división de poderes.
La designación de Lijo y García-Mansilla no es un tema menor. La Corte Suprema es el máximo tribunal del país y sus decisiones tienen un impacto directo en la vida de millones de argentinos. Por ello, el proceso de selección de sus miembros suele ser riguroso y transparente, con la participación activa del Senado, que debe dar su aval. Sin embargo, Milei ha decidido saltarse este paso, argumentando que la urgencia de la situación lo justifica.
Pero, ¿realmente estamos ante una medida de emergencia o es una maniobra política para consolidar el control del poder judicial? Las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han cuestionado la idoneidad de Ariel Lijo, quien ha sido señalado en el pasado por presuntas violaciones éticas y falta de transparencia en su gestión como juez federal. «La designación de Lijo es preocupante», señaló un portavoz de la organización. «Su historial plantea serias dudas sobre su capacidad para impartir justicia de manera imparcial».
Por su parte, Manuel García-Mansilla, aunque menos polémico, tampoco ha escapado al escrutinio. Abogado especializado en derecho administrativo, su cercanía con el poder ejecutivo ha levantado sospechas sobre su independencia. «Es difícil creer que estos nombramientos no respondan a un intento de controlar la Corte Suprema», afirmó un senador opositor en declaraciones a Página/12. «Estamos ante un claro abuso de poder».
El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida con uñas y dientes. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que los nombramientos eran necesarios para «garantizar el funcionamiento de la justicia en un contexto de crisis institucional». Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo por parte de expertos y analistas políticos.
«Lo que estamos viendo es un intento de Milei de consolidar su poder en todos los frentes», explica la politóloga María Esperanza Casullo en una columna publicada en Clarín. «Al eludir al Senado, no solo está debilitando el sistema de controles y balances, sino que también está enviando un mensaje claro: las reglas no aplican para él».
Las redes sociales han sido un termómetro de este debate. Mientras algunos usuarios celebran la decisión como una muestra de «decisión y firmeza», otros la critican como un ataque a la democracia. En Twitter, el hashtag #CorteSinSenado se ha vuelto tendencia, con miles de usuarios compartiendo opiniones divididas. «Es increíble que en pleno siglo XXI sigamos viendo este tipo de maniobras autoritarias», escribió un usuario. Por su parte, otro respondió: «El Senado está bloqueado por la oposición. Si no actúa el presidente, ¿quién lo hace?».
Pero más allá de las opiniones en redes, lo cierto es que esta decisión tiene implicaciones profundas para el sistema democrático argentino. La Corte Suprema es un pilar fundamental del Estado de derecho, y su independencia es crucial para garantizar el equilibrio de poderes. Al designar a sus miembros por decreto, Milei no solo está eludiendo un proceso democrático, sino que también está sentando un precedente peligroso.
«Esto no es solo una cuestión de legalidad, sino de legitimidad», advierte el constitucionalista Roberto Gargarella en una entrevista con La Nación. «La Corte Suprema debe ser un órgano independiente y respetado. Si sus miembros son percibidos como designados a dedo por el poder ejecutivo, su autoridad se verá seriamente comprometida».
Además, la designación de Lijo y García-Mansilla plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia argentina. Ambos jueces tendrán un papel clave en la resolución de casos de alto impacto, desde conflictos entre el Gobierno y las provincias hasta demandas contra políticas públicas. Si su independencia es cuestionada, las decisiones de la Corte podrían perder credibilidad, lo que tendría consecuencias graves para la estabilidad institucional del país.
Pero quizás lo más preocupante es el mensaje que esta decisión envía a la ciudadanía. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la designación de jueces por decreto no hace más que alimentar la percepción de que el sistema está manipulado en favor de los poderosos. «Esto es un golpe a la democracia», afirmó un manifestante en una protesta frente al Congreso. «No podemos permitir que el presidente haga lo que quiera sin rendir cuentas».
En definitiva, los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema por decreto son un tema que va más allá de la coyuntura política. Son un reflejo de las tensiones y contradicciones de un sistema democrático que lucha por mantenerse a flote en medio de la crisis. Mientras el Gobierno celebra esta decisión como una victoria, la oposición y las organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en manos del ejecutivo.
El tiempo dirá si esta maniobra fortalece o debilita la democracia argentina. Por ahora, lo único claro es que el debate sobre la independencia judicial y los límites del poder presidencial está más vigente que nunca. Y en un país con una historia tan convulsa como la de Argentina, eso es algo que no se puede tomar a la ligera.
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