El reciente avance de la Ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados ha sido celebrado por sectores afines al oficialismo como un triunfo de la transparencia y la justicia en la política. Sin embargo, detrás de la retórica grandilocuente de «limpiar la corrupción» y «recuperar la confianza de la ciudadanía», este proyecto esconde un intento peligroso de proscripción política y de socavar los principios democráticos más básicos.
Ficha Limpia: una herramienta de exclusión política
La esencia de Ficha Limpia no es combatir la corrupción, sino instalar un mecanismo arbitrario de eliminación de candidatos opositores. El argumento central de esta ley es que quienes tengan condenas en primera instancia por delitos de corrupción no podrán postularse a cargos públicos. Pero esta premisa viola el principio de inocencia hasta que exista una condena firme. En otras palabras, bastaría una sentencia inicial –que puede ser fácilmente manipulable en un sistema judicial politizado– para impedir la participación de cualquier figura incómoda para el gobierno de turno.
Argentina ya ha sido testigo de cómo el Poder Judicial ha sido utilizado para perseguir y desgastar a dirigentes opositores. Los casos de lawfare contra figuras como Cristina Fernández de Kirchner o Milagro Sala son pruebas irrefutables de que el sistema judicial no está exento de presiones políticas. Con la Ley de Ficha Limpia, el camino queda allanado para la proscripción sistemática de líderes opositores bajo el pretexto de condenas judiciales estratégicamente impulsadas.
El doble estándar del oficialismo
Quienes hoy defienden esta ley como una cruzada contra la corrupción son los mismos que se rodean de figuras con antecedentes judiciales. Recordemos el caso de Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Javier Milei, cuya gestión ha estado marcada por escándalos de corrupción y favoritismos en contrataciones estatales. O el de Luis Caputo, Ministro de Economía, vinculado a fondos especulativos que lucraron con la crisis financiera argentina. Además, el actual gobierno, que impulsa la medida, cuenta entre sus filas con ministros y funcionarios involucrados en manejos turbios en la privatización de YPF y con vínculos con empresarios que han sido beneficiados con licitaciones sospechosas.
Además, si el objetivo real fuera garantizar que solo personas honestas ocupen cargos públicos, la ley debería incluir otros delitos graves como el lavado de dinero, la evasión fiscal o la defraudación al Estado, crímenes de los que muchas figuras del empresariado ligado al oficialismo han sido acusadas. Recordemos el caso de Federico Sturzenegger, cuyo rol en la estatización de la deuda privada durante la dictadura benefició a grandes grupos económicos a costa del Estado, o el de Mauricio Macri, investigado por evasión en los Panamá Papers y por la deuda fraudulenta contraída con el FMI. Sin embargo, la norma se centra exclusivamente en delitos de corrupción, lo que evidencia su intencionalidad política y selectiva.
Una cortina de humo para ocultar el ajuste y la entrega del país
El discurso que presenta Ficha Limpia como una herramienta de «orden y justicia» es funcional a una estrategia más amplia del gobierno: desviar la atención de la crisis económica y social que sus propias políticas están generando. Mientras se recortan jubilaciones, se destruye el salario real y se entrega la soberanía a fondos extranjeros, se instala la narrativa de la lucha contra la corrupción como un artilugio para justificar la exclusión de la oposición y consolidar un modelo de poder autoritario.
Si realmente se quisiera combatir la corrupción, la solución no es impedir candidaturas de manera arbitraria, sino fortalecer los mecanismos de control institucional, garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar la impunidad de todos los sectores, no solo de aquellos que resultan políticamente inconvenientes.
La democracia en riesgo
Lejos de ser un avance hacia la transparencia, la Ley de Ficha Limpia representa un retroceso peligroso para la democracia argentina. La presunción de inocencia es un pilar fundamental del Estado de derecho, y cualquier medida que la vulnere en nombre de una supuesta moralidad debe ser rechazada con firmeza. En un contexto donde el gobierno busca disciplinar a la oposición y debilitar cualquier resistencia a su programa de ajuste, esta ley se configura como una herramienta de proscripción política antes que una verdadera lucha contra la corrupción.
No nos dejemos engañar por la retórica grandilocuente. La verdadera limpieza que necesita Argentina no es la de la política, sino la de un gobierno que usa la justicia como un arma para consolidar su poder.
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